No todo lo odioso es delito de odio. Así lo ha vuelto a recordar la Fiscalía Superior de Catalunya al archivar la denuncia que la Fundación Ibn Battuta interpuso contra la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, del partido de extrema derecha Aliança Catalana, a la que acusaban de delitos de odio por poner trabas al empadronamiento de personas migrantes en la población y por sus tuits contra este colectivo.

La entidad presentó su denuncia tras hacerse públicos varios casos de familias musulmanas que aseguraban que el Ayuntamiento de Ripoll les ponía trabas para empadronarse en el municipio, lo que les impedía acceder a servicios sociales, educativos y sanitarios. Además, la fundación agregó varios tuits de Orriols contra el empadronamiento de migrantes y contra el Islam.

La fundación denunció la “odisea” en la que había convertido desde el consistorio una mera gestión administrativa como es el empadronamiento, dando lugar a dilaciones injustificadas o a enviar a la Policía Local a hacer verificaciones in situ.

En su decreto de archivo, la Fiscalía descarta las dos patas de la denuncia de la entidad. Respecto a las trabas denunciadas, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio advierte que la entidad no ha aportado “ninguna prueba” de las dilaciones denunciadas ni resoluciones que muestren que el consistorio de Orriols deniegue o deje en un cajón por sistema las peticiones para empadronarse.

También descarta el fiscal que sean delito de odio, como sostenía la entidad, varios mensajes en X (el antiguo Twitter) de Orriols en los que abogaba por restringir el empadronamiento de migrantes.

Según argumenta la Fiscalía, Orriols se limitó a expresar en esos mensajes una “opinión personal singularmente crítica con determinados comportamientos y conductas islamistas”, así como lo que “en su opinión personal es un supuesto abuso por parte de miembros y del colectivo inmigrante magrebí a la hora de empadronarse irregularmente”.

Los mensajes de Orriols, ahonda el fiscal, “pueden ser objetables, criticables, rechazables, socialmente reprobables” y hasta sancionables por vía administrativa, pero no rebasan el límite del Código Penal ya que, a su juicio, “no promueven de forma taxativa e indudable el odio contra el colectivo magrebí”.

Decretado el archivo en la Fiscalía, la entidad puede reiterar su denuncia ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), instancia ante la que Orriols está aforada debido a su condición de parlamentaria.