La llegada de casi 60 menores en un cayuco tensiona un «sistema colapsado»

La consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, garantiza que «nunca se ha dejado de atender a los niños y niñas»

Canarias 7, Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria, 22-10-2024

El 25% de las 231 personas que arribaron en el cayuco con mayor número de migrantes que ha llegado a las costas de Gran Canaria eran menores de edad. Se trata de 58 niños y niñas, una cifra que pone de relieve una de las características observadas en la ruta canaria en los últimos tiempos: el aumento jóvenes que viajan en estas embarcaciones en busca de un futuro mejor.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, garantizó tras el Consejo de Gobierno celebrado este lunes que los «siempre» se ha atendido «a todos los niños y niñas» que han ido llegando a las costas canarias.

Sin embargo, la consejera remarcó algo de lo que ya han avisado durante estos meses: «Los trasladamos a los centros que siguen tensionados y los estamos sobretensionando».

El Gobierno de Canarias tutela, en la actualidad, en torno a 5.200 menores migrantes. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo destacó que de las 2.875 personas que han llegado al archipiélago en lo que llevamos de mes, 467 son menores de edad.

Por ello, la consejera remarcó que se está pendiente de lograr un acuerdo para que el cambio en la ley de extranjería salga adelante y así los niños y niñas sean derivados, de manera obligatoria, a otras comunidades autónomas. Durante la espera, apuntó, «no se ha dejado de atender a ningún menor en ningún momento».

Durante esta legislatura, la red de acogida de las islas ha pasado de tener una veintena de centros a aumentar esta cifra hasta 81. Pero la presión en estos centros ha llevado a que se originen escenarios donde no se ha podido garantizar una atención digna a estos menores.

Lo que busca la reforma de la ley de extranjería, en concreto el artículo 35, es que se derive de manera obligatoria a los niños y niñas cuando los recursos de acogida de un territorio superen el 150% de su capacidad.

La controversia está en los criterios a seguir para hacer esta distribución. Algunos de los que se han planteado es que se derive a los niños y niñas según la densidad de población, la renta per cápita de cada comunidad o el PIBde los territorios.

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