Con la aprobación de dos leyes, el Parlamento israelí deja al borde del colapso a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA). En la apertura de las sesiones de invierno, tras un receso de tres meses, una amplia mayoría de los miembros de la Kneset respaldaron las normativas que prohíben la actividad de la organización en territorio israelí (incluyendo Jerusalén Este, anexionado unilateralmente por Israel en 1980), revocan sus exenciones fiscales e inmunidad y vetan el contacto de las autoridades estatales con la agencia.

En esencia, las medidas hacen casi imposible que la UNRWA continúe sus operaciones en los territorios palestinos ocupados. Sin coordinación con Israel, podría no materializar la entrega de ayuda en Gaza o proporcionar servicios de educación y salud en los campos de refugiados de la franja, Jerusalén Este y Cisjordania. Poco antes de la votación, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, expresó su “profunda preocupación” por estos proyectos que “imposibilitarán de facto las operaciones vitales de la UNRWA en Gaza”. Una alerta similar habían expresado el domingo Australia, Francia, Alemania, Canadá, Corea del Sur y el Reino Unido por las “consecuencias devastadoras para una situación humanitaria ya crítica y que se deteriora rápidamente, en particular en el norte de Gaza”. En la misma línea, 52 organizaciones –entre ellas Human Rights Watch, Oxfam, Médicos del Mundo o ActionAid– han instado a los gobiernos a ejercer presión diplomática y evaluar sanciones a Israel, además de denunciar las leyes como “parte de una estrategia más amplia para deslegitimar a la UNRWA, desacreditar su apoyo a los refugiados palestinos y socavar el marco jurídico internacional que protege sus derechos, incluido el derecho al retorno”.Y es que la animosidad de Israel hacia la agencia de la ONU no es nueva. Históricamente ha renegado de que reconozca el estatus de refugiado a los descendientes de los palestinos desplazados por la creación del Estado hebreo y ha denunciado el contenido de los libros de texto de las escuelas de la agencia. Tras la masacre cometida por Hamas, Israel ha intensificado su ofensiva política y mediática para acabar con la UNRWA, señalando sin pruebas que más del 10% de los 13.000 empleados de la agencia en Gaza tienen vínculos con grupos armados. Una investigación de la ONU en agosto reveló que nueve asalariados “podrían haber estado implicados” en los ataques en el sur de Israel, y a raíz de ello puso fin a sus contratos, mientras que una pesquisa independiente, liderada por la excanciller francesa Catherine Colonna, subrayó que Israel no ha presentado evidencias concluyentes de sus denuncias, y avaló la neutralidad de la UNRWA.

El jefe de la organización, Philippe Lazzarini, dice que se “violan las obligaciones de Israel bajo la ley internacional”
El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, señaló ayer que las leyes israelíes suponen un castigo colectivo y “se oponen a la Carta de las Naciones Unidas y violan las obligaciones del Estado de Israel bajo la ley internacional”.

Boaz Bismuth, parlamentario del Likud de Netanyahu y patrocinador del texto, aseguró que “no habrá un vacío” y que el Gobierno podría suplir los servicios de la agencia en Jerusalén Este. Sobre la ayuda humanitaria a Gaza, ha trascendido que el Ejecutivo evalúa utilizar contratistas de seguridad privada, una alternativa que los expertos cuestionan.