La nave de la Marina Militar italiana ‘Libra’ navegaba ayer hacia Albania, donde estaba previsto que desembarcase a ocho inmigrantes socorridos el lunes al sur de la isla de Lampedusa, situada en el centro del Mediterráneo, cuando trataban de llegar a Italia. Todos ellos debían ingresar en los dos campamentos de deportación que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mandó construir en el país balcánico: uno está en el puerto de Shengjin y el otro, de mayores dimensiones, en la localidad de Gjader, en el interior.

El primer intento del Gobierno de Roma por utilizar estos centros con doce inmigrantes ya fue echado por tierra por los jueces hace veinte días, al considerar que su funcionamiento entraba en colisión con la legislación europea. Desde entonces otros magistrados se han manifestado en la misma línea, por lo que es previsible que se produzca un nuevo enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder judicial a cuenta de este controvertido proyecto que, según Meloni, podría tener un efecto disuasorio para frenar la inmigración irregular hacia Italia.

Aunque tiene una capacidad para transportar a 200 personas y una tripulación de 70 militares, la ‘Libra’ sólo lleva a 8 inmigrantes a bordo en este segundo viaje hacia Albania. Forman parte de los más de 1.200 desplazados llegados en los últimos días a Lampedusa, pero únicamente ellos cumplían con las características necesarias para ser internados en los centros de deportación del país balcánico.

Estos campamentos funcionan con el sistema de expulsiones acelerado, por lo que sólo pueden acoger a los varones mayores de edad, que no estén en situación de vulnerabilidad y provengan de naciones consideradas seguras. Todos los demás migrantes tienen que ser desembarcados en territorio italiano. Estos condicionantes confirman las limitaciones del llamado ‘modelo Albania’ para evitar que los inmigrantes lleguen a Italia, uniéndose así a los problemas legales y humanitarios en los que se ha visto envuelto el proyecto del Ejecutivo.

Tras el revés judicial de hace 20 días, Meloni trató de salvar esta controvertida iniciativa con la aprobación acelerada de un decreto que convierte en ley la lista de países considerados seguros a los que puede repatriarse a los migrantes. El funcionamiento de los centros de deportación de Albania sigue esa clasificación, que ya había sido puesta en duda por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los magistrados italianos se agarraron a la decisión de esta Corte para bloquear el primer intento del Gobierno de utilizar los campamentos albaneses. Aquel guión es probable que se repita en esta ocasión, ya que desde entonces otros jueces italianos tampoco han tenido en cuenta la lista de países seguros, lo que les ha valido que el viceprimer ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, los calificara de «comunistas».

Está previsto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirme en las próximas semanas si el decreto del Gobierno de Roma sobre las naciones a las que puede expulsarse a los extranjeros entra en conflicto con la legislación comunitaria.