Los vocales delegados para Canarias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han interesado este martes por conocer de “primera mano” la situación de los migrantes en las islas y la crisis humanitaria que vive el archipiélago a través de CEAR y la Pastoral Penitenciaria y de Migración, así como la Asociación Rehoyando.
El coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha informado a EFE de la reunión que han mantenido en la capital grancanaria con ambos vocales, Inés Herreros y José Antonio Montero, como primera toma de contacto, lo que ha valorado como una “actitud aperturista” del nuevo órgano judicial.

Lorenzo ha señalado que, en este encuentro, las ONG han intentado contextualizar la realidad migratoria en Canarias por la continua llegada de personas en cayucos y pateras a las costas, entre ellas menores no acompañados.

Así mismo, se ha tratado el problema para su acogida por disponer de un sistema “tensionado” debido al alto número de inmigrantes arribados a las islas, ha señalado.

El coordinador de CEAR ha explicado que se han analizado las distintas realidades de los migrantes, tanto la de los que se encuentran en centros de acogida como en prisión.

En cualquier caso, Lorenzo ha incidido en que se ha tratado de un primer encuentro para conocer la situación, más que una reunión de tipo propositivo.

En ella se ha abordado también de la propuesta de la reforma del artículo 35 la Ley de Extranjería para establecer un nuevo modelo de distribución de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas como “alternativa estable, duradera y sólida” para su atención, ha indicado.

Además de los dos vocales del CGPJ, a la reunión ha asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo.

Muertes en la ruta canaria
Este martes, un barco pesquero ha recuperado en las costas de Lanzarote los cuerpos sin vida de dos jóvenes magrebíes. El buque entregó los cadáveres a la Guardamar Urania, que ha desembarcado a los fallecidos en el muelle de Puerto Naos este mediodía.

el artículo continúa después del siguiente mensaje
23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

Hoy el periodismo riguroso y sin mordazas te necesita más que nunca. Apoya el periodismo independiente, apoya a Canarias ahora.

La nave de Salvamento Marítimo llegó a Puerto Naos apenas dos horas después de que la Guardamar Calíope trasladara hasta ese mismo muelle a otras 225 personas. Ya entonces, la llegada de una furgoneta de los servicios funerarios hacía saltar las alarmas sobre la posibilidad de que se hubieran hallado más muertos en la isla.

En las últimas horas, al menos ocho personas migrantes han muerto en Lanzarote, y solo tres cuerpos han sido recuperados. A los dos cadáveres localizados este mediodía se suma el cuerpo de una mujer que fue rescatado por la tripulación de Salvamento Marítimo el domingo. Otros cinco migrantes se hundieron en el mar, según pudo ver el propio helicóptero de rescate.