“Llegué a España hace cinco meses. Me estoy quedando en un cuarto, pero sin contrato de arrendamiento. No puedo acceder al padrón. Sin padrón, mi niño no puede acceder a ninguna escuela infantil. No le dan plaza, porque no estamos empadronados. Como tengo que cuidarlo, no puedo trabajar”. Judith González lleva desde junio tratando de inscribir a su bebé en una guardería del Ayuntamiento de Madrid. El sistema de puntos que determina la admisión en las escuelas de titularidad pública considera “esencial” el empadronamiento. Las familias migrantes quedan, muchas veces, “invisibilizadas”, atrapadas en una especie de túnel burocrático sin salida.

En este contexto, 16 colectivos sociales de Madrid han puesto en marcha la campaña Invisibles, padrón por derecho. La iniciativa surge para retomar la “lucha histórica” de los movimientos antirracistas y velar por el cumplimiento de la ley. “El padrón es una obligación que tienen los ayuntamientos con todas las personas que residen en un municipio, independientemente de su nacionalidad y de si cuentan, o no, con permiso de residencia. El ascenso de la derecha y la extrema derecha ha intensificado las dificultades de las personas migrantes para acceder al padrón”, denuncian los convocantes.

La negación del derecho al padrón supone, de hecho, la imposibilidad de acceder a cuestiones tan básicas y rutinarias como la atención médica, los subsidios por desempleo o la escolarización de los menores. “El caso de Judith es particularmente sangrante. Como la educación infantil no es obligatoria, las administraciones competentes no le asignan plaza. Los niños migrantes no pueden ir al colegio y las mamás, no tienen conciliación. El padrón es la primera barrera y la más infrahumana. Las personas migrantes son invisibles, no existen. Luego hablamos de su falta integración…”, reivindica Nines Cejudo, portavoz de la campaña.

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Judith no es la única que ha visto truncados sus planes a causa del racismo institucional. Farzana está embarazada y utiliza una tarjeta prepago para hablar con su madre. “Quería hacer un contrato telefónico, porque me sale más barato y necesito ahorrar para cuando llegue el bebé. Las compañías me exigen una cuenta bancaria. He ido a cuatro sucursales distintas y me piden el padrón. Sin padrón, no puedo abrir una cuenta bancaria”, expone.

Las personas migrantes tampoco se libran de las trabas cuando el sistema les abre una puerta. A Fernando, su compañía le bloqueó la cuenta sin previo aviso, alegando que la documentación había caducado. El joven tenía domiciliada su nómina y dependía de ese dinero para hacer la compra y pagar el alquiler. Los bancos están obligados a facilitar productos sin apenas comisiones, como una cuenta de pago básica, para que las personas en situación de vulnerabilidad no caigan en la exclusión financiera.

Los activistas recuerdan también que las personas que no tienen padrón difícilmente pueden solicitar o renovar su permiso de residencia. Esto es lo que le pasó a uno de los portavoces de la Red Interlavapiés, Abdoulaye Thiaw. “No puedo renovar mi tarjeta de residencia, porque uno de los documentos que me exigen es precisamente el padrón. Es incomprensible y frustrante, porque la solución no está en mi mano”, denuncia en una conversación con Público. El joven, de origen senegalés, lleva más de cinco años en España.

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Nines Cejudo, portavoz de la campaña, no logra entender por qué los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid “sólo registran a las personas que consideran extremadamente vulnerables, para darles acceso a una batería de derechos” y define el planteamiento como una “contradicción” en sí misma. “La Administración está reconociendo que las personas en riesgo de exclusión social sí necesitan el padrón para adquirir derechos. ¿Qué falla entonces?”, sugiere la activista. El criterio de selección, además, no siempre funciona.

Eva quiere solicitar el ingreso mínimo vital, pero debe cumplir una serie de requisitos, como figurar en los registros del padrón municipal. La joven llegó hace dos años a Madrid y sigue sin poder acceder a la prestación. El problema se agudiza en plena crisis de la vivienda y las personas migrantes, sin padrón, tampoco pueden optar a los pisos de protección oficial. “Tengo la nacionalidad [española] y trabajo en régimen de interna en un hogar. No me he podido empadronar, porque mis jefes [con los que vive] no han querido, por eso no tengo derecho a una vivienda pública”, explica Ilma, de 52 años, también afectada.
Un Estado de Derecho excluyente

El Ayuntamiento de Madrid reconoce –legalmente– el derecho al empadronamiento de los vecinos. El Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social publicó un decreto el 22 de julio de 2020 con los criterios para homogeneizar el proceso en la red local de Servicios Sociales. La directriz establece que “puede y debe recurrirse a un domicilio ficticio” cuando “una persona que carece de techo” resida de forma habitual en el municipio. “¿Por qué se les está negando el empadronamiento? La explicación es puramente política, los ayuntamientos no cumplen sus propias leyes”, desliza Nines Cejudo.

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El BOE recoge, además, que para empadronarse no es necesario presentar ni el permiso de residencia, ni el DNI o NIE, como muchas veces exigen las autoridades competentes. El pasaporte es suficiente, igual que lo son “el resguardo de presentación de la solicitud de protección internacional” o “los documentos acreditativos de la condición de solicitante, en tramitación, de protección internacional”. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que “dar la cara es lo más complicado”, porque las personas migrantes tienen “miedo” y quieren huir de la revictimización, de ahí la “invisibilización” del conflicto.

Las plataformas detrás de Invisibles, padrón por derecho denuncian que las instituciones municipales vulneran de manera sistemática las garantías de las personas migrantes e impiden su empadronamiento, salvo cuando tienen una vivienda en propiedad o un contrato de alquiler a su nombre, cosa que, “si tenemos en cuenta que casi siempre tienen que subarrendar una habitación”, resulta prácticamente imposible. El lanzamiento de la campaña tendrá lugar este sábado, 26 de octubre, entre las 19.00 y las 21.00 en el Museo Reina Sofía. “El padrón es la primera zancadilla del sistema, te hunde en un Estado de Derecho que no está hecho para ti”, sentencian los organizadores.