En la esquina de un McDonalds del sur de Madrid, una docena de repartidores se reúnen todas las noches a quemar el tiempo, mientras esperan las hamburguesas que otros ansían en casa. En este punto neurálgico, confluyen veteranos y novatos. Los primeros tienen motocicleta, hablan fuerte, bromean y caminan inflando la espalda, como si disfrutaran del respeto que inspiran entre los recién llegados. Los nuevos hablan poco, carecen de permiso de trabajo y tienen alquilado casi todo: desde la bicicleta con la que pedalean hasta 12 horas diarias, hasta la identidad con la que trabajan. La mayoría son de Venezuela y, unos pocos, de Colombia.

Por ley, no pueden trabajar, pero han encontrado una forma de salir a flote: colgarse la mochila amarilla y ponerse a pedalear, algo que no sería posible sin el mercado negro que ha emergido entre quienes tienen la documentación en regla, que les permite abrir una cuenta de delivery, y otros, en situación irregular, dispuestos a trabajarla sin descanso, aunque tengan que dejar un porcentaje al titular —que suele rondar el 20% o 30%—. Algunos pagan hasta 400 euros al mes por un perfil en Glovo o Uber Eats sin derecho a prestaciones laborales.

Tres años después de que la ley rider fuera promovida por el Gobierno nacional para alentar la contratación de los repartidores, lo cierto es que la precariedad sigue vigente en el sector. Hace dos semanas, el Juzgado de Instrucción Número 31 de Barcelona citó a declarar al cofundador de Glovo Óscar Pierre en el marco de una investigación sobre el modelo de falsos autónomos que, según la denuncia de la Fiscalía Provincial, “menoscaba y suprime los derechos de los trabajadores”.

Johan (36 años) lleva pocas semanas en el grupo de riders. Habla bajo anonimato porque está “solucionando lo de Extranjería” y no quiere correr riesgos. Aterrizó en Barajas con su suegro, su cuñado y sus dos hijos el 12 de agosto, dos semanas después de ser testigo electoral del partido opositor Voluntad Popular en las votaciones presidenciales en Venezuela. “El día después de las elecciones, comenzaron a amenazar a la gente, muchos fueron presos solo por ser testigos de la oposición”, explica. Las fuerzas de seguridad fueron a por su suegro hasta su casa. “Tuvimos que esconderlo en el campo, hasta que lo sacamos escondido una madrugada para España”, recuerda Johan, que ya maduraba hace años la idea de salir de Venezuela con su familia “por la situación política y económica”.

Los primeros días en Madrid fueron frustrantes. “No logré trabajar en nada porque me pedían papeles para todo”, relata. Hasta que un cuñado lo inició en el mundo de los riders: lo llevó a alquilar una bicicleta, le enseñó cómo moverse en la ciudad y hasta le delegó algún pedido para inyectarle confianza. Tardó dos semanas para hallar una cuenta de Glovo en alquiler. Ya había quemado 15 días del alquiler de la bicicleta, sin producir ni un céntimo, en pleno parón de agosto. Hasta que llegó a la esquina de los riders.

Una noche coincidió con un hombre que hasta hoy conoce como “el muchacho” que le “está ayudando”. Le alquiló un perfil en Glovo, le regaló la mochila térmica y hasta un chip del móvil con internet ilimitado. A él le paga 100 euros cada semana por el alquiler de la cuenta, un precio que considera “caro”, aunque entiende que no todo es retorno para al arrendatario, que debe pagar las tasas del IVA, el IRPF y la Seguridad Social ―que cobija al intermediario pero no al trabajador―. “Al final les queda como el 55%”, calcula Johan, quien además debe pagar 35 euros semanales del alquiler de la bicicleta. En total, 540 euros mensuales que destina a esos arrendamientos.

—¿Quieres saber cuánto me he hecho esta semana?—, pregunta Johan un jueves a las 22.00, antes de desbloquear el móvil para buscar la cifra exacta: 137,45 euros, marca la aplicación de Glovo

—Lunes, martes, miércoles y jueves trabajo para pagarle al patrón y para la bicicleta; lo que haga viernes, sábado y domingo es para mí.

Johan trabaja 12 horas al día, siete días a la semana. Entre medias, alista a los niños para el colegio, los lleva y los recoge. No se siente cansado. “Será la actitud que tengo y las ganas de echar pa’adelante”, argumenta.

Con tantas ganas de progresar, más de uno ha encontrado una oportunidad para hacerse el agosto. En redes sociales el mercadeo no se disimula. Riders Madrid, en Facebook, cuenta con más de 12.000 miembros. Ahí se compran y se venden motos, bicicletas eléctricas, cascos y, principalmente, cuentas. Este lunes, Aníbal R ofertaba: “Disponibles, cuenta Glovo modo moto en Torrejón de Ardoz y una Uber modo bici”, horas antes de que Alex V. publicara: “Busco cuenta Glovo Madrid. Tengo Moto y experiencia. Soy una persona responsable y honesta trabajadora que cuida las cuentas”.
Una ‘ley rider’ atascada
Dos repartidores en la madrileña Puerta del Sol, el 4 de noviembre de 2023.
Dos repartidores en la madrileña Puerta del Sol, el 4 de noviembre de 2023.Álvaro García

La ley rider fue concebida por el Gobierno en 2021 para blindar a los repartidores de trabajar como falsos autónomos. Surgió a partir de un fallo del Tribunal Supremo (TS), en sintonía con la Inspección de Trabajo, que dictó que “la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral”. Las empresas reaccionaron, contratando a miles de empleados que pedaleaban hasta entonces como autónomos.

No obstante, algunas empresas se han resistido a la ley y han mantenido a la mayoría de sus repartidores como estaban. Primero fue Glovo y después Uber Eats, que tras alegar competencia desleal por parte del primero, decidió replicar su modelo. “Glovo arrastró a Uber a la ilegalidad”, resume Fernando García Pallas, presidente de comité de empresa de UGT. Las empresas anunciaron como grandes cambios modificaciones cosméticas. Glovo, por ejemplo, actualizó su aplicación para que los riders ya no puedan reservar horas —antes un usuario podía solicitar estar activo en cierta franja horaria―, algo que vio el TS como un rasgo de laboralidad. Ahora, tiene un modelo de conexión libre, en la que el repartidor puede activarse cuando quiera. Con ese cambio, dieron por solucionado el problema de falsos autónomos, algo injustificado para García, también asalariado de Glovo, quien afirma que los repartidores “siguen dependiendo de que la empresa les dé un pedido cuando quiera”.

El repartidor desde 2019 y afiliado al sindicato CGT, David Martínez Fonseca (28 años), explica que “Glovo y Uber Eats no cumplen con la legislación porque la ley rider no obliga a contratar, es solo una presunción de laboralidad”, lo que obliga a que se pruebe judicialmente caso a caso si se trata, o no, de un falso autónomo. De los más de 12.000 repartidores que trabajan para la compañía, cerca de 2.000 son asalariados. Para Martínez es evidente que las cuentas alquiladas se cuentan por miles. Todos son cálculos, ya que la opacidad de la empresa es total. “Son datos que no compartimos”, zanja por teléfono la portavoz de Glovo en España. García no duda de que “el 60% o 70% de las cuentas de la aplicación son alquiladas” y añade ”Los propios clientes se dan cuenta, porque cuando reciben un pedido, lo trae otra persona diferente a la que se ve en la foto de la app. E incluso Glovo lo alienta, porque es lo que le permite mantener precios bajos. ¿O qué persona con papeles a trabajar un jueves por a las en la madrugada por tres euros el pedido?”.

El cumplimiento de la ley Rider terminaría el mercadeo de cuentas o “lo reduciría a excepciones”, señala García, quien pone como ejemplo a Just Eat, que “no tienen cuentas alquiladas porque todos los trabajadores tienen contrato”. Martínez coincide en que el cumplimiento de la ley “sí que disminuiría el traspaso de cuentas porque los asalariados que tienen un centro de trabajo no pueden alquilar, porque los ven todos los días los supervisores”. Los repartidores entrevistados convergen en que no se puede alquiler una cuenta en Just Eat como permite Glovo, “la empresa más permisiva de todas”, revalida Johan.

Glovo se ha limitado a explicar por escrito que revisa la documentación de los repartidores “para corroborar que cuentan con los permisos necesarios”. Además, justifica que “existen procesos de verificación en toda España y controles regulares para evitar usos fraudulentos de la aplicación”. Sin embargo, la empresa no ha detallado, como ha pedido este periódico, cómo dichos controles ayudan a prevenir el uso de las cuentas por terceros, tampoco si hay usuarios sancionados por este hecho.

A escala nacional, Glovo aumentó la facturación un 23,5% en 2023, hasta 10.500 millones de euros. No obstante, la empresa reportó perdidas por 2.305 millones debido a las millonarias sanciones que ha tenido que costear por contratación de falsos autónomos. La compañía acumula una deuda con la Seguridad Social de unos 200 millones de euros en cuotas no abonadas, pero ha fijado 2025 como el año para registrar números en verde. Para muchos de sus repartidores, los plazos no están tan claros.

Johan aspira a tramitar favorablemente un asilo político, que para venezolanos tiene una tasa de aprobación por encima del 95%, pero el atasco en Extranjería lo inducen a una paciencia tortuosa y unos costos adicionales en “gestores”. Ya tiene uno que le cobra 500 euros por la cita que él nunca logró para el trámite de asilo para él y sus dos hijos. Además, necesita liquidar el préstamo de 5.000 euros que pidió en Venezuela para mudarse a Madrid. “Imagínese el pedal que tengo que echar para conseguir ese dinero”, confiesa con los labios apretados.