El Gobierno de España descarta el proyecto de utilizar el aeropuerto de Ciudad Real como Centro de Atención de Emergencia y Derivación (CAED) de migrantes adultos en situación de máxima vulnerabilidad. Después de más de una semana de polémica al trascender que el Gobierno de España barajaba esta posibilidad, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comunicó esta tarde que el aeródromo manchego no está en su agenda de opciones.

Según el Ministerio, «después de semanas de prospección, por motivos técnicos se ha tomado la determinación de descartar las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real para construir un Centro de Atención de Emergencia y Derivación, el quinto de estas características en el territorio».

«A pesar del incremento de las llegadas (de migrantes) con respecto al último año, la situación actual y la proyección para el último trimestre nos hacen trabajar dirigiendo recursos hacia otras alternativas», añadió el Ministerio, que reconoce estar haciendo «prospecciones constantes» por el territorio nacional para encontrar instalaciones «que formen parte del Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional, un sistema flexible y acorde a las necesidades que ofrece recursos para aliviar los puntos de primeras llegadas, como son las islas Canarias, Baleares o el sur de la Península». En este sentido, el Gobierno reclama «la solidaridad interterritorial y el apoyo de las diversas administraciones, como ha venido ocurriendo hasta ahora, para hacer frente al desafío común de la migración».

La oposición de Castilla-La Mancha
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recalca que los CAED son centros en régimen abierto donde a los migrantes se les ofrece una primera atención humanitaria y, tras varias entrevistas y el estudio de sus necesidades, vulnerabilidades y sus redes familiares, «se trasladan a recursos más adecuados para cada caso particular con el objetivo de facilitar su inclusión». No obstante, la primitiva idea del aeropuerto de Ciudad Real, consensuada con los propietarios de esta instalación privada que actualmente sólo acoge escasos vuelos privados, contó desde el primer momento con la oposición de la Junta de Castilla-La Mancha gobernada por el PSOE, el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Diputación Provincial ambas gobernadas por el PP y Vox, la Cámara de Comercio de esta provincia y la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha.

El Ejecutivo castellano-manchego, que había desvelado que el aeropuerto hubiera percibido 1.300.000 euros al mes como compensación del Estado para albergar migrantes, se felicitó de esta marcha atrás del Gobierno de España e insistió este jueves en convocar urgentemente una Conferencia de Presidentes para buscar soluciones al problema de la crisis migratoria.