Una persona sola, de entre 35 y 65 años, de nacionalidad española y pobre: con unos ingresos anuales que no superan los 8.600 euros. Este es el perfil mayoritario de los solicitantes de vivienda con protección oficial en 2023 en el registro de la Agencia de la Vivienda de la Generalitat de Cataluña y el del Ayuntamiento de Barcelona, el único que tiene su propia lista. Lo muestra el informe de la administración catalana de finales del año pasado, cuando la suma total de solicitantes era de 92.745 personas. Diez meses después, las solicitudes rozan las 100.000, apuntan fuentes de la agencia.

Bajando al detalle, las peticiones de hogares formados por una sola persona son las más numerosas, un 46% del total. El 23% son hogares de dos personas, el 14% de tres, y los hogares de cuatro o más miembros no alcanzan ni el 10% cada uno. Los datos disgregan las familias numerosas, que solo son un 7,8% de los solicitantes; y las monoparentales, con un 7,4% del total. Las personas con alguna discapacidad son solo el 1% de los solicitantes. Por grupos de edad, el grueso de los solicitantes son personas de entre 35 y 65 años (un 61% de todos los que piden VPO), los de entre 18 y 35 representan el 27%; y los mayores de 65, el 12%.
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Los datos también muestran que tres de cada cuatro solicitudes inscritas (el 75%) son de personas de nacionalidad española. Una cuarta parte son de personas nacidas en países no comunitarios y las solicitudes de comunitarios no llegan ni al 1% (232 solicitudes del global de casi 93.000). Estos porcentajes se mantienen estables en el tiempo desde 2010, cuando se creó el registro a raíz de la Ley del Derecho a la Vivienda del gobierno tripartito de PSC, ERC e ICV. El porcentaje de solicitantes de origen extranjero es superior a su presencia en la población catalana (25% de solicitantes frente a un 13,5% en el censo, según el Idescat). lo que se explica por la mayor incidencia de la pobreza entre los migrantes.

El politólogo, experto en estudios urbanos y director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP), Ismael Blanco, atribuye la diferencia de porcentajes al hecho de que “la tasa de riesgo de pobreza entre la población extranjera en Cataluña (39,9%) triplica la de la población española (13%), y en en el área metropolitana de Barcelona la cuadruplica”. “No son tantos solicitantes como correspondería si atendemos a sus niveles de pobreza”, concluye sobre unos datos de pobreza que no distinguen entre migrantes comunitarios y no comunitarios, donde el riesgo de vulnerabilidad es todavía más alto.
Detalle de la vivienda pública que se está terminando en la plaza de les Glòries de Barcelona. Un complejo con casi 240 pisos en cuatro edificios unidos entre sí.
Detalle de la vivienda pública que se está terminando en la plaza de les Glòries de Barcelona. Un complejo con casi 240 pisos en cuatro edificios unidos entre sí.Gianluca Battista

De hecho, igual que el hecho de vivir solas, la pobreza es denominador común entre casi la mitad de las personas que solicitan vivienda pública. El 47% está por debajo del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), “el nivel de ingresos por debajo del que se considera que no se puede vivir con dignidad y permite acceder a prestaciones de carácter económico”. En 2023 en Cataluña era de 8.600 euros anuales. Después de esta franja, el 37% de las solicitudes son de hogares que ingresan hasta 2,3 veces el IRSC (19.800 euros al año). Si se cruzan los ingresos del hogar y las personas que lo forman, las personas más pobres y a la vez que viven solas vuelven a ser mayoría.

Entre las cuestiones que plasma el informe se evidencia un decalaje entre la tipología de viviendas de protección que más solicita la ciudadanía y la que se está produciendo. Mientras la mayoría de VPO que se adjudica actualmente es de alquiler, el 88% de las solicitudes piden la modalidad de alquiler con opción a compra y el 37% pisos de compra. Menos de la mitad, el 48% solicita pisos de alquiler. Y el 8% del total (que corresponden sobre todo a la ciudad de Barcelona) son viviendas con derecho de superficie. Esto es, construidas por entidades o cooperativas sobre suelo cedido por los municipios, normalmente por 75 años, pero en los que la administración no pierde la propiedad del solar.

Los datos de este informe de la Generalitat se centran en los solicitantes de vivienda pública cuyas solicitudes han sido aceptadas, porque cumplen los requisitos, y están en trámite, explican en la Agencia. No recogen las cifras y perfiles de los adjudicatarios de vivienda de protección. En Cataluña puede solicitar vivienda pública cualquier persona mayor de edad, que no tenga una vivienda en propiedad (o si la tiene pero está en estado ruinoso o es una infravivienda, entre otras excepciones). Otros requisitos son estar empadronado en un municipio de Cataluña, cumplir el límite de ingresos que establece la normativa sobre vivienda de protección (se ponderan en función de los ingresos de la unidad de convivencia tomando como referencia el IRSC, los miembros de cada unidad y se pondera en función de la zona geográfica donde se ubica la vivienda) y no tener alguna circunstancia que suponga la exclusión como solicitante. Estas son haber renunciado a una vivienda de protección adjudicada o que la inscripción se revocara por cambios en las condiciones originarias de la inscripción en el registro. No se puede repetir la inscripción en los cinco años siguientes a la fecha de renuncia o revocación de la solicitud. Es importante también saber que las solicitudes deben renovarse año a año para mantenerlas vivas.