Actualmente se discute en el Senado (luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados) el Proyecto de Ley Boletín 15.261-25, que propone establecer como delito el ingreso clandestino a Chile. Su objetivo es desincentivar la migración irregular a través de sanciones más duras a quienes ingresen al país infringiendo la ley. Pese a que el problema es urgente, el proyecto presenta problemas graves en cuanto a su efectividad para reducir la migración irregular, la disminución del crimen organizado y el respeto de compromisos internacionales en derechos humanos.

La experiencia internacional y nacional demuestra que la criminalización de la migración irregular no reduce este problema de manera significativa. En Estados Unidos y países de Europa, este tipo de medidas ha aumentado el tráfico de personas, generado precariedad y sobrecargado los sistemas judiciales, sin alcanzar los resultados esperados. En Chile, la antigua ley de extranjería sancionaba como delito el ingreso clandestino, y bajo esta ley se alcanzaron los mayores números de ingresos irregulares al país sin que esto se tradujera en un número relevante de condenas. La experiencia comparada muestra además que las medidas más restrictivas, si no van acompañadas de vías eficaces de migración regular, generan mayor demanda por coyotes o traficantes, exponiendo a las personas a mayores peligros y expandiendo el alcance de organizaciones criminales.

Un reciente informe del Centro de Políticas Migratorias concluye que tipificar como delito el ingreso irregular vulnera el principio de no criminalización de la migración y dificulta el acceso al asilo de personas que requieren protección internacional. Junto con eso, y observando la experiencia internacional, es de esperar que esta medida no sólo no disminuya la migración irregular, sino que derive en altos costos institucionales e ineficacia para perseguir penalmente, sancionar y expulsar a quienes ingresen de manera clandestina al país. Además, este tipo de medidas generan mayor temor y distancia en la población migrante a la hora de acercarse a las instituciones formales, lo que las empuja a depender de organizaciones informales muchas veces ilegales para acceder a prestaciones básicas en términos habitacionales, laborales o financieros.

El informe plantea alternativas más efectivas y equilibradas para hacer frente a estos desafíos. En primer lugar, seguir fortaleciendo el control fronterizo, especialmente en las zonas de alto tránsito. Esto es relevante para identificar quién ingresa al país y detectar casos de trata y tráfico de personas u otras actividades ilícitas en la frontera. En segundo lugar, lo anterior debe ir acompañado del fortalecimiento de las vías legales de ingreso, especialmente para quienes hoy muestran mayores índices de ingreso irregular. Es necesario que las personas que huyen de sus países tengan posibilidades reales y expeditas de obtener un visado para llegar a Chile, siempre que cumplan con los requisitos. Tercero, es importante que el sistema de expulsiones administrativas funcione de manera eficiente y ajustado a las obligaciones de derechos humanos. En paralelo, se deben reforzar recursos para fiscalizar y sancionar a empleadores que contraten a extranjeros sin cumplir con la ley chilena. Finalmente, es fundamental seguir reforzando el trabajo con los países de la región con miras a prevenir la migración irregular, establecer vías de migración regular y atacar el crimen organizado.

La migración irregular es un desafío complejo, que requiere altura de miras y un trabajo serio. En lugar de optar por atajos que pueden tener costos difíciles de revertir, Chile debería apostar por políticas basadas en la evidencia, que combinen control fronterizo con mecanismos de integración, garantizando tanto la seguridad como el respeto a la dignidad humana.