La última semana antes de morir, Diallo Sissoko, un joven maliense de 21 años, estuvo quejándose cada día de un intenso dolor en el tórax. Sus compañeros en la carpa en la que dormían en el campamento de acogida de inmigrantes de Alcalá de Henares, en Madrid, presenciaron su larga agonía sin que pudieran hacer nada. “Él mismo dijo que no iba a durar ni una semana”, relata a EL PAÍS uno de ellos a las puertas de las instalaciones. Lo vieron pedir ayuda en la enfermería de ese centro, lo vieron ir y venir del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y vieron cómo el dolor lo iba apagando hasta que el pasado lunes 21 de octubre el chico entró en parada cardiorrespiratoria en la enfermería de este cuartel convertido en centro de acogida para 1.500 personas. Tras casi cinco horas de reanimación, el joven murió en el hospital. No alcanzaron a cumplirse dos meses desde que desembarcó de un cayuco el 27 de agosto en la isla canaria de El Hierro, al que se había subido días atrás en Mauritania, huyendo de la guerra en Malí.

Tras más de dos semanas en otro macrocampamento de Tenerife, el 15 de septiembre Sissoko fue trasladado al campamento de Alcalá de Henares. En este dispositivo, que se habilitó de emergencia hace un año para acoger a los inmigrantes y refugiados que están llegando a las islas Canarias, los migrantes y refugiados pueden pasar meses. En la mañana de este miércoles, a las puertas de ese cuartel militar, había aparcados cinco patrullas de policía y alrededor de una decena de agentes. Habían ido para contener la agitación de un grupo de malienses que protestaba por la muerte de su compatriota y reclamaba las carencias de asistencia sanitaria en el centro que han brotado a la superficie tras el suceso. “Es muy difícil conseguir una cita con la enfermería y nunca hay medicación suficiente”, sostiene otro de los compañeros del fallecido en las inmediaciones del centro.

No es una situación nueva, la emergencia lleva años instalada en el sistema de acogida y las quejas sobre la atención médica son comunes en centros de Canarias y de la península y, en algunos casos, el final ha sido trágico. Este mes de marzo, sin ir más lejos, un marroquí de 22 años, sin aparentes patologías previas, murió en un albergue gestionado por Cruz Roja en San Fernando de Henares (Madrid). La fiscalía sobreseyó el caso al no ver indicios de delito.

Sissoko llegó a ir al hospital el pasado 15 de octubre, pero a pesar de que le diagnosticaron una infección pulmonar no le dieron antibiótico. Su dolor en la pierna izquierda, donde ahora se sospecha que podría tener un trombo, se trató con una crema antiinflamatoria. La Consejería de Sanidad no ha querido dar detalles sobre esa atención hospitalaria.

Los días en los que Sissoko se estuvo quejando de un fuerte dolor torácico y molestias en la pierna no había médico en el campamento. Accem, la ONG que gestiona el recinto, había rescindido el contrato con la empresa que prestaba el servicio sanitario y todo ocurrió en el impass entre la salida de un equipo y la entrada de otro. En ese tiempo aunque había sanitarios, no había médicos. “Es importante recordar que esto no es un centro sanitario, esa parte la asume Sanidad y hay derivación y coordinación”, insisten en la ONG. Dos personas que han trabajado en el equipo médico consideran que si los síntomas persistían y, además, no cuadraban con la medicación recetada, deberían haberlo derivado de nuevo al hospital.

Estos dos trabajadores, que conocen bien el campamento, han contado a EL PAÍS las carencias de la asistencia. “No había medidas higiénicas ni sanitarias adecuadas, faltaban guantes, medicamentos, se compartían nebulizaciones y tratábamos casos de salud pública como tuberculosis, sarna o covid. La atención que recibían era precaria”, relata uno de ellos. Otra de las extrabajadoras rompe a llorar por teléfono al recordar su paso por el campamento. “Son chavales que vienen de situaciones de sufrimiento muy graves, sin apenas chequeos y con muchas carencias. Llegaban con infecciones bucales, heridas, insuficiencia renal después de días de viaje en cayuco bebiendo agua de mar, por la noche pasaban frío y sufrían faringitis, amigdalitis…Y nosotros dábamos un servicio médico muy básico y, a veces, teníamos que insistir para enviarlos al hospital”, explica esta profesional que asegura que desde agosto el centro apenas contaba con un solo doctor. Los profesionales relatan que vivieron resistencias por parte de los responsables del campamento a la hora de derivar a las personas acogidas al hospital, apuntan, quizá, al temor a sobrecargar el sistema sanitario y que eso pudiese provocar quejas. La organización niega esas resistencias. “Muchos de los chicos aguantaban el dolor”, para no acudir a nosotros. Ambos además señalan las limitaciones de la atención en los casos que llegaban al hospital: “Los informes médicos empezaban por ‘barrera idiomática importante”.

Uno de los migrantes que lleva ya más de un mes en el campamento cuenta que cuando tienen dolencias o afecciones y tratan de conseguir una cita para que los vea el médico “la dan para dentro de tres semanas o más”. Los testimonios de varios de ellos coinciden en que muchas veces sienten que desestiman sus casos. Una de las sanitarias que trabajó allí lo secunda: “Esos chicos están desamparados, se aguantan muchísimo los síntomas; ahora ha pasado algo grave, pero, ¿a cuántos chicos no se les ha dado el antibiótico que necesitaban?¿Cuán graves tienen que estar para enviarlos al hospital?”.

El Ministerio de Migraciones, competente en la acogida de inmigrantes, no obliga a las ONG en las que delega la atención humanitaria a que cuenten con un doctor en sus centros, ni siquiera cuando se trata de instalaciones como esta, con una capacidad inicial de 1.100 personas que alberga ahora unas 1.500. Es decir, la consulta de un médico, reiteran en la ONG, es un servicio que se presta por decisión propia de la ONG con el fin de solventar situaciones cotidianas y evitar que llegue un mensaje a la ciudadanía de sobrecarga del sistema.

El caso ha corrido por los grupos de WhatsApp de médicos y sanitarios dedicados a la atención de inmigrantes que llegan por vía marítima en embarcaciones precarias. Parte de estos profesionales, reunidos en la plataforma Yo sí atiendo, consideran “fundamental” asegurar una atención sanitaria continuada tras la llegada y mientras dure el periodo de acogida. “Hay problemas de salud directamente derivados del viaje que pueden agravarse. Para detectarlos y manejarlos, se requieren equipos sanitarios preparados, que conozcan la patología específica, y asegurar que haya una reevaluación médica en los centros de acogida. Y para la calidad de la asistencia es fundamental la presencia de intérpretes y mediadores culturales. En los últimos años, ya son tres vidas humanas de jóvenes fallecidos en centros de acogida. Es nuestra obligación averiguar qué ha ocurrido”, mantiene la doctora Silvia Moreno, una de las integrantes de la plataforma.