El PSOE está calentando motores para su congreso de finales de mes en Sevilla planteando el cónclave en clave de batalla cultural con las fuerzas conservadoras. No es baladí que inicie su ponencia confederal con el título «España siempre adelanta por la izquierda», reivindicando para este espectro político los avances sociales que ha logrado la sociedad española desde la Sanidad pública a la Transición ecológica, pasando por la igualdad entre hombres y mujeres, el matrimonio homosexual o la integración de los migrantes.
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La ponencia que ahora será debatida en las agrupaciones locales, con el debate de cómo se ha actuado ante la DANA, apuesta por «desarrollar un modelo de crecimiento distinto» que quiere afrontar la generación de «distorsiones económicas, desigualdades sociales y una degradación medioambiental». El debate que tendrá que enfrentar el partido tendrá uno de sus puntos más calientes en todo lo relevante a la financiación. El documento marco del partido, recoge como una de sus apuestas la reforma del sistema de financiación autonómica «garantizando mayores recursos para todas las Comunidades Autónomas, reforzando los servicios públicos y compatibilizando solidaridad a igual esfuerzo tributario con el reconocimiento de las singularidades». Esta referencia va en la línea de lo acordado con ERC para lograr la investidura de Salvador Illa y que generó un auténtico terremoto en el seno del PSOE, por lo que se anticipa que este punto, en concreto, también generará discusión en el cónclave socialista.

Según la ponencia «ha llegado el momento de encontrar una nueva forma de crecer que sea compatible con el bienestar del planeta y con la ambición de una sociedad que, legítimamente, quiere trabajar de forma distinta, tener más derechos y vivir mejor». En definitiva, según la ponencia «desarrollar una economía más humana». Entre sus propuestas en pro de este objetivo destacan las económicas. Por ello, el PSOE propone obligar por ley «a las grandes empresas a repartir una parte de sus beneficios entre sus empleados y empleadas», con el objetivo de lograr una «distribución más equitativa de la riqueza». Esta medida inspirada en el modelo francés encontrará oposición frontal de la patronal y de las grandes empresas que en los últimos años han tenido que hacer frente al «impuestazo» en los sectores energético y bancario. En la introducción a la ponencia no se detalla que se entiende como «gran empresa» ni cual será el reparto de sus beneficios entre sus trabajadores.

Asimismo, los socialistas propondrán en su 41º Congreso Federal la creación de una Ayuda Universal de Ciudadanía que integrará «todas las prestaciones no contributivas de sistema», como el desempleo, Ingreso Mínimo Vital, becas o ayudas a las familias. La pretensión es crear un mecanismo único que permita simplificar los trámites y asegurar que todos los beneficiarios reciban las ayudas y así evitar la complejidad de la burocracia que deja fuera de la prestación a un alto porcentaje de solicitantes. Con esta medida, el PSOE da un paso adelante y arrebata una bandera que siempre habían agitado a su izquierda, tanto Podemos como Sumar. En esta línea, el PSOE está dispuesto a subir los impuestos a los «megarricos», donde sitúa a las rentas de más de 300.000 euros anuales, estableciendo para estas rentas «un tipo marginal del 50% en la tarifa general del IRPF», amén de incrementar la lucha contra el fraude fiscal. También los socialistas se plantean cambiar el sistema de becas para jóvenes de rentas familiares medias y bajas con buen expediente académico. Lo sorpresivo es que estas becas quieren favorecer a que estos jóvenes tengan tiempo «para preparar una oposición a los principales cuerpos funcionariales del Estado».
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En materia de vivienda solo destaca «la prohibición de la conversión de viviendas residenciales en viviendas turísticas y de temporada» en zonas de alta demanda para «desincentivar la especulación, contener precios y garantizar el derecho de la ciudadanía a un hogar». Y en último lugar, en materia económica el PSOE propone la creación de un leasing –alquiler con derecho a compra– para vehículos eléctricos «a un precio significativamente más bajo que el del mercado y sin cuota inicial», eso sí, sin más detalles.