El pasado miércoles el Ayuntamiento informó a las dos asociaciones que ocupan el edificio que albergó la antigua escuela de aprendices de Sestao, Txirbilenea Kulturgunea y Emakume Migratu Feministak Sociosanitarias, de la decisión que habían adoptado de desalojar el inmueble, a raíz de un informe emitido por los servicios técnicos municipales en el que se alegaba, entre otras cosas, una «falta grave de seguridad», por el estado «peligroso» de conservación. Este espacio, en sus tres plantas inferiores, acoge desde hace trece años el gaztetxe de la localidad, y desde 2022 también sirve como refugio para mujeres sin hogar y sus familias.

Para ello se han habilitado varias habitaciones, por las que han pasado desde hace dos años un total de 36 personas, varias de ellas menores. En la actualidad, según ha confirmado una portavoz de Emakume Migratu Feministak Sociosanitarias a este periódico, residen nueve personas, después de haber trasladado en estos días «a varias compañeras» a otra vivienda comunitaria que poseen en el municipio. «El equipo de gobierno de este Ayuntamiento quiere dejar a varias familias sin recursos en la calle, y saltándose todos los procedimientos administrativos, sin informarles», han apuntado este lunes desde Txirbilenea, agrupación que ha asegurado que se están planteando por ello interponer un recurso al decreto de Alcaldía y pedir además «una suspensión cautelar».

En la misma comparecencia han afirmado que aunque el Consistorio apuntó ante los medios el pasado jueves «no tener constancia» de que vivieran personas en su interior, la administración local «era conocedora» de que la primera planta se usaba «como viviendas de emergencia para mujeres migradas y sus familias», recordando que se han llegado a solicitar empadronamientos en dicho lugar, y que la Policía «ha realizado identificaciones en el edificio». También han asegurado que cuatro personas pernoctaron allí este pasado sábado, «derivados de los servicios sociales de Barakaldo», un hecho que el Consistorio vecino ha desmentido a EL CORREO.

Una de las habitaciones, la sala de juegos de los niños y el pasillo que comunica los distintos espacios. L. G.
Estos dos colectivos han calificado esta situación como una «gran vulneración de derechos», recordando que también el sábado recibieron un gran apoyo en la concentración convocada frente al Ayuntamiento, con varias decenas de personas. «Es una de las muestras más grandes de rechazo aquí en los últimos años y por todo ello pediremos la suspensión cautelarísima del decreto, para que sea declarado nulo, y también valoramos pedir la mediación del Ararteko, para ver si así se enteran de que aquí viven familias, a las que quiere dejar indefensas en la calle».

Alojamiento comunitario
El perfil de mujeres que residen en este lugar por necesidad, junto a sus pequeños y en algunos casos también con sus parejas, han asegurado que es el de inmigrantes con titulaciones. «Son profesoras, médicas, enfermeras…, que aquí se ven abocadas a trabajar como internas, con un trabajo esclavo», cuidando a los mayores en situación de dependencia. Critican el «racismo inmobiliario» y el complicado acceso a la vivienda que soportan, al igual que «la venta de los padrones», que hace que en muchos casos tengan que optar por lugares como éste para no tener que vivir con sus pequeños en la calle.

El Ayuntamiento ha aconsejado a todas estas personas acudir a los servicios sociales para estudiar cada caso de manera individualizada, pero este colectivo quiere mantener la comunidad que se ha creado, para poder seguir compartiendo espacios. «Aquí se ayudan constantemente entre todas las compañeras, cuando a una les salen unas horas para trabajar hay otra que cuida a sus hijos, o que va a recogerles al colegio. Queremos que se estudie el caso de toda la comunidad en su conjunto», han solicitado.

Además, estas dos agrupaciones, que acusan al Ayuntamiento de «abuso de poder, de racismo y de lanzar información falsa», negando que el edificio esté lleno de enseres, como declaró el equipo de gobierno el pasado jueves, han pedido al Consistorio que aborde las irregularidades que se están dando en cuanto a los padrones y al trabajo como internas de personas dependientes.

El edificio de la antigua escuela de aprendices, que recibió una subvención de 3 millones para su rehabilitación, y cuyos trabajos deberán estar ejecutados antes de que finalice el 2026 ellas pieden que se lleven a cabo con las personas dentro, deberá estar desalojado, tal y como ha señalado el Ayuntamiento, en un plazo que concluye este jueves día 7 de noviembre. La intención tanto de Txirbilenea Kulturgunea como de Emakume Migratu Feministak Sociosanitarias es «seguir luchando», para poder seguir contando también allí con un espacio cultural «donde la juventud del pueblo pueda ser libre, sin que nos dirijan», por lo que se espera que tras su negativa a irse arranque un proceso judicial para forzar su salida