En pleno debate sobre los cambios que reclama el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias para que mantenga su vigencia, Salvador Miranda Calderín (Las Palmas de Gran Canaria, 1957), economista, abogado y doctor en Historia, presenta en el Parlamento de Canarias su último libro, un análisis profundo de la hacienda real en Canarias durante el siglo XVIII.

Miranda es uno de los grandes expertos en materia económica de Canarias y un activo divulgador del REF, pero resalta que el principal problema que tiene Canarias por resolver es la inmigración y la financiación autonómica. Y todo ello poniendo de relieve que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias no es ni mucho menos un privilegio en sentido peyorativo, sino una necesidad histórica. Pero ante todo, resalta que «esos presupuestos que todavía no han salido para nosotros van a ser oro», al tiempo que le preocupa que la clase política no esté a la altura y que, por otro, la sociedad demande utopías y no sea consciente de que nuestra riqueza viene por los puertos y el turismo.

«El fuero de privilegio se le concedió a Gran Canaria en 1487, que a los 20 años se convirtió en un privilegio a perpetuidad y se le ratificó a La Palma y a Tenerife; las tres islas de realengo que existían en aquella época. El resto eran islas de señorío y tenían un régimen completamente distinto, ya que dependían de su señor cada una de ellas», rememora.

De ahí, hasta este 2024, cuando «la palabra privilegio se utiliza de forma peyorativa para decir que lo que se concede como privilegio está mal, cuando realmente no es así. El privilegio lo concedía en su momento la corona, el Estado hoy en día, cuando se daban una serie de peculiaridades en una provincia, en un reino, en una isla o en una ciudad que acababa de ser conquistada. ¿Y por qué ese privilegio? Porque sin ese privilegio era imposible que se repoblara esa ciudad, esa región, esas islas, ese archipiélago». Y ese es el caso de Canarias, una región ultraperiférica, fragmentada, rodeada de mar.

Por tanto, «no es un privilegio, es cubrir una necesidad». Aquel privilegio concedido por la Corona y que si no se llegan a conceder «esta región no se hubiese desarrollado y posiblemente ni perteneceríamos a España».

Y vivir en Canarias es un privilegio que tiene un coste económico que no tiene vivir en el continente europeo. El REF está así «basado en una racionalidad y en una necesidad imperante», dice Salvador Miranda Calderín. Algo que hoy afronta «con realismo» la Unión Europea y el Estado español. Ahora el Parlamento«viene basado en una serie de peculiaridades que hoy podríamos entender como región ultraperiférica» de Canarias ha creado una comisión de trabajo «donde se van a ver cuáles son los puntos débiles y cuáles son los puntos que tenemos que reformar en nuestro régimen económico y fiscal que se ha convertido en auténtico fuero de las Islas Canarias». Un procedimiento que calcula va para largo, así que mientras hay que resolver «los dos grandes problemas» que están marcando la vida de la gente.

La «falacia» e la solidaridad entre territorios
«Con la inmigración y el tema de los menores no acompañados hemos visto cómo funciona la solidaridad entre territorios, entre comunidades: una falacia. Aquí cada uno va a lo suyo y se ha dejado a Canarias empantanada con una serie de infraestructuras mínimas para afrontar unas llegadas masivas». La solución, para el economista, es recurrir a la Unión Europea, quien, asegura, «nunca nos ha abandonado».

Pero, a juicio de Salvador Miranda, existe otro problema principal: la financiación de las comunidades autónomas. «Canarias consiguió en 2018 un hito que está en el Estatuto de Autonomía y ese hito es que los recursos del REF, todo esto que tenemos, un IGIC privilegiado, una serie de subvenciones a un montón de cosas, como el suministro del agua o el suministro eléctrico, no se computase dentro del sistema de financiación de las comunidades autónomas». De esta manera, explica, Canarias recibe los beneficios propios del REF y, por otro lado, la parte correspondiente en el sistema de financiación de comunidades autónomas.

Peligrosamente para el archipiélago, en los últimos tiempos «una serie de expertos han cuestionado que Canarias tenga esa doble entrada de recursos», de tal manera que ahora «los peligros son dobles».

Y el peligro, entiende Miranda, aumenta aún más ante el acuerdo del Gobierno de España con Cataluña, «una de las regiones más ricas de España, que tiene ahora una serie de circunstancias políticas y a la que prima indudablemente en detrimento de otras comunidades autónomas como Canarias». Así que sin dejar a un lado la modificación del REF, por encima de todo, entiende el experto, está la resolución de la financiación autonómica que llega del Estado y de la que depende el futuro inmediato de la comunidad autónoma.

Ampliar

La sociedad «no tiene conciencia de la necesidad de tener un REF»
La conveniencia de la revisión de nuestros textos jurídicos se justifica desde muchos ángulos, señala el economista Salvador Miranda Calderín, y toma al hilo el ejemplo del problema de acceso a la vivienda. «En el tema de la vivienda vacacional estuvimos listos en su momento y en 2018 se excluyó de cualquier posibilidad de materializar la reserva para inversiones (RIC) en vivienda vacacional».

Pero hoy en día «tenemos una crisis de vivienda increíble. No hay viviendas para alquilar, no hay viviendas en promoción a unos precios razonables para nuestra gente». Hay entonces, señala, que «con todos los recursos que tengamos, promover la construcción de vivienda. Ahí posiblemente tengamos que adaptar el REF y todo lo que cortamos en su día en facilidades para construir viviendas». De esta manera, «tendremos que reconducir ese tema y que el empresario que quiera construir viviendas y las quiera dedicar al alquiler, que lo haga libremente» con la posibilidad de hacerlo a través de la RIC.

Pero también aclara que todo lleva su tiempo, por lo que «hoy en día es muy bonito decir que se puede materializar la RIC en viviendas de VPO para el arrendamiento», pero hay que ver, enumera, las cláusulas, la letra pequeña de las normas, lo que a la larga impide la solución. «Hay que cumplir con tanto que apenas hay promociones de este tipo. Tenemos que dar facilidades al empresario para que invierta sus recursos en la promoción y alquiler de VPO y para eso hay que cambiar el texto y los requisitos actuales que están en la RIC».

Mientras se cambia REF, reconoce, «los problemas van creciendo», y no es optimista Miranda Calderín. «En Canarias no hay conciencia de la necesidad de tener un REF». Tanto es así que «la sociedad canaria, como la española e incluso diría yo la sociedad europea, vive fuera de todo realismo. Todo el mundo va con su visión concreta de las cosas sin importarle si puede afectar al bien común o no y cada uno va escabulléndose sus responsabilidades tirando para adelante».