La salida de cinco gobiernos autonómicos en julio ha obligado a Vox a redefinir su posición ante ejecutivos que ahora son del PP en solitario, pero sin mayoría parlamentaria suficiente para gobernar plácidamente: Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Castilla y León y Extremadura. Según apuntan a este periódico desde el partido de Santiago Abascal, mantener el apoyo parlamentario «desde fuera a cambio de nada» carece de sentido porque convertiría a Vox en una formación irrelevante. «No se entendería. Tenemos menos poder ejecutivo, pero mayor capacidad de presión», añaden.

Transcurridos cerca de cuatro meses desde la ruptura, hay una cuestión trascendental: la negociación de los presupuestos regionales para 2025. Vox trabaja en un documento marco y establece tres ejes políticos para las buenas relaciones con los gobiernos: revertir lo que se haya podido frenar (Ley de concordia de Castilla y León, por ejemplo), un «rechazo explícito» de las políticas migratorias del Gobierno de España y elaborar planes con recursos económicos para el retorno de inmigrantes irregulares. «No hay competencias», admiten, «pero hay que buscar fórmulas». En resumen, Vox quiere confirmar que en los gobiernos regionales que abandonaron el 11 de julio «hay buena disposición» para seguir trabajando juntos.

Como punto de partida, el partido de Santiago Abascal establece una línea roja a la hora de valorar el estado de estas nuevas relaciones: que los presidentes autonómicos mantengan las iniciativas que se pactaron en los acuerdos de Gobierno y que se llegaron a poner en marcha. Así, en esta cuestión, el balance que se hace desde la calle Bambú es que las cosas van bien en Aragón y la Comunidad Valenciana y mal en Castilla y León. Desde Vox se apunta que «ahora mismo con el único que no hay interlocución es con Mañueco porque la ha cortado él. Con los otros, incluida María Guardiola, hay comunicación. También con Fernando López Miras y Marga Prohens».
El caso que más ha enfadado a Vox ha sido la Ley de concordia de Castilla y León, que fue pactada por PP y Vox cuando gobernaban juntos y que los populares tumbaron en septiembre con los votos del PSOE entre reproches de Vox a Mañueco. El caso opuesto se dio en la Comunidad Valenciana, donde Carlos Mazón apoyó una iniciativa de Vox para que se hicieran pruebas biomédicas con el fin de conocer científicamente la edad de los inmigrantes que llegan de manera irregular a España. «Fue un gesto», admiten positivamente desde Vox.

ABC ha consultado también a los gobiernos regionales de las comunidades del PP sobre cómo se ha resituado Vox y en sus argumentos se detecta un elemento común: «están muy agresivos», dice un presidente regional; «en las Cortes están haciendo mucho ruido», añade otro. Es más, desde el PP se entiende que es una estrategia coordinada desde Madrid para hacerse notar y ganar presencia.

De Mazón a Mañueco
No obstante, y más allá de esta impresión, no es fácil realizar un balance común de las relaciones entre Vox y el PP porque las situaciones son distintas. Por ejemplo, Carlos Mazón suma más que toda la izquierda junta, de manera que los de Abascal tienen un margen de presión menor que, ejemplo, en Castilla y León, donde el PSOE, Podemos y los localistas superan en escaños al PP, lo que da mayor fuerza al partido de Juan García-Gallardo.

Aún así, hay dos elementos que juegan a favor de Mañueco: aprobó los últimos presupuestos en abril, de manera que podría agotar la legislatura sin unas nuevas cuentas públicas; y celebró elecciones en febrero del 2022, por lo que le quedan quince meses menos para ir a las urnas. Por eso, desde el Gobierno de Mañueco se critica que, por ejemplo, en la última reunión sobre el techo de gasto con los grupos parlamentarios no acudieran ni Vox ni Podemos.

Dónde Vox sí tiene un problema es en Baleares, pues su grupo parlamentario se encuentra en una posición muy inestable. De los ocho diputados que consiguió en las elecciones, a Vox le quedan seis, y entre ellos reina la desconfianza. El único que goza del pleno respaldo de la dirección nacional del partido es el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne, a pesar de que ha protagonizado enfrentamientos con la izquierda que lo han situado en el centro de la polémica. O tal vez por eso. Cuando negoció su investidura, la presidenta, Marga Prohens, no los incorporó al Ejecutivo, aunque sí a otras instituciones insulares. En este momento, el futuro de Vox en las islas es imprevisible.

Transcurridos casi cuatro meses, Vox y el PP no acaban de recomponer sus relaciones. La negociación de los presupuestos de aquí a final de año será decisiva.