¿Está a favor de la dispersión de los inmigrantes por la Península? NO

La actuación del Gobierno de Zapatero ante la avalancha de inmigrantes subsaharianos que llegan a Canarias en cayucos se ha convertido, desgraciadamente para éstos, en un botón de muestra de la manera de funcionar de este Ejecutivo. Primero contribuye a la gestación de la crisis. Una vez que pierde el control de la misma, se la endosa a otros. Aprovecha la ocasión para intentar crear problemas al PP. Miente sobre el alcance de lo que está ocurriendo. Intenta sacar rédito electoral de todo el lío y, encima, presume de que su actuación está presidida por su afán de respetar los derechos fundamentales de unos pobres desgraciados a los que en realidad está tratando como cobayas de su propia incompetencia.

Hay errores, como el de la regularización masiva de inmigrantes llevada a cabo por este Gobierno a poco de llegar al poder, que cuestan caros a un país. La Unión Europea, a la que ahora apelan nuestros gobernantes para que nos ayude a salir de esta crisis, ya denunció en su momento el efecto llamada que se estaba produciendo con ese abrir la mano a la llegada de extranjeros. Pero hay gente que no aprende de sus meteduras de pata y, desafortunadamente para la posible solución de este problema, el ministro de Trabajo es una de estas personas. Ya antes del verano, época idónea para que los cayucos intenten cruzar el trecho de Atlántico que separa Africa de las Canarias, anunció que el Gobierno estaba pensando regular a los subsaharianos que estaban llegando de forma ilegal. Seguramente le movía el mismo propósito que le llevó a la primitiva regularización masiva, la creencia de que los beneficiados votarán al PSOE en las próximas elecciones municipales, pero a Caldera sólo le faltó esta vez poner un anuncio de lo buena que es España en las playas de Senegal.

Una vez conseguido que la avalancha de cayucos se haga insoportable para Canarias, el Gobierno ha aplicado la fórmula de quitarse el problema de encima metiendo en aviones a los subsaharianos que cumplen los 40 días de internamiento en las islas y enviándolos a otras comunidades autónomas para que éstas se responsabilicen del problema. Y no es casualidad que los inmigrantes sean transportados fundamentalmente a Madrid y también a Valencia, Málaga y Murcia. Son lugares en los que gobierna el PP. Si el PP protesta, los socialistas se alegran de los votos que el PP perderá en las municipales; si se callan, contribuirán a solucionar un problema creado por el Gobierno. ¿Hay quién da más?

En los últimos meses, el Ejecutivo adquirió la costumbre de comunicar por fax a los responsables de los lugares a los que enviaba a los inmigrantes el número de éstos y la fecha de su llegada, con lo cual comunidades y ayuntamientos afectados podían coordinarse con las ONG que tienen centros de acogida para socorrer a los recién llegados. Ahora, cuando el número de subsaharianos que arriban a Canarias se cuenta por cientos al día, el Ministerio de Interior está falseando los datos: anuncia la llegada de 20 personas, que son las que deja a las puertas de los centros de ONG, y luego transporta a más de un centenar en el mismo avión y les deja libres en medio de la calle, con un bocadillo en la mano como único medio de subsistencia. Ellos, con la esperanza de encontrar una vida mejor, los socialistas con la de que algún día, no dentro de mucho, se conviertan en votantes suyos.

Hay voces, como la del presidente canario, que claman que la inmigración ilegal y el reparto de quienes no pueden ser repatriados, mayores y sobre todo pequeños, sea objeto de una política de Estado. Sería bonito, pero con la incompetencia y el sectarismo con los que el Gobierno de Zapatero está afrontando está cuestión resulta imposible.

Encarnación Valenzuela es periodista y presentadora del programa Alto y claro en Telemadrid.