Nuevo desplante de Israel a la ONU. Este lunes, 28 de octubre, el Parlamento de Israel –Knéset– ha aprobado una ley que impide a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA, el desarrollo de sus actividades en Jerusalén Este. Además, el hemiciclo también ha votado a favor de retirar la inmunidad diplomática al personal de la Agencia, lo que contraviene el Convenio Internacional de Naciones Unidas a través del cuál se fundó la UNRWA, ey al que Israel está adherido.

Ambas medidas ponen en jaque la supervivencia de miles de refugiados palestinos y la vigilancia de las políticas que el Estado sionista aplica contra ellos. Ambas han sido aprobadas con un amplísima mayoría parlamentaria. Tan sólo los partidos situados en el ala más izquierda de la Cámara Baja con mayoría de votantes árabe-israelíes han votado en contra de ambas proposiciones.

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La medida relativa a las misiones de la UNRWA en Jerusalén han sido aprobadas por 92 votos a favor –de los 120 parlamentarios que conforman el Knéset–. Unos 61 votos proceden de la coalición que gobierna el país desde finales de 2022, y que aglutina a varios partidos de centroderecha y extrema derecha liderados por Benjamín Netanyahu, líder del Likud y primer ministro de Israel. A su lado se sientan los 11 diputados del Shas, los siete de Sionismo Religioso, otros siete de Yahadut HaTorah y seis de Otzmá Yehudit. Completan el Gabinete cuatro diputados de Unidad Nacional y un diputado de la formación ultraortodoxa Noam.

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El resto de los apoyos los han dado partidos pertenecientes a la oposición. Algo similar ha ocurrido en la votación sobre la inmunidad diplomática del personal de la UNRWA, que ha contado con 87 votos a favor, nueve en contra y una abstención. Ello da cuenta del consenso que genera la oposición a la UNRWA en el seno del sionismo más radical.

De hecho, ambas leyes fueron redactadas por el Likud y el partido de la oposición Yisrael Beytenu, de perfil sionista, conservador y laico. Al presentar el proyecto de ley, Yulia Malinovsky, diputada del partido en la oposición, afirmó que la UNRWA “no debería existir”. Según recogió Europa Press, Malinovsky también propuso declarar a la UNRWA “organización terrorista”, medida que finalmente quedó desestimada.

Tan sólo han votado en contra de esta ley diez parlamentarios, cinco de ellos pertenecientes a la coalición Hadash–Ta’al, de izquierdas y aglutinante de los votantes árabes, y otros cinco al partido Ra’am, defensor también de los intereses de la población árabe-israelí.

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La relación entre el Estado sionista y la UNRWA nunca ha sido sencilla, explicó a Público Raquel Martí, directora de la Agencia de la ONU en España. La mera existencia del organismo es el recordatorio constante de que Israel no ha cumplido ninguna de las medidas a las que se comprometió, como miembro de la ONU, 75 años atrás. También, que el Consejo de Seguridad del organismo no le ha obligado a ello.

El principal objetivo de la misión de la UNRWA era proteger a los palestinos refugiados hasta que pudieran regresar a sus hogares. Pero esto no sólo no ha ocurrido, sino que la expansión colonial del Estado sionista no ha hecho más que generar nuevos refugiados. El mandato inicial de la UNRWA, creado en 1949, debía haber acabado apenas un año después. Su existencia, sin embargo, se ha prorrogado consecutivamente desde entonces.

Las medidas aprobadas por el Parlamento sionista tienen tres consecuencias de gran impacto. En primer lugar, ponen en jaque la supervivencia de las 21.917 personas palestinas que residen en los dos campos de refugiados de la UNRWA en Jerusalén Este: Shufat y Kalandia. “Esto debería ser una preocupación para todos” ha afirmado en X el comisario general de la UNRWA, Philippe Lazzarini.
En segundo lugar, al legislar sobre un territorio que no pertenece a Israel tal y como recogen varias resoluciones de la ONU consolida la anexión ilegal del territorio al Estado sionista.

Este punto es, de hecho, el punto central de la norma. El Knéset ha prohibido a la UNRWA trabajar en lo que considera que es territorio israelí. Ello no incluye la Franja de Gaza ni los territorios considerados palestinos por la comunidad internacional, a pesar de que sean ilegalmente ocupados por Israel. Por ello, tampoco debería incluir a Jerusalén Este. En cambio, lo hace.

La última cuestión clave es el desprecio manifiesto de la mayoría del parlamento israelí al derecho internacional, así como la enorme impunidad con la que opera al ignorar las peticiones de varios países miembros de la ONU de no aprobar dichas leyes. Entre otros, su fiel aliado europeo, Alemania.

Pero, ante todo, este movimiento deja muchas dudas en el aire. Por ejemplo, ¿Qué ocurrirá con los refugiados palestinos en este territorio? ¿Serán atendidos, expulsados o nacionalizados? ¿Tiene el Gobierno de Netanyahu previstas más medidas? En cualquier caso, el objetivo parece claro: desmantelar la UNRWA.

Kalandia y Shufat: campamentos en Jerusalén Este
La UNRWA gestiona 49 campos de refugiados palestinos: nueve en Siria, 10 en Jordania, 12 en el Líbano, ocho en la Franja de Gaza y 19 en los territorios ocupados palestinos en Cisjordania. Uno de los primeros en aparecer fue el de Kalandia, en Jerusalén Este. Fue creado en 1949, con la llegada de palestinos que habían sido expulsados de 52 pueblos repartidos por toda Cisjordania tras la declaración del Estado de Israel un año antes. En 1950, la UNRWA comenzó su actividad en aquel territorio.

Actualmente, Kalandia cuenta con cuatro escuelas y 1.152 estudiantes, además de un centro sanitario. Todos ellos están gestionados por la Agencia de la ONU, que también ofrece servicios sociales para pacientes con enfermedades no comunicables. También provee de infraestructura a Shufat, el otro campo de refugiados existente en Jerusalén. A diferencia de los de Kalandia, los habitantes de este asentamiento poseen tarjetas de identidad de Jerusalén, lo que les otorga mayor libertad de movimiento que la que tienen otros palestinos refugiados en Cisjordania, y les permite acceder a ciertos servicios sociales.

En cualquier caso, las condiciones de vida en el campo siguen siendo precarias, por lo que UNRWA también opera en él. Al restringirse su acceso a estos campos, no sólo peligra la llegada de ayuda humanitaria, sino el mantenimiento del sistema educativo, sanitario y los servicios sociales que la Agencia presta en ellos. “Somos el único organismo que provee educación a miles de niños y niñas refugiados en el territorio palestino ocupado”, explicó a Público la directora de la UNRWA, Raquel Martí. Su duda ahora es qué ocurrirá con ellos.

La ley aprobada por el Knéset este lunes da a la Agencia tres meses para decidir en quién delega la gestión de los campos, según ha informado Reuters. La UNRWA tampoco está pudiendo prestar sus servicios en los campos de refugiados de la Franja de Gaza, y aquellos repartidos por Cisjordania sufren cada vez más intervenciones militares y cortes de suministro.

Los campos de refugiados, objetivos militares
Desde el 7 de octubre, los campamentos refugiados palestinos de la Franja de Gaza han sido mermados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Tan sólo en el último mes, los ataques ocurridos en Yabalia han dejado alrededor de 150 muertos.

El asedio a la Franja también ha propiciado la creación de improvisados campos de desplazados, que también han sido sistemáticamente atacados. Uno de estas intervenciones militares dejó una de las imágenes más duras del conflicto. Ocurrió el 27 de mayo en el noroeste de Rafah, cuando algunos desplazados palestinos grabaron las escenas del incendio que se desató en un campo tras un bombardeo de Israel. En medio del gentío, un hombre sostenía el cuerpo decapitado de una niña que había muerto en el ataque. El Gobierno de Israel declaró que aquello había sido un “terrible error”.

Sin embargo, Israel ha continuado utilizando “bombas de alto tonelaje sabiendo que es una zona densamente poblada”, como denunció Martí en el Congreso de Periodismo de Migraciones que tuvo lugar en Mérida a principios de octubre. Su justificación es siempre la de acabar con terroristas de Hamás.

Los ataques se han vuelto aún más feroces desde que, en enero de este año, se hiciera público que algunos trabajadores de la UNRWA en la Franja de Gaza pudieron haber estado implicados en los ataques del 7-O. A raíz de las acusaciones, la UNRWA encargó la revisión de sus mecanismos de neutralidad, despidió a los trabajadores, que fueron sometidos a una investigación independiente de la ONU.

Israel se negó a entregar las pruebas para llevar a cabo dicha investigación, por lo que los investigadores pudieron comprobar si los trabajadores de la Agencia estuvieron implicados. Es decir, a día de hoy la UNRWA no puede negar ni confirmar si los hechos tuvieron lugar tal y como denuncia Israel.

Para los sectores más extremistas de la sociedad israelí, las investigaciones no fueron suficientes. El 10 de mayo, la sede de la UNRWA en Jerusalén fue atacada por una turba que trató de prenderle fuego, obligando a sus trabajadores a ser trasladados. Al ataque le sucedió la expropiación de la sede, sobre la que Israel planea construir 1.440 viviendas para colonos, como ya informó Público.

Nuevos peligros para el personal de la UNRWA
El recelo expresado por el Knéset en su sesión del 28 de octubre contra el personal de la UNRWA es la materialización de una creciente corriente de pensamiento dentro de la sociedad israelí, en la que la sospecha y el miedo a un ataque terrorista se ha convertido de una constante. Es en este contexto que una mayoría aplastante de la Cámara Baja ha votado a favor de acabar con los privilegios de los funcionarios de la Agencia.

Estos son, por ejemplo, la imposibilidad de detener o registrar un vehículo de la UNRWA, prohibirles el acceso a los campamentos de refugiados o la exención del pago de impuestos. “Retirar estas inmunidades al personal de UNRWA significa que Israel puede detener a su personal, torturarlos y dejar reconocerlos como funcionarios de la ONU, lo cual es peligrosísimo para nuestros equipos”, ha denunciado Martí en conversaciones con Público.

Antes de la aprobación de esta ley, la directora de la UNRWA en España ya había dado cuenta de la creciente dificultad que estaban encontrando para renovar los visados de sus funcionarios y trabajadores. Además, desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha asesinado, al menos, a unos 225 trabajadores de la Agencia.