La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, ha asegurado este viernes que no se ha notado ninguna relación entre el incremento de la criminalidad con la inmigración.

“Únicamente hay cuatro procedimientos en los que esté implicado algún menor extranjero no acompañado”, ha detallado Martínez Frigola durante una comparecencia en comisión en el Parlamento de Canarias para exponer la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2023.

Los centros de menores están “muy saturados”, lo que dificulta el trabajo de los educadores y lleva a que haya “más enfados y peleíllas, pero nada especial”, ha manifestado la fiscal superior, quien ha agradecido el esfuerzo del Gobierno de Canarias, porque ninguna otra comunidad autónoma está en esta situación.

Según la recopilación de la Fiscalía, en 2023 llegaron a Canarias 697 embarcaciones con 40.190 personas migrantes y se contabilizaron 36 fallecimientos, 143 detenciones y 95 ingresos en prisión.

La mayor parte de los migrantes eran hombres (36.191), mientras que 2.272 eran mujeres, 3.193 eran menores cuya edad fue determinada por las pruebas y 2.084 eran menores “indubitados”.

La gran llegada de menores de edad principalmente a partir de agosto llevó a que se trasladara a Tenerife una unidad de especialistas de la Guardia Civil para realizar pruebas de determinación de edad.

En la primera mitad del año se incoaron 236 expedientes de determinación de edad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero al final del año fueron 2.410 en total, gracias a que este equipo especial de la Guardia Civil realizó 1.300 pruebas en mes y medio.

En Las Palmas se abrieron 1.600 expedientes para la determinación de edad en 2023 y en toda Canarias 3.471 expedientes en total.

María Farnés Martínez puso énfasis en las carencias de medios para atender a las víctimas de violencia doméstica, especialmente en Santa Cruz de Tenerife, donde las mujeres muchas veces se ven obligadas a retirar sus denuncias debido a la falta de apoyo y de capacidad para conocer sus alternativas y derechos.

“Si no funcionan las oficinas de protección de las víctimas, estas entienden que el mal menor es retirar la denuncia y volver con su agresor, pero es por una cuestión económica”, denunció la fiscal.

Martínez consideró llamativo que el delito que más aumenta en cuanto a violencia de género es el de quebrantamiento de condena y de medidas cautelares, generado por una recuperación de la convivencia, al fallar las medidas de protección.

En cuanto a la evolución de los procedimientos y de la criminalidad, la fiscal indicó que se tramitaron 149.285 procedimientos penales en 2023, con una disminución del 7,3% en la provincia de Las Palmas y un aumento del 15,59% en la de Santa Cruz de Tenerife.

Las sentencias de conformidad aumentaron hasta alcanzar el 98% de los casos, dijo Martínez, y defendió que se avance en la implementación de la justicia restaurativa o la mediación como alternativas en la resolución de conflictos.

Los delitos contra la vida y la integridad física subieron en la provincia de Las Palmas en 2023, aunque bajaron los homicidios dolosos, al contrario que en Santa Cruz de Tenerife, donde estos últimos pasaron de 38 en 2022 a 60 en 2023.

En el ámbito civil, las quejas de la Fiscalía incluyen la demora y la falta de calidad en los informes de evaluación psicosocial, la saturación de los puntos de encuentro y la permanencia de personas con discapacidad en los hospitales pese a haber recibido el alta médica.

La memoria de la Fiscalía refleja además un aumento de delitos relacionados con el uso de nuevas tecnologías y de la ciberviolencia machista, así como un aumento de las diligencias en delitos medioambientales.

En cuanto a las infraestructuras con las que cuenta la Fiscalía, Martínez recordó que las instalaciones en la sede de Santa Cruz de Tenerife presentan una necesidad urgente de ampliación para pasar a ser similar a la de Las Palmas y poder ofrecer un nivel de servicio equitativo.

Las deficiencias en Tenerife limitan la capacidad para aumentar el número de fiscales y órganos judiciales, lo que afecta a la calidad de la administración de justicia, denunció.

También hay carencias en Puerto del Rosario, donde la situación es crítica: la sede no cuenta con ventilación, aire acondicionado y, en ocasiones, se producen inundaciones de aguas residuales, lo cual impide su expansión y obliga a los fiscales a trabajar desde sus hogares.

En San Bartolomé de Tirajana, los fiscales han tenido que ser trasladados a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria por falta de espacio.

La situación es tal en esa sede que se ha renunciado a un funcionario de refuerzo porque no había donde ubicarlo.