El Ministerio de Juventud e Infancia ha acudido a la Fiscalía de Menores para denunciar un centro que la Comunidad de Madrid abrió en Fuenlabrada para acoger a menores migrantes. El departamento de Sira Rego mantiene que la ubicación de estas instalaciones, rodeadas por un enorme polígono comercial y alejadas de los cuatro centros urbanos más cercanos, no atiende al interés superior del menor y “podría suponer una clara vulneración de los derechos fundamentales”, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El edificio atiende actualmente a una treintena de menores de edad, según un trabajador. Las instalaciones, de 4.000 metros cuadrados, cuentan con un campo de fútbol, pero alrededor no hay absolutamente nada que hacer.

El centro de Cantueña se convirtió en el plan de emergencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para atender a los menores migrantes que llegan a su territorio después de haber entrado irregularmente en España. Sin más plazas disponibles, la comunidad ya había declarado cuatro emergencias, de enero a abril de este año, para disponer de nuevas camas de forma urgente. Su solución fue rehabilitar un edificio de tres plantas abandonado desde 2009. El problema fundamental es que las viviendas más cercanas al centro de menores no pertenecen a Fuenlabrada, sino a otro municipio vecino, Parla, y para llegar a ellas hay que recorrer 1,3 kilómetros de campo a través. Enfrente ruge la autovía de Toledo, la A-42. El instituto más cercano en Fuenlabrada se encuentra a una hora y cuarto, y el centro de salud más cercano a hora y media. El primero en rechazar el proyecto fue el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, que transmitió a la Comisión Europea su “preocupación” por este centro con capacidad para 96 niños y adolescentes. Más Madrid lo tachó de “cárcel” y CC OO criticó el modelo de “macro centro”, pero el ministerio de Sira Rego ha ido más allá.

Centro para menores extranjeros de Fuenlabrada.
Centro para menores extranjeros de Fuenlabrada.
Comunidad de Madrid
El documento enviado a la fiscal Teresa Gisbert destaca que el centro, que en un primer momento fue descrito como de atención inmediata, tendría en realidad, según las cláusulas del contrato, un doble uso y los menores podrían pasar allí periodos superiores a los seis meses. El tiempo de estancia es clave cuando se trata de evaluar la idoneidad de un centro de menores (aunque también de adultos): el emplazamiento es menos relevante si se trata de un lugar donde los acogidos apenas van a pasar unos días o algunas semanas antes de su derivación a un lugar mejor, pero puede ser determinante si realmente un lugar aislado se concibe como el nuevo hogar de decenas de menores. “Integrar no es solo comer, dormir y tener un techo, es también generar espacios comunes para que el entorno no sienta desconfianza y los menores no se encierren aún más en sí mismos”, explicó ante la inminente apertura del centro una portavoz de Accem, una organización que gestiona centros de menores, pero sobre todo de adultos migrantes en toda España. “Hay que facilitar que el menor tutelado pueda imbricarse en la vida de la ciudad o pueblo en el que está acogido y el urbanismo no puede suponer una barrera. Alejarlos favorece la creación de guetos y la estigmatización”.

La conclusión del Ministerio tras estudiar el expediente del contrato de dos años de gestión, adjudicado a una empresa por 10,7 millones de euros, es que el centro no atiende al interés superior del menor. “Se considera que la ubicación del centro de primera acogida y media estancia Cantueña para menores extranjeros no acompañados en medio de un polígono industrial y alejada de los cuatro núcleos urbanos más próximos (Parla, Pinto, Fuenlabrada y Getafe) podría vulnerar los siguientes instrumentos jurídicos en cuanto no se ha determinado formalmente el interés superior del menor”, se lee en el documento que pasa a enumerar las normas nacionales e internacionales que determinan cómo debe ser la atención a los menores de edad. Entre ellos menciona la Convención sobre los Derechos del Niño que reconoce “el derecho de todo niño a un nivel adecuado para su desarrollo”. Se recoge también el propio derecho autonómico que en su Estatuto de las Residencias de Atención a la Infancia y Adolescencia protege la “normalización de la vida cotidiana” o “el principio de integración de los niños”. O la legislación nacional que garantiza el derecho de los menores a “participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno”. Recuerda además las recomendaciones de la Comisión Europea sobre como deben ser los programas de protección de la infancia que, entre otras cosas, requieren de “sedes adecuadas y accesibles”.