El Gobierno de Canarias destinará en 2025 casi diez millones de euros menos a la atención de los menores migrantes. El proyecto de presupuestos presentado por el Ejecutivo regional en el Parlamento autonómico contempla una partida de 5,6 millones de euros para “gastos de menores extranjeros no acompañados”, un 62,5% menos que el año anterior, cuando la comunidad autónoma dedicó a este fin 15 millones de euros. El gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular recorta el gasto pese al colapso de la red de acogida y mientras exige al Estado que transfiera fondos europeos a la comunidad autónoma para atender a los niños y adolescentes que llegan a las islas en patera.

Hacinamiento, denuncias de maltrato y nada que hacer: la vida de los menores migrantes de Canarias

El presupuesto total de la comunidad autónoma para el año que viene asciende a 11.678 millones de euros. Así, el porcentaje dedicado a los menores migrantes cae a un 0,05% del total, según el documento presentado por el Gobierno regional. Desde la Consejería de Bienestar Social recalcan que a esta partida deben sumarse los 100 millones de euros que ha prometido transferir el Estado antes de noviembre y otras cantidades comprometidas por el Ejecutivo central.

A pesar del aumento de menores solos en la ruta canaria, cuya acogida compete a la comunidad autónoma, la inversión de recursos autonómicos en esta materia ha ido reduciéndose en los últimos dos años. En 2023, la partida destinada alcanzó los 26,85 millones de euros. Al año siguiente, se redujo a los 15 millones. Por el contrario, entre 2020 y 2022, el gasto ascendió, pasando de 25.000 euros a 6 millones.

“Nuestro posicionamiento es atenderlos y pedir al Gobierno de España que nos ayude porque no podemos más. No podemos más porque no tenemos capacidad. Las condiciones de hacinamiento no nos están permitiendo garantizar la seguridad del menor”, reconoció el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, en declaraciones a los medios durante una visita a Lanzarote.

Este mismo lunes, Canarias envió una carta a los tres ministerios con competencias en migraciones. En ella, instaba al Gobierno central a solicitar ayudas de emergencia a Europa para atender a los menores migrantes de las islas. “La solicitud de estos fondos y movilización de los mismos tiene que ser por parte del Estado”, explicó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Además, Cabello celebró la decisión del Ministerio de Hacienda de transferir “antes de que termine noviembre” 100 millones de euros al Archipiélago para la acogida de los niños migrantes, aunque afirmó que los gastos podrían ascender a los 160 millones.

La acogida de 5.600 menores migrantes en las islas ha marcado la agenda política en los últimos meses. Además de solicitar recursos económicos, Canarias no ha dejado de exigir el traslado de jóvenes a la Península. Después de meses de negociaciones, la fórmula escogida por la comunidad autónoma y el Estado pasaba por reformar la Ley de Extranjería y obligar a todas las regiones a acoger menores. Sin embargo, la propuesta fue tumbada en el Congreso por Junts y el Partido Popular, socio de gobierno de Coalición Canaria en el Archipiélago.

Ante el bloqueo de esta reforma, Clavijo ha propuesto devolver menores marroquíes a su país de origen. Este mecanismo, tal y como recoge la Ley de Extranjería, exige expedientes administrativos individualizados y que se escuche al menor antes de tomar cualquier decisión sobre su repatriación.

El Gobierno autonómico también ha apostado por instalar carpas en los muelles en contra del criterio de la Fiscalía. Según la Consejería de Bienestar Social, los jóvenes pasarían en estas tiendas de campaña algunos días hasta encontrar plazas para ellos en el sistema de acogida. Por otra parte, Canarias aprobó un protocolo mediante el que los menores debían someterse a una serie de trámites policiales antes de entrar a los centros. El documento fue suspendido por la Justicia, atendiendo a las advertencias del Ministerio Fiscal, que apuntaba que estos requisitos podrían vulnerar los derechos fundamentales de los menores, que llegan en situación de desamparo y necesitan una protección inmediata.

Mientras tanto, trabajadores, abogados e incluso los propios menores han denunciado el hacinamiento o el maltrato que sufren en algunos de los recursos. “Empecé a escuchar gritos y vi cómo le arrastraban al baño y le metieron una paliza. Cuando pregunté que por qué era, me dijeron que era porque no se quería duchar”, contó una trabajadora de un recurso de Tenerife a este periódico. “Yo no hablo con los educadores porque a la mínima ya hay problemas. Suelen meterse con nosotros de forma bruta y si le siguen la bola, se enfadan y les pegan”, contó un menor a esta redacción.

Las condiciones de algunos macrocentros contrastan con los millones de euros que se mueven en los contratos adjudicados a las ONG para la gestión de las instalaciones. En el último año, el gasto ha ascendido a los 16,68 millones, según las licitaciones de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. Canarias lleva años utilizando el procedimiento de urgencia para externalizar la administración de los centros. En 2020, por la “llegada masiva” de niños no acompañados. Ahora, por la “saturación de los recursos existentes”. Esta vía excepcional permite dar contratos a dedo sin abrir expediente y con pocos controles.