Una mañana de un día cualquiera, en Roma, tuvo lugar una sonrisa en la que se apreciaba cierta complicidad. Era la que se estaban intercambiando el hasta entonces primer ministro italiano, Mario Draghi, y su futura sucesora, Giorgia Meloni. La tradición marca que cuando se ejecuta el passaggio della campanella la entrega de la “campanita” se completa, en ese instante, el paso hacia un nuevo Gobierno transalpino. Aquella mañana, cuando Supermario le entregó el testigo a Giorgia, se estaba cruzando hacia una nueva era antropológica de la política italiana. La primera mujer al frente del Palacio Chigi, ante el Ejecutivo más conservador de la Italia republicana.

Giorgia Meloni, así pues, cumple oficialmente dos años al frente del Gobierno italiano y lo hace en medio de un clima de desafío hacia la Justicia italiana y europea. Los centros de deportación de migrantes en Albania recién estrenados la semana pasada, pero actualmente vacíos son la gran apuesta política del Ejecutivo de Meloni a nivel interno e internacional con la que la primera ministra ultraconservadora querría marcar, poniendo el foco en el fenómeno migratorio, un antes y un después en el futuro de la Unión Europea (UE).

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La primera ministra italiana sabe que tiene encima la mirada de toda Europa y con tal de lograr su plan migratorio en Albania, Giorgia Meloni está poniendo toda la carne en el asador: ha desoído la sentencia vinculante del Tribunal de Luxemburgo acerca de incluir a Bangladesh, Túnez y Egipto como países seguros; ha acatado con crispación la anulación del Tribunal de Roma de deportar los primeros migrantes a Albania el Ministerio de Interior acaba de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo del país, alegando que se trata de una decisión “equivocada” e “injusta”; y, finalmente, ha aprobado un decreto este mismo lunes para elevar a norma de ley que países como Bangladesh, Túnez y Egipto sea definidos, a partir de ahora, como países seguros.

Los migrantes que llegan a Italia desde Bangladesh, Túnez y Egipto, lo hacen desde países que no son seguros para sus nacionales. Pero el Ministerio de Exteriores del Gobierno de Giorgia Meloni, igualmente, el pasado mayo definió a estos países como seguros; para poder deportar a Albania los migrantes, hombres, no vulnerables rescatados por las Fuerzas Armadas italianas en aguas internacionales. Datos oficiales en mano, Bangladesh, Túnez y Egipto representan, de hecho, el 40% de los flujos migratorios Mediterráneo Central: el plan de Meloni de deportarlos a Albania es la fórmula para expulsarlos lo más rápidamente posible sin un apropiado estudio de sus solicitudes de asilo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sede en Luxemburgo, a principios de octubre, rechazó la definición de Bangladesh, Túnez y Egipto como países seguros de forma automática, por parte del Ejecutivo de Roma, para cualquier solicitante de protección internacional. Lo cual se puede explicar con ejemplos prácticos: un opositor egipcio, un homosexual tunecino o un miembro de una minoría bangladesí pueden correr riesgo de torturas o persecuciones en sus países de origen. Las autoridades italianas siguiendo el ordenamiento jurídico tanto interno como comunitario, así pues, están obligadas a estudiar caso por caso.

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Derrota del acuerdo migratorio
Tras la deportación de los primeros 16 migrantes desde la isla siciliana de Lampedusa hasta los centros albaneses de Shengjin y Gjader la semana pasada, dos de ellos fueron identificados como menores bangladesíes y otros dos como adultos egipcios vulnerables. A los dos días, la sección de inmigración del Tribunal de Roma desestimó la permanencia de los 12 migrantes que sí se quedaron en Albania por pertenecer a países no seguros y el pasado sábado todos ellos fueron desembarcados finalmente en el puerto de Bari (Italia).

En el mismísimo estreno del acuerdo migratorio entre Italia y Albania, así pues, el Gobierno de Meloni ha tenido que asumir su derrota inmediata, al menos, en términos legales. Tras acusar a la Justicia de estar del lado de la oposición y abriendo así una crisis institucional entre poderes públicos que ha conllevado incluso la intervención, aunque fuera comedida, del jefe del Estado, el presidente de la República, Sergio Mattarella; Giorgia Meloni ha desoído la sentencia vinculante del Tribunal de Luxemburgo y, como respuesta, este lunes ha aprobado igualmente un decreto que eleva a rango de ley que Estados como Bangladesh, Túnez y Egipto sean considerados como seguros. A partir de ahora será el Ejecutivo transalpino quien oficialice la lista completa de las nacionalidades de los migrantes a deportar a Albania para ser expulsados lo antes posible sin ni siquiera pisar suelo italiano.
Un informe del Consejo de Europa organismo internacional que defiende los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en el continente, además, acaba de apuntar el dedo contra Italia por el clima de xenofobia en el país contra “migrantes y refugiados”. Según se explica en el documento, esto se debe también al discurso “divisivo” de sus políticos, donde “las autoridades italianas no parecen ser conscientes de la amplitud del problema” ante la presencia de “declaraciones y comentarios despreciativos” y “cargados de odio” pronunciados por “políticos y funcionarios de alto perfil”.

En relación a la Justicia, el informe del Consejo de Europa denuncia las “críticas indebidas” que apuntan a “minar la autoridad de los jueces que deciden acerca de cuestiones migratorias”. Giorgia Meloni, al igual que el resto de sus socios, ha pedido “respeto” para su país. Mostrándose indignada con el informe.