El aeropuerto de Ciudad Real no será utilizado, finalmente, como centro de acogida temporal para inmigrantes. El Gobierno central ha desistido de este proyecto que se encontraba en fase de estudio tras las advertencias que desde hace 10 días lleva emitiendo la Junta de Castilla-La Mancha, incluida la de que con la normativa en vigor sería una actuación “ilegal”.

En un comunicado, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social explica que, “después de semanas de prospección” y “por motivos técnicos”, se ha tomado la determinación de descartar estas instalaciones como alojamiento para extranjeros que han entrado en España en situación irregular. “A pesar del incremento de las llegadas con respecto al último año, la situación actual y la proyección para el último trimestre nos hacen trabajar dirigiendo recursos hacia otras alternativas”, señala el departamento de Elma Saiz.

Previamente, el Gobierno del socialista Emiliano García-Page había desvelado este jueves que los propietarios del aeropuerto de titularidad privada cobrarían 1,3 millones de euros al mes por albergar temporalmente a inmigrantes en sus instalaciones, una información que figuraría en un contrato confidencial que no ha llegado a hacerse público. “Han querido confundir o engañar a la ciudadanía haciendo ver que lo que quieren hacer es una acción humanitaria cuando claramente detrás hay un negocio del que pretenden sacar importantes beneficios”, ha denunciado la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla.

En el Ministerio explican que se hacen “prospecciones constantes por todo el territorio con el fin de encontrar instalaciones que formen parte del Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional”. Asimismo, subrayan que seguirán adelante en esta tarea para la que reclaman la “inestimable la solidaridad interterritorial y el apoyo de las diversas administraciones, como ha venido ocurriendo hasta ahora, para hacer frente al desafío común de la migración”.

“Estoy enormemente satisfecho de que el Gobierno haya cancelado la intención de crear no un centro de tratamiento cariñoso y amable de los emigrantes, sino algo tan complicado que ni siquiera nadie se ha atrevido a explicarlo”, ha afirmado Page tras conocer la noticia. “Desde luego lo que se planteaba no sólo no arreglaba el problema, ni siquiera lo cambiaba de sitio, sino que además creaba otros muchos, algo que no nos podríamos permitir después del esfuerzo inmenso que pagamos todos y muy caro para contar con una infraestructura para que, desde la ilegalidad, se pudiera dedicar a algo no sólo para lo que no estaba previsto, sino que claramente que anulaba e imposibilitaba la esperanza que tenemos aún de que sirva para lo que se imaginó en su momento”, ha agregado.

También el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, celebró que se haya dado marcha atrás a lo que considera que era una iniciativa “terrible” a la par que “imposible”. Según el regidor del PP, su partido ha liderado el consenso en el rechazo que ha unido a “colegios profesionales, cámaras de comercio, empresarios, sindicatos y redes de inmigración”, informa Efe.

Por su parte, en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha aseguran que la propuesta de acondicionar el aeropuerto de la región en desuso desde 2011 no salió del organismo que dirige la también socialista Milagros Tolón, que a diferencia de Page sí que es afín a Pedro Sánchez, secretario general del partido. De hecho, defienden que el Ejecutivo “jamás” crearía “ni campos de concentración” ni centros de alojamiento de inmigrantes como los que la presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha planeado en Albania y que era una de las críticas que había hecho el dirigente de su región al proyecto del Ministerio de Inclusión.

La que se había opuesto frontalmente a esta posibilidad era la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, ya que considera que “generar un espacio aislado hace que las vías de integración posibles sean nulas”. Además, se quejaba de que entidades como la suya hubieran tenido “mayor complejidad de la ya existente para poder monitorizar o interactuar con quienes sean ahí ubicados, debilitando las garantías y la seguridad jurídica”.

Ciudad Real International Airport, la compañía privada propietaria de la instalación en torno a la que gira esta polémica que Moncloa consideraba “artificial”, debía 6.231.746 euros a la Agencia Tributaria según el último listado de morosos publicado por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de junio. Este periódico se puso en contacto con su administrador único, Rafael Gómez Arribas, para conocer si los términos del posible acuerdo que podría haber cerrado con el Ministerio de Inclusión para la acogida de personas sin papeles sería a cambio de una reducción de esa deuda, pero no respuesta.

Un “negocio”
Durante su intervención este miércoles en el Foro Abc, el presidente de Castilla-La Mancha había insistido en que la posibilidad de acoger a personas extranjeras en un aeropuerto “en medio del campo” era una “clara ilegalidad” y que la empresa propietaria lo único que se planteaba era “una explotación de negocio sobre unos seres humanos”. “Lo puedo entender en una lógica económica, pero a mí me parece que no se puede amparar políticamente”, señaló.

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Además, acusó al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de actuar “de la peor manera posible, sin hablar con nadie, de la noche a la mañana” y con un “aquí te pillo aquí te mato”. A lo que apostilló: “Esto me parece increíble. Entiendo el problema, pero así no se pueden hacer las cosas. Y cuando las formas fallan son reveladoras del fondo”.