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El consejo de ministros italiano, reunido a toda prisa por la primera ministra Giorgia Meloni, aprobó este viernes un decreto para establecer por ley una lista de «países seguros» de donde pueden proceder los inmigrantes. La ultranacionalista quería blindar su acuerdo con Albania sobre unos controvertidos centros de deportación y neutralizar la sentencia dictada el viernes por los jueces del Tribunal de Roma, que exigieron la devolución a Italia de los 12 migrantes de Bangladés y Egipto que habían sido trasladados al centro de Shengjin (Albania) en un buque de guerra la Marina italiana.

La sentencia de los jueces supuso un duro golpe para la imagen del Gobierno del país transalpino, que ve en las deportaciones a los centros de Shengjiin y Gjäder una forma espectacular e innovadora de combatir la inmigración irregular. Un fenómeno contra el que tanto Meloni como su aliado y líder del partido de extrema derecha Liga, Matteo Salvini, llevan años arremetiendo, con excelentes resultados electorales.

El Tribunal de Roma considera que los migrantes tienen derecho a dirigirse a un juez para solicitar asilo en Italia, ya que ni Bangladés ni Egipto pueden considerarse completamente seguros. Los magistrados se han basado en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, del 4 de octubre, para tomar una decisión que enfureció a Meloni, ridiculizada por muchos en las redes: el coste del viaje del buque superó los 200.000 euros, y la sentencia amenaza con poner en jaque por completo el acuerdo entre Roma y Tirana, cuyo coste está estimado en 653 millones de euros para cinco años.

El Gobierno respondió aprobando este lunes un decreto ley que blinda la controvertida lista de países seguros facilitada por los Ministerios italianos de Exteriores, Justicia e Interior, en la que figuran Bangladés, Egipto, Nigeria y Túnez, países donde las personas pueden sufrir gravísimas violaciones de sus derechos humanos por ser cristianas u homosexuales, por ejemplo. En la rueda de prensa, el ministro de Justicia y exfiscal Carlo Nordio dijo: «Hemos llegado a este punto a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que no ha sido bien entendida». Hace unos días Nordio había afirmado que «un juez debe limitarse a aplicar la ley, es la política la que decide».

Las maniobras del Gobierno están provocando la movilización de la oposición. El Movimiento 5 Estrellas ha presentado una reclamación ante el Tribunal de Cuentas para determinar la existencia de un perjuicio causado a las finanzas del Estado por el transporte de los migrantes a Albania. Según Matteo Renzi, ex primer ministro y líder del pequeño partido centrista Italia Viva, el Gobierno corre el riesgo de malgastar miles de millones de euros. Meloni respondió que su Gobierno pretende «defender las fronteras». Según los observadores de izquierdas, el decreto sería también una forma de recuperar terreno entre los votantes, ya que la jefa del Ejecutivo está cayendo en las encuestas.

Por su parte, varios activistas y observadores señalan que parece iniciarse también en Italia un proceso ya visto en otros países de la UE dirigidos por la extrema derecha, como Polonia y Hungría, donde los Gobiernos intentan hacer prevalecer la legislación nacional a costa de las sentencias y normas de los órganos comunitarios.