Las críticas de juristas al decreto-ley aprobado por el Gobierno de Giorgia Meloni para blindar la viabilidad del traslado de migrantes a Albania no se han hecho esperar, mientras la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) acusó ayer al Ejecutivo de “ofender el orden democrático” por sus ataques al poder judicial. “Las recurrentes acusaciones de politización contra los magistrados que adoptan decisiones que no gustan a la política ofenden al país y a su orden democrático”, indicó la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) en una nota en que aludía a los ataques del Gobierno tras el fallo judicial que obligó a vaciar el centro de retención de migrantes levantado por Italia en Albania.

Los magistrados “expresan su fundada preocupación cuando la burla ocupa el lugar de la crítica y la discrepancia de los máximos representantes del Gobierno se encomienda a acusaciones de parcialidad ideológica, anormalidad o superación de la esfera reservada a la política”, aseguró la ANM.

Además, varios juristas criticaron el decreto adoptado por el Gobierno para estipular por ley la lista de “países seguros” de donde proceden los inmigrantes, lo que facilita eventuales repatriaciones, y blindar así sus polémicos centros de retención en Albania tras el revés de la Justicia.

El Ejecutivo “no respeta las leyes europeas y pretende silenciar al poder judicial” con el decreto, dijo el fiscal adjunto de Reggio Calabria y secretario nacional del grupo de juristas Magistratura Democrática, Stefano Musolino, para quien es “aún más grave la afirmación de que los jueces no colaboran con el gobierno”.

“Hay un error fundamental en la idea de Meloni: ella quiere un poder judicial subordinado, pero debería tener en cuenta la separación de poderes garantizada por la Constitución”, indicó a la prensa italiana.

Ante toda la situación, el profesor de derecho Antonio D’Andrea aseguró que se abre un escenario turbulento en que “no es seguro” que el presidente italiano, Sergio Mattarella, dé su visto bueno y firme la validez del decreto en calidad de jefe de Estado.

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El paso del Gobierno “es claramente un intento de influir en la actividad jurisdiccional en curso”, alertó D’Andrea en una entrevista periódico italiano Il Fatto Quotidiano.

Fallo del tribunal de Roma
Todo ello se produce tras una sentencia del Tribunal de Roma el pasado viernes. Este no validó la retención de 12 migrantes en centros cerrados en Albania, en virtud del pacto del Gobierno italiano que externaliza la gestión de recibo, petición de asilo y eventual repatriación de aquellos que intentan llegar a Italia en centros en suelo albanés.

Según la corte, que se basó en una sentencia previa del Tribunal de Justicia europeo, los países de origen de la docena de migrantes, Egipto y Bangladesh, no pueden ser considerados seguros, por lo que ordenó que fueran sacados de Albania y trasladados a Italia.

El fallo generó oposición del Gobierno, que acusó a la Justicia de entrometerse en una competencia gubernamental, ante lo que aprobó un decreto para estipular por ley la lista de “países seguros”, en la que mantiene 19 Estados, entre ellos Bangladesh y Egipto.

Esta lista tenía antes valor meramente administrativo que con el decreto de ayer se convierte en norma primaria, como una “ley de interpretación inequívoca” para el poder judicial, afirmó en rueda de prensa el Ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

Consejo de Europa
Por otro lado, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, dependiente del Consejo de Europa, denunció ayer prácticas de racismo de las fuerzas de seguridad italianas, especialmente contra personas de etnia gitana u origen africano.