El racismo es una realidad cotidiana para muchos musulmanes que viven en Europa. El último informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) alerta sobre ello: «La discriminación racial y el acoso racista se producen en nuestras calles, escuelas y lugares de trabajo. Uno de los aspectos más alarmantes es la frecuencia con la que se dan y que ya casi se ha normalizado».

Sirpa Rautio, directora de la FRA, un organismo con sede en Viena, presentó hace unos días los impactantes resultados del informe ‘Ser musulmán en la UE’, elaborado a partir de una encuesta realizada entre esta comunidad antes de los ataques de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023. En el sondeo participaron 9.604 personas residentes en trece países europeos, incluido España, una pequeña representación de este colectivo que, en total, alcanza los 26 millones en la Unión Europea. O, lo que es lo mismo, el 5% de su población, según las últimas estimaciones del Pew Research Center en 2016. En 2050 podría crecer hasta el 19,5%.

La FRA observó que desde 2016 se ha producido «un preocupante aumento del racismo y la discriminación contra los musulmanes en Europa». Este fenómeno «se ve alimentado por los conflictos en Oriente Medio y agravado por la retórica deshumanizadora antimusulmana que vemos en todo el continente», reflexionó Rautio. Un trato que no sólo sufren los recién llegados, sino también los nacidos y criados en la UE y aquellos cuyas familias viven en el Viejo Continente desde hace varias generaciones.

España e Italia, algo mejor
Uno de cada dos musulmanes de la Unión Europea (47%) sufre racismo y discriminación racial en su vida diaria, un fenómeno al alza ya que en el informe de 2016 lo denunciaba el 39% de los encuestados. Austria, Alemania, Finlandia y Dinamarca son los países comunitarios donde este colectivo soporta más estas situaciones, mientras que Suecia, España e Italia donde menos se dan.

«Mujeres, hombres y niños musulmanes son objeto de ataques no solo por su religión, sino también por el color de su piel y su origen étnico o inmigrante», ahonda el estudio. Casi un tercio (27%) de los encuestados relató algún episodio racista vivido a lo largo de los últimos cinco años aunque la mayoría hizo referencia a más de uno. El 30% de los participantes en el informe dijo haber sido discriminado por su «origen étnico o inmigrante» y el 17% por motivos religiosos.

Los musulmanes originarios de países africanos subsaharianos, muchos de los cuales son negros, experimentan mayores niveles de racismo que quienes proceden del Magreb, Turquía o Siria, una de las naciones que en los últimos años más vecinos ha aportado a la UE bajo condición de refugiados. Pero el trato discriminatorio que reciben afecta a todos en las mismas cuestiones: el acceso a un trabajo, la vivienda, la educación o la sanidad. Por ejemplo, las mujeres que cubren su cabeza –ya sea con hiyab o con niqab– soportan más racismo que el resto, en especial, a la hora de incorporarse al mercado laboral.

La realidad, según este estudio, es que casi la mitad (41%) tiene mayor cualificación de la necesaria para el puesto de trabajo que solicitan, frente al 22% del resto de la población. Un tercio (35%) de los encuestados no pudo comprar o alquilar una vivienda por ser musulmanes, trece puntos más que en 2016. El informe subraya que aquellos que poseen alguna discapacidad se enfrentan incluso a más problemas a la hora de conseguir una casa.

Perfiles raciales hechos por la Policía
Los musulmanes que viven en Europa también se sienten discriminados ante la Policía. «Casi la mitad (49%) de las personas arrestadas en el año anterior a la encuesta consideraba que su ultima detención se debía a la elaboración de perfiles raciales», se explica en el documento.

La FRA recomienda a Bruselas y a los Estados miembros renovar el plan de acción comunitario contra el racismo más allá de 2025 e incluir actuaciones para contrarrestar específicamente el trato desigual a la comunidad musulmana. También insta a imponer «sanciones más severas por la discriminación y los delitos de odio» contra este colectivo, a «erradicar las prácticas y culturas institucionales discriminatorias que conducen a la aplicación ilegal de perfiles por parte de la Policía» y a realizar esfuerzos específicos para combatir estas situaciones en la educación, el empleo, la vivienda y la sanidad.