Al habitual ajetreo que se vive cada verano en el típico destino turístico de Torrevieja, este año se le ha presentado un nuevo “alboroto”, como calificó el alcalde popular de la localidad, Pedro Hernández Mateo, al inicio de las investigaciones judiciales por torturas y malos tratos presuntamente practicados por policías locales. Un cuerpo al servicio de Hernández – – “aquí, después de la Purísima está el alcalde”, dice un miembro de la oposición – – y encabezado por un intendente jefe – – Alejandro Morer – – que tiene a tres de sus hermanos, conocidos colectivamente como los moreles, en sus filas. Entre los implicados están Morer y los concejales de Seguridad y Sanidad, Pedro Valero e Hipólito Caro (PP).
Por las puertas del juzgado de instrucción n°2 de Torrevieja han pasado esta semana alrededor de 16 agentes. Ocho de ellos están imputados, aunque continúan patrullando la ciudad porque ni la jueza ni el alcalde, máximo responsable de la policía local, les han retirado del servicio.
Fue la denuncia por malos tratos que un ciudadano argelino presentó ante la Guardia Civil – – cuerpo que mantiene tensas relaciones con la policía del alcalde – – la que despertó las sospechas. Para comprobar la veracidad de los hechos, la jueza Juana López solicitó vídeos de la comisaría y ordenó escuchas telefónicas. Otro dato que todavía no ha sido confirmado – – la investigación está bajo secreto de sumario – – es que presuntamente se falsificaron partes policiales y de lesiones para proteger a agentes que habían maltratado a arrestados.

Abusos y denuncias
Algunos ciudadanos han aprovechado el revuelo mediático del asunto para sacar a la luz presuntos abusos de la policía. Manuel Ferrandis, un vecino de Torrevieja que asegura que en el año 1997 presentó una denuncia por agresión policial, reivindica que su caso “no ha pasado del ayuntamiento”. Carlos Aníbal Álvarez, vendedor argentino afincado en el municipio, denunció que existe “una mafia policial” que extorsiona a los comerciantes como él. También el portavoz de Els Verds en el municipio, José Manuel Dolón, recordó una denuncia por una paliza que agentes municipales propinaron a un vendedor ambulante magrebí.
En cambio, el alcalde, Pedro Hernández Mateo, el Sindicato Profesional de la Policía Local (SPPL) y otras asociaciones municipales han expresado su apoyo al servicio policial.
Hace años que Torrevieja es titular de noticias opuestas a la imagen de paraíso vacacional que los promotores turísticos quisieron vender. Tras aquellas envidiadas parejas televisivas ganadoras de un apartamento en la localidad, aterrizaron otro tipo de turistas procedentes de la antigua URSS que, además de sol y playa, vieron en Torrevieja lucrativas oportunidades de negocio.
En cuestión de 10 años, desde 1990 a 2002, el censo de población creció de forma espectacular: de 23.192 personas a 74.000. En la actualidad, es la quinta ciudad valenciana por número de habitantes, con 90.843 censados. Cerca de 42.000 son extranjeros. El turista español medio ya es minoría entre la explosión de mafias rusas, redes de tráfico de armas, drogas y prostitución y organizaciones de blanqueo de dinero que se han asentado en la ciudad. Es significativo que en la vecina Orihuela el Ministerio del Interior haya abierto una sede del Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO) de Levante, que vigila de cerca los movimientos de estas bandas.

500.000
en verano
La superpoblación torrevejense se completa con los inmigrantes que trabajan en la construcción y la hostelería y con las masas de veraneantes de los meses de julio y agosto. Todos ellos, al no estar censados, no cuentan, pero hacen rebosar la ciudad hasta los 500.000 inquilinos en temporada alta. Los problemas llegan cuando falta sitio donde aparcar, se acumulan urgencias médicas o los robos y atracos son algo frecuente. Informes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil señalan a Torrevieja como uno de los lugares con más altos índices de criminalidad, muy por encima de la media española.
A cargo de todo está desde el año 1988 Pedro Ángel Hernández Mateo, alcalde del Partido Popular que ha hecho “grande”, literalmente, el municipio. Gracias a una política urbanística feroz, ha permitido, por ejemplo, modificar casi cien veces el Plan General de Ordenación Urbana para ampliar el suelo urbanizable. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante investiga a Hernández Mateo porque presuntamente se embolsó 5,2 millones de euros en la compra – venta de suelo. Los partidos de la oposición lanzan constantemente acusaciones de corrupción y tráfico de influencias contra el alcalde y su círculo y hablan de otra Marbella.