El Ministerio de Infancia y Juventud ha denunciado ante la Fiscalía de Menores que el centro de menores migrantes de Cantueña, ubicado en Fuenlabrada en una zona industrial y aislada de áreas urbanas, podría estar vulnerando los derechos fundamentales de los niños que allí residen.

Según la denuncia, este centro no garantiza el bienestar de los menores debido a su ubicación, alejada de los núcleos urbanos de Parla, Pinto, Fuenlabrada y Getafe. El edificio alberga actualmente a unos treinta menores, según un trabajador. Las instalaciones, que abarcan 4.000 metros cuadrados, incluyen un campo de fútbol, pero en los alrededores no existen ofertas de ocio ni hay nada que hacer.

El centro de Cantueña se transformó en la respuesta de emergencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para acoger a menores migrantes que llegan a su territorio tras ingresar de forma irregular en España. Ante la falta de plazas, la Comunidad de Madrid había declarado cuatro emergencias entre enero y abril de este año para habilitar nuevas camas con urgencia. Como solución, se decidió reacondicionar un edificio de tres plantas que llevaba abandonado desde 2009.

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“Es un centro de menores que, según nuestros servicios jurídicos, podría estar vulnerando los derechos fundamentales de la infancia por la ubicación en la que se encuentra, por el formato que tiene. Es un centro que tiene que ver con políticas de segregación, políticas que a nuestro juicio son políticas racistas”, ha reprochado Rego.

El principal inconveniente es que las viviendas más cercanas al centro no se encuentran en Fuenlabrada, sino en el municipio vecino de Parla, y para llegar a ellas es necesario recorrer 1,3 kilómetros de terreno abierto. La autovía de Toledo, la A-42, pasa justo enfrente. Además, el instituto más próximo en Fuenlabrada está a una hora y cuarto, mientras que el centro de salud más cercano se encuentra a hora y media de distancia.

La titular de Infancia ha señalado que su ministerio “ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de menores un escrito preparado por los servicios jurídicos del Ministerio de Juventud, una denuncia a la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso por la construcción de ese centro de menores de Fuenlabrada”.

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El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, del PSOE, fue el primero en oponerse al proyecto y trasladó su “preocupación” sobre el centro, con capacidad para 96 menores, a la Comisión Europea. Desde Más Madrid lo han calificado como una “cárcel” y CCOO ha criticado su enfoque de “macrocentro”, pero el ministerio de Sira Rego ha expresado una oposición aún más contundente.

El Ministerio argumenta que el contrato de gestión de este centro de primera acogida para menores extranjeros no acompañados en la Comunidad de Madrid podría contravenir el “interés superior del menor,” principio esencial del ordenamiento jurídico español y de tratados internacionales. Dicho interés debería proteger la garantía de un entorno adecuado y de apoyo para el desarrollo de los niños migrantes.

El centro cuenta con 96 plazas y se define como un espacio de media estancia para adolescentes no acompañados, destinado a acogerlos hasta que cumplan la mayoría de edad o se decida su traslado a otro centro. Sin embargo, la duración de la estancia puede extenderse más de seis meses, lo cual podría estar afectando el bienestar de los menores, según el Ministerio.

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Este centro también sirve como un recurso adicional al centro de primera acogida de Casa de Campo, el cual es el punto de referencia en la Comunidad de Madrid cuando las autoridades localizan a menores no acompañados.

El Ministerio insiste en que la ubicación y las condiciones del centro de Cantueña no cumplen con los principios establecidos para proteger a los menores y ha solicitado una revisión del contrato y de las condiciones de acogida.