Dos semanas después de que la Justicia tumbara su plan para internar en Albania a los migrantes que tratan de llegar a Italia cruzando el Canal de Sicilia, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, va a intentar relanzar este controvertido proyecto. A partir de este lunes está previsto que la nave militar ‘Libra’ patrulle las aguas cercanas a la isla de Lampedusa, situada en el centro del Mediterráneo, para recoger al próximo grupo de desplazados que podrían ser trasladados a los dos centros que las autoridades de Roma han construido en el país balcánico. Esos campamentos están proyectados para que los varones mayores de edad y provenientes de países considerados seguros (el resto de inmigrantes son llevados al territorio italiano) esperen hasta que se completen los trámites para su deportación.

Meloni vuelve a la carga con esta polémica iniciativa que, según asegura, tendrá un efecto disuasorio sobre la inmigración ilegal, después de su sonoro fracaso en el primer intento, cuando los tribunales de Roma ordenaron el 18 de octubre que fueran llevados a Italia los primeros 12 desplazados que habían sido internados tres días antes en los centros albaneses. El Gobierno respondió el 21 de octubre con la aprobación de un decreto ley con el que considera que queda blindado el llamado ‘modelo Albania’, aunque la realidad es que sigue abierto el pulso entre el poder ejecutivo y el poder judicial por esta cuestión. Al final será siempre un juez quien tenga la última palabra acerca de si los inmigrantes internados en el país balcánico pueden ser deportados utilizando el sistema de expulsiones aceleradas previsto en estos centros o deben ser transferidos a territorio italiano.

Naciones inseguras para los desplazados
El Gobierno de Roma reivindicó con el citado decreto sus competencias a la hora de declarar cuáles son las naciones seguras a los que puede repatriarse a los extranjeros que se encuentran en situación irregular, pero esa consideración puede volver a chocar con la magistratura, como ocurrió hace dos semanas. De hecho, el Tribunal de Bolonia ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que verifique si la nueva normativa impulsada por Meloni es compatible con la legislación europea. Al posible nuevo fracaso del ‘modelo Albania’ se une la polémica ligada a su coste, unos 800 millones de euros. Parte de ese dinero se gasta en mantener a 300 policías y otros funcionarios italianos en Albania para ocuparse del funcionamiento de los dos centros. Algunos de los agentes están hospedados en lujosos hoteles de cuatro y cinco estrellas.