Echamos la vista atrás 35 años y detenemos nuestro mirar en el lunes 23 de octubre de 1989, un primer día de la semana gris por definición tan cálido como los que estamos viviendo en este 2024, con temperaturas que oscilaron entre los 17 y los 22 grados en Madrid y en el que el primer ejemplar del diario EL MUNDO vio la luz. Los chavales llevaban más de un mes yendo al cole y se erigían como el colectivo más numeroso del país. No había en toda España ningún grupo tan grande como el de niños de 14 años; eran entonces 671.489, el doble de los que ahora tienen esa edad.

La pirámide demográfica, que entonces todavía mantenía la forma que le da nombre hoy se parece más a una ánfora, era mucho más ancha en sus capas inferiores. Las generaciones más nutridas eran las de los que entonces cumplían 14, 13, 15, 16, 17, 18, 12 y 19 años. España era un país de jóvenes que se incorporarían a lo largo de la década de los 90 al mercado laboral para contribuir al crecimiento económico del país y apenas contaba con cinco millones de personas con 65 y más años, la mitad que ahora.

A la salida del colegio había muchos más niños que ahora y muchos menos abuelos encargados de recogerlos.

Hoy el país cuenta con un 25,7% más de población o 10 millones más de habitantes: hemos pasado de los 38,8 a los 48,8 millones de residentes, según los datos del INE, pero eso no impide que se haya instalado lo que los expertos han bautizado como el “invierno demográfico”, una patología que padecen la mayoría de países desarrollados y que combina síntomas como una caída vertiginosa de la natalidad, un envejecimiento galopante de la población y una dependencia absoluta de las corrientes migratorias.

El país ha visto cómo se reducen todas las capas de población de menos de 32 años tenemos 3,3 millones menos de personas hasta esa edad, mientras han crecido todos los grupos por encima. Quienes entonces tenían 14 años están ahora al borde de los 50 y siguen siendo el colectivo más numeroso. Lo que más abunda en el país son personas de 48, 47, 49, 46 y 50 años, que en menos de dos décadas abandonarán el mercado laboral y se incorporarán a la nómina de la Seguridad Social, ya maltrecha por el pago de pensiones públicas a la generación anterior, la del babyboom.

Este envejecimiento demográfico se ha producido a pesar de la llegada de inmigrantes que ha experimentado España y que, en general, se trasladan en busca de un empleo siendo jóvenes y están mucho más dispuestos a tener hijos. El primer día en que se publicó este diario, el país sólo contaba con un 1,2% de residentes extranjeros o de doble nacionalidad; hoy son el 13,6% del total de la población.

España ha pasado así de contar con unos 468.000 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad a contabilizar 6,6 millones, una explosión hacia la multiculturalidad fundamental para nutrir el mercado de trabajo y nuestro modelo de crecimiento económico, pero que no está exenta de problemas de integración.

“La disminución de la población y su envejecimiento afectarán negativamente al mercado de trabajo, a la economía y a la sostenibilidad de su Estado del Bienestar. Cuando la población activa y el empleo se reducen, aumenta la probabilidad de escasez de personas trabajadoras en sectores clave, y disminuye el crecimiento potencial y el atractivo para invertir e innovar. En los próximos años se jubilará la generación del baby boom. Muchos puestos de trabajo en múltiples ocupaciones quedarán vacantes, mientras el aumento de personas de edad más avanzada incrementará la demanda de servicios de atención médica y de cuidados. Para evitar el escenario de un invierno demográfico, España necesita inmigración. Pero que sea necesaria no significa que sea suficiente, ni que no suponga importantes retos para el mercado laboral y para la cohesión social”, apunta Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research y doctor en Economía por la Universidad de Valencia.

No sólo se ha multiplicado por 14 la población foránea, sino que ha cambiado mucho su composición. A finales de los 80, un 54,5% de los extranjeros residentes en España eran europeos, frente al 40% hoy, siendo los británicos la nacionalidad más numerosa entonces (un 17,6% del total de migrantes procedían del Reino Unido). Los últimos datos disponibles señalan que ahora son los marroquíes la nacionalidad mayoritaria en el país (son un 16% del total, frente al 9% que suponían en el 89, y en número han pasado de ser 21.600 a 883.000).

La segunda nacionalidad más frecuente es la de rumanos, quienes junto a los búlgaros iniciaron un éxodo hacia muchos países del occidente europeo tras su incorporación a la UE en 2007, y en tercer lugar figuran los colombianos. Nuestro país también ha experimentado un crecimiento fuerte de inmigración latinoamericana en los últimos 35 años.

La llegada de inmigrantes es uno de los dos factores que han contribuido a elevar la tasa de actividad el porcentaje de personas que están trabajando o buscan un empleo, junto con la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral en las últimas tres décadas, cuya tasa de actividad ha pasado del 33,6% en 1989 al 54,1% en 2024, cerrando la brecha con la masculina en más de 25 puntos.

Esta mayor participación de la mujer en el empleo no es ajena a la caída que se ha producido en las tasas de natalidad (en 1989 nacían 10,5 niños por cada mil habitantes; hoy son 6,9), debido, principalmente, a las dificultades para conciliar la vida profesional y laboral que todavía existen en el país. Es cierto que ha habido una importante mejora: entonces el permiso por maternidad era de 16 semanas, como ahora, pero el de paternidad era de 4 días frente a las 16 semanas actuales; pero eso no ha sido suficiente para compensar el impacto que tienen otras variables en la fecundidad, como la estabilidad laboral, el acceso a la vivienda o las preferencias individuales.

España ha cambiado mucho en los últimos 35 años en el ámbito demográfico. Su población ha crecido, ha envejecido, se ha abierto a la recepción de extranjeros y, en el caso de las mujeres, se ha volcado hacia el empleo; pero estas dinámicas no se replican en todas las comunidades autónomas. Hay una parte del país que se ha vaciado, mientras que otra no para de atraer más y más residentes.

El Principado de Asturias cuenta hoy con un 7,7% menos de residentes que en 1989 (84.000 habitantes menos); en Castilla y León son un 6,1% menos (155.600 residentes menos); en Extremadura, un 0,94%, y en Galicia, un 0,9%. Todas las demás han ganado población, pero en muchos casos menos que la media. Por el contrario, la población de Baleares ha crecido un 75%; la de la Región de Murcia, un 50,6%; la de Canarias, un 50,3%, y la de Madrid, un 42,6%. Esta última ha sumado 2,1 millones de personas, una de cada cinco.

Una crisis de termitas
Cuando se analizan los riesgos que acechan a un país desde el punto de vista económico, rara vez la demografía aparece entre las primeras ideas; sin embargo, su potencial destructor es innegable. “El conocido demógrafo francés Alfred Sauvy escribió que las crisis económicas solían actuar como dinamita, mientras que las crisis demográficas actuaban como las termitas, pero que cada una de ellas era muy capaz de derribar un edificio. Por otro lado, se atribuye a Keynes la siguiente frase que descalificaba los análisis a largo plazo: ‘A largo plazo, todos muertos’. En fin, sabiendo que las termitas solo destruyen el edificio a largo plazo y que cuando se caiga estaremos todos muertos, ¿para qué ocuparse de las termitas? Eso es lo que se ha hecho en España durante muchos años, años en los cuales la demografía ha sido marginada por la política y, como disciplina académica, no se le ha hecho apenas caso en la universidad. Sin embargo, en España la termita demográfica viene trabajando sin descanso desde hace ya años (desde mediados de los sesenta del siglo pasado)”, recoge un informe reciente del Defensor del Pueblo.

El gobernador saliente del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido en varias ocasiones de que “un cambio demográfico tan importante podría tener profundas implicaciones económicas” y que “junto con el impacto del cambio tecnológico y climático, es probable que constituya el mayor reto al que se enfrentarán las políticas económicas y sociales en las próximas décadas”. La clave está en cómo cambiarán probablemente la demanda agregada y su composición sectorial como consecuencia del envejecimiento de la población; cómo afecta el envejecimiento de la población en edad de trabajar al lado de la oferta de la economía, en particular al funcionamiento del mercado de trabajo y al crecimiento de la productividad; cómo se verán afectadas las políticas sociales y por qué y de qué manera las políticas monetaria y fiscal se verán afectadas también.

El problema está en que, aunque se conocen los cambios demográficos sufridos y los que están por venir y que van a tener consecuencias económicas y sociales profundas y amplias, “no sabemos cómo cuantificar con precisión estos efectos ni tampoco conocemos las alternativas de política más adecuadas para hacer frente a los grandes retos demográficos que tenemos por delante”, advertía el gobernador del supervisor bancario.

De todos los factores analizados, la edad quizá es el más relevante o aquel del que más fácilmente podemos prever la evolución. España se enfrentará en los próximos años a un envejecimiento aún más acusado de su población: en 2050 uno de cada tres ciudadanos será mayor de 65 años.

“Esta importante transformación demográfica puede influir de manera directa en el crecimiento económico. Una menor población puede conllevar una menor oferta laboral, un menor consumo agregado y una menor necesidad de inversión, lo que disminuiría el tamaño de la economía en su conjunto. Por otro lado, el envejecimiento de la población implica un cambio de las características de su economía, al tener distintos grupos de edad distintas necesidades y capacidades productivas. La teoría del ciclo vital postula que los individuos intentan mantener un nivel estable de consumo a lo largo de su vida, de manera que ahorran cuando están en activo y empiezan a gastar sus ahorros a partir del momento de la jubilación. Así, suponiendo que no hay cambios en el comportamiento de los distintos grupos de edad ni en el nivel de población total, un envejecimiento de la población puede reducir la oferta laboral a la vez que el nivel de ahorro agregado”, advierte Josep Mestres Domènech, economista sénior de CaixaBank Research y doctor en Economía por el University College London.

Para contrarrestar este impacto de la demografía en la economía, este experto aboga por impulsar la productividad, promover cambios conductuales por ejemplo, fomentando carreras laborales más largas y jubilaciones más tardías, fomentar el aumento de la natalidad e intensificar los flujos de inmigración. “Los cambios en el comportamiento de la población pueden solucionar una parte importante de la transición demográfica, pero para ello es imprescindible utilizar todos los frentes disponibles, incluyendo la toma de decisiones políticas en el diseño institucional”, reclama. El problema está en que saber qué hay que hacer no significa saber cómo hacerlo.