Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un grupo criminal de ámbito internacional, asentado en las provincias de Toledo y Madrid, presuntamente dedicado al tráfico ilegal de migrantes de origen sirio y argelino.

Se les considera responsables de la entrada clandestina en España de al menos 70 personas a bordo de embarcaciones rápidas fletadas desde Argelia. Los migrantes pagaban a la organización hasta 10.000 euros por el traslado, la permanencia en nuestro país y el posterior tránsito a otros países europeos.

Hay tres detenidos en la provincia de Toledo, entre los que se encuentra el líder de la organización que ha ingresado en prisión provisional, y se han intervenido, entre otros objetos, un fusil de asalto simulado y un machete de grandes dimensiones

La investigación que ha permitido la desarticulación de este grupo criminal se inició a raíz de una operación policial anterior, de la que su obtuvieron indicios suficientes de la existencia de una red asentada en las provincias de Toledo y Madrid dedicada al tráfico de migrantes desde Argelia a España.

Coordinados con una célula argelina
Las diversas indagaciones llevadas a cabo por los agentes permitió constatar que esta organización, en perfecta coordinación con una célula matriz ubicada en Argelia, utilizaba embarcaciones rápidas para trasladar de manera clandestina a los migrantes, tanto sirios como argelinos, desde las costas de Argelia a las de Almería y Murcia.

La ruta migratoria de los ciudadanos sirios tenía como punto de partida el aeropuerto de Beirut (Líbano) desde donde eran trasladados hasta Egipto. Desde allí se desplazaban a Libia y posteriormente a Túnez, hasta llegar finalmente a Orán (Argelia).

Las travesías, principalmente nocturnas para evitar ser detectadas, se realizaban en embarcaciones desprovistas de cualquier medida de seguridad, agua o comida, por lo que suponían un grave riesgo para la vida de los migrantes. Una vez en España, y con una coordinación meticulosa, eran trasladados por carretera hasta pisos de seguridad y hostales en las provincias de Toledo y Madrid, donde permanecían ocultos en pésimas condiciones hasta que eran transportados a otros lugares del territorio nacional u otros países europeos, principalmente Alemania.

Uso de la violencia
La red cobraba por los servicios que ofrecía hasta 10.000 euros por migrante y no dudaban en ejercer la violencia contra aquellos que no abonaban la deuda contraída en el plazo acordado. Sus integrantes, con el fin de evitar el control y seguimiento policial, se movían por el territorio nacional con distintos documentos de identidad falsificados, habiéndose constatado que el cabecilla de la red habría usado hasta siete identidades distintas.

La investigación policial ha concluido con la detención de los tres integrantes de la organización criminal, a los que se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y contra la seguridad vial. También se ha llevado a cabo un registro domiciliario y una inspección en un establecimiento de la provincia de Toledo donde se ha intervenido un arma de asalto simulada, un machete de grandes dimensiones, nueve terminales móviles, tres relojes de lujo, una cadena de oro, distintos documentos de identidad y otros documentos vinculados con la investigación.