Se plantean ideas, hay negociaciones, se recibe un ‘no’. Se plantean más ideas, siguen las negociaciones, llega una carta, y se dice que ‘no’. La modificación de la ley de Extranjería y el trabajo previo antes del cambio del artículo 35 del texto normativo recuerda al día de la marmota. Ha pasado un año desde que el Gobierno de Canarias y el Estado comenzaron a moverse para conseguir, con la reforma legislativa, que la distribución de los menores migrantes que llegan al archipiélago sin la compañía de un familiar entre las comunidades autónomas sea obligatoria, pero el acuerdo parece cada vez más lejano.

Tras levantarse el PP de la mesa de negociación el 5 de octubre, el nuevo escollo es la necesidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y dependientes de Vox para sacar adelante sus nuevos presupuestos. La avanzadilla ha sido Baleares, cuya presidenta, Marga Prohens (PP) declaró que su comunidad «no tiene condiciones» para acoger a los niños y niñas derivados de otras comunidades autónomas, compartiendo así la postura de la ultraderecha.

A pesar de que en este territorio Vox no formaba parte del Gobierno, sí que se necesita el apoyo de la formación para que los presupuestos autonómicos salgan adelante. Por su parte, añadió en este punto que la red de acogida de la región tiene un 850% de sobreocupación.

Tras este varapalo, se sospecha que vendrá el resto de las cinco comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y que requieren del apoyo de Vox para sacar las cuentas: Comunidad Valenciana, Castilla y León, Región de Murcia, Aragón y Extremadura. En estos territorios ya se rompieron los pactos de Gobierno en julio de este año a raíz del acuerdo al que se llegó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en Tenerife, de trasladar a 400 menores migrantes a otras comunidades autónomas. Una distribución que se basa en el mecanismo solidario que se ha estado llevando a cabo hasta ahora.

Y es que Vox ha pedido que, si los populares quieren su apoyo en las cuentas, no se asuma a los menores que se deriven desde Canarias. Todo esto hace pensar que, a día de hoy, el final está más cerca, aunque no será el que los más de 5.200 niños y niñas que tutela el archipiélago necesitan

Asunto de Estado
El Gobierno de Canarias sigue defendiendo que la gestión de la migración y la situación de los menores migrantes ha de ser «un asunto de Estado» en el que se ponga por encima «salvaguardar los derechos de los niños y niñas», según explica el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello. Por tanto, sobre el pleito en las comunidades que dependen de Vox para sacar adelante los presupuestos, Cabello defiende que la responsabilidad en dar una respuesta a este drama humanitario debe estar «por encima de los acuerdos puntuales». Como ha expresado en diferentes ocasiones desde que comenzaran las negociaciones «Canarias no puede abordar en solitario toda la presión migratoria de la ruta del Atlántico».

En un año se han planteado diversas alternativas para dar respuesta al drama humanitario que vive el archipiélago. Desde la creación del solicitado «mando único», que se materializó con la Comisión Interministerial de Inmigración con el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al frente; hasta la propuesta en firme de la reforma de la ley de extranjería.

Esta busca que los menores migrantes sean derivados a otras comunidades autónomas cuando la región de llegada supere el 150% de su capacidad de acogida. Se logró, después de intensas reuniones del Ejecutivo autonómico y estatal con los grupos parlamentarios en el Congreso, que se votara en la Cámara Baja la toma en consideración de esta reforma. Esta fue tumbada por los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts.

Por ello es determinante contar con el apoyo de los populares. Desde el Ejecutivo regional, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reconoció el esfuerzo de su socio de Gobierno, Manuel Domínguez (PP), en «pelear» con sus compañeros en Génova para lograr que se sienten, de nuevo, en la mesa de negociación.

Argumentos para no apoyar la reforma, como la falta de financiación, ya han sido resueltos. En este caso, durante la última semana Clavijo se reunió con la vicepresidenta del Ejecutivo estatal y también ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Desde Moncloa se confirmó que el archipiélago recibirá una transferencia, a finales de este mes o principios de noviembre, de 100 millones de euros para afrontar la acogida de menores migrantes.

Y en estas últimas semanas, el Ejecutivo canario convocará al Partido Popular y al PSOEa una nueva reunión para ser decisivos y dar un ‘sí’ o un ‘no’ a acoger a los miles de niños migrantes que siguen llegando y que merecen una respuesta digna.