La comisaria de Igualdad, Helena Dalli, afirmó ayer ante el pleno del Parlamento Europeo que el nuevo Ejecutivo de Ursula von der Leyen sigue adelante con la reflexión sobre centros de deportación en países terceros para derivar a migrantes irregulares llegados a la UE, pero aseguró que la propuesta que ponga sobre la mesa Bruselas no permitirá devoluciones en caliente y “siempre respetará” el Derecho Internacional.

Ante la división de los grupos parlamentarios respecto a la legalidad de la medida, Dalli aseguró al cierre de su intervención que la propuesta para agilizar y acelerar las expulsiones en la que trabajan los servicios comunitarios dedicará una “atención importante al respeto de los Derechos Humanos cuando se considere medidas como la de los centros de retorno”.

En este contexto, defendió Dalli, la Comisión Europea está en contacto con organismos internacionales como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para “asegurar” que, “siempre, en todos los casos” que se contemplen se respetará tanto el Derecho Internacional como el principio de non-refoulement que prohíbe las devoluciones en caliente.

Pacto de migración
Lo cierto es que la Eurocámara está dividida entre eurodiputados conservadores y la ultraderecha que defienden las expulsiones y eurodiputados socialistas, liberales y de izquierdas que ponen en duda la legalidad de un modelo a imagen del controvertido pacto entre el Gobierno italiano de Giorgia Meloni y Albania.

Aunque varios países han presionado en los últimos meses sobre la necesidad de externalizar las expulsiones de migrantes, fue Von der Leyen quien formalizó el debate la semana pasada al incluir los centros de deportación en su carta a los líderes de la UE. En ella, la jefa del Ejecutivo comunitario confirmaba que presentará en próximos meses una propuesta revisada sobre la directiva de retorno y planteaba como elementos a tener en cuenta estos centros, así como la necesidad de contar con una definición armonizada de países terceros seguros a los que poder deportar a los migrantes irregulares o castigar a los países de origen o tránsito que no acepten los retornos.

Dalli también defendió la importancia del Pacto de Migración y Asilo recién acordado entre los 27 para gestionar la presión migratoria de manera “ordenada y eficaz”, al tiempo que subrayó la importancia de “mantener el nivel de ambición dentro del calendario”.

El pacto tiene prevista su aplicación plena para el horizonte de 2026, pero varios países han reclamado que se aceleren los procedimientos.

Grupos divididos
El portavoz del Partido Popular Europeo (PPE) en el debate, Tomas Tobé, llamó a “recuperar el control” en materia migratoria y a proceder a una aplicación del Pacto “rápida y eficaz”, al tiempo que reclamó a Bruselas que presente su propuesta sobre retornos “en los primeros 100 días” de mandato de la nueva Comisión.

La líder de los Socialistas y Demócratas, Iratxe García, avisó de que su grupo “no permitirá que la carta de Von der Leyen entierre el Pacto Migratorio” y argumentó que “la única carta que estamos obligados a cumplir es la Carta de Derechos Fundamentales de la UE” que garantiza el derecho al asilo y prohíbe las expulsiones colectivas.

La líder de los liberales (Renovar Europa), Valérie Hayer, a su vez, avisó de que el modelo albanés del que Von der Leyen pide extraer lecciones es en realidad una decisión política “que pone en tela de juicio la soberanía (de los países de la UE)”. “¿Dónde está nuestra soberanía si cedemos la gestión migratoria a terceros?”, se preguntó.

Desde la ultraderecha, la portavoz del grupo de Patriotas por Europa, Kinga Gal, afirmó que la falta de control sobre las fronteras exteriores “está destruyendo a Europa”, defendió la reintroducción de controles interiores si no hay cambios y aseguró que el gobierno de su país, Hungría, está siendo “castigado” por Bruselas por tomar medidas en los últimos años que ahora” se acuerdan en silencio” en la UE.