Lo que antes era impensable en la UE, va tomando forma. Si hace unos años se rechazaba rotundamente la posibilidad de crear centros de deportación de migrantes fuera del territorio comunitario, cada vez más líderes presionan en esa dirección a raíz de que la ultraderechista Giorgia Meloni diera el paso de impulsarlos en Albania, a pesar del rechazo de la justicia italiana. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha abierto la puerta de par en par al plantear explorar “vías de avance en lo que respecta a la idea de desarrollar centros de retorno fuera de la UE”. El candidato a comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha cogido el guante de la propuesta, que rechazan desde los liberales hasta la izquierda pasando por socialdemócratas y verdes, aunque la ha limitado a migrantes cuya solicitud de asilo haya sido denegada.

“Entiendo que el concepto del hub de retorno sólo vale para las personas a las que se haya rechazado su solicitud de asilo”, ha dicho Brunner durante el examen al que los aspirantes a comisarios se someten en la Eurocámara y en el que necesita el apoyo de dos tercios de los coordinadores de los grupos para que su nombramiento salga adelante en las dos primeras votaciones y mayoría simple (más síes que noes) en una hipotética segunda votación.

“Un centro de esta índole tiene que ser gestionado por organizaciones internacionales”, ha agregado el político austríaco, que se ha referido a la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU o a Acnur. Brunner ha puesto así algunos límites a esos centros de detención fuera de la UE en comparación con los impulsados por Meloni, que los ideó para llevar a Albania a las personas rescatadas en el mar y que no lleguen a pisar suelo europeo.

En todo caso, Brunner se ha mostrado abierto a estudiar todas las alternativas. “Tengo una actitud receptiva a nuevas ideas”, ha defendido ante la comisión de Libertades civiles, Justicia e Interior en la que socialdemócratas, liberales y la izquierda le han preguntado por esos centros de deportación. De hecho, esa afirmación la ha hecho en su respuesta a la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, que ha advertido de que “seguir los pasos de Meloni para ”encerrar a solicitantes de asilo“ supondría ”ensanchar el agujero negro que existe para las personas migrantes y refugiadas“.

“Maquillar países seguros, practicar detenciones y expulsiones sumarias, y abandonar a los migrantes en el desierto incumple nuestra Carta de Derechos Fundamentales”, ha recordado Galán después de que el candidato hubiera dicho que los centros “tendrían que basarse en normas humanas adecuadas”. El aspirante a responsable de Interior y Migración en la Comisión Europea ha reiterado en varias ocasiones que el cumplimiento de los derechos humanos es “innegociable” y ha apostado por que se “esclarezcan” los casos en los que ha habido “abusos”, como por ejemplo por parte de Frontex.

A pesar de los límites que ha defendido Brunner, su aproximación al fenómeno migratorio sigue la estela del endurecimiento por el que ha apostado la Unión Europea en los últimos tiempos, y sobre todo a raíz del auge de la extrema derecha, que ha aprovechado la audiencia para vertir proclamas xenóbofas e islamófobas.

“Necesitamos para poder gestionar la migración un enfoque que sea justo pero que sea decidido. Esto significa poder decidir quién permanece en la UE y quién tiene que marcharse. Tenemos que decidir en qué condiciones llega a alguien a Europa. Tenemos que decidir nosotros y no los traficantes. Los que no tengan permiso de residencia tienen que volver”, ha defendido el austríaco.

También se ha comprometido a impulsar “procesos de devolución más rápidos y sencillos” en el marco de la revisión de la directiva de retornos en la que muchos gobiernos aspiran a que la Comisión Europea introduzca la posibilidad de crear centros de deportación de refugiados. Igualmente, ha abogado por imponer “obligaciones de cooperación claras para las personas que tienen que volver a sus países”. 17 países europeos suscribieron recientemente un documento en el que abogaban por sancionar la no cooperación en los retornos.