Mientras los pasos irregulares de las fronteras de la Unión Europea caen un 42% respecto al mismo periodo del año anterior, el debate migratorio vuelve a caldearse en el bloque comunitario y Bruselas pone sobre la mesa la posibilidad de crear centros de deportación en terceros países –una idea que en el pasado ya fue descartada por las dudas sobre su compatibilidad con la legislación comunitaria e internacional–. Pero las medidas que se centran en el recrudecimiento de las políticas migratorias no son inocuas: están generando una “crisis de salud pública” que afecta a millones de personas, según denuncia un nuevo informe la organización Salud por Derecho publicado este martes.

Hasta mediados de 2024, 120 millones de personas fueron desplazadas forzosamente debido a conflictos, violaciones de derechos humanos e inseguridad. Pero a pesar de los repetidos llamamientos para desarrollar políticas migratorias que respeten los derechos fundamentales, la organización señala con el dedo a la UE por seguir implementando medidas “cada vez más restrictivas”, entre ellas devoluciones en caliente, la externalización de fronteras y las deportaciones. Unas políticas que, recuerda la ONG, exponen a los migrantes a rutas cada vez más peligrosas, violencia, detenciones y la falta de atención sanitaria, lo que afecta gravemente a su salud física y mental.

Además de sufrir violencia física en las fronteras y detenciones, las personas migrantes se ven expuestas durante el viaje a condiciones extremas, como calor sofocante, frío intenso y deshidratación. “La falta de acceso a atención médica y la interrupción de tratamientos agravan aún más su estado, afectando también su salud mental”, señala la ONG, que indica que esta situación provoca un aumento de casos de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático entre quienes han migrado. A todo ello se suma las decenas de miles de muertes en el camino.

Desde 2014 hasta 2022, los kilómetros de vallas fronterizas –19 en total– de la zona UE/Schengen han pasado de 315 a más de 2.000. “Junto con el endurecimiento de los controles fronterizos, esta ‘fronterización’ se relaciona con el aumento de la mortalidad de las personas que intentan llegar a Europa”, reza el informe.

“El cierre de rutas marítimas y terrestres para llegar a Europa conlleva que el número de muertes en la ruta inicial se reduce al mismo tiempo que aumentan las muertes en la ruta siguiente, acompañado normalmente de un aumento de la tasa de mortalidad, lo que refleja el incremento de la peligrosidad de las rutas a las que son empujadas las personas”, dice el documento. “Si bien los números totales de llegadas a la UE parecen disminuir en ciertas épocas, la tasa de mortalidad tiende a dispararse. Un ejemplo es el periodo entre 2015 y 2018, cuando las llegadas se redujeron 10 veces, mientras que la tasa de mortalidad se multiplicaba por cinco, indicando que las rutas, cada vez más largas, se vuelven más peligrosas”.

El documento parte de los datos de personas desaparecidas como también de las violencias que se ejercen dentro del continente. En ese sentido, la organización recoge datos de Missing Migrants, un programa de monitoreo de la Organización Internacional para las Migraciones, y concluye que Europa como el destino más peligroso para migrar, teniendo en cuenta que, desde 2014 hasta la actualidad, más del 50% de las muertes durante este proceso que han sido registradas han tenido lugar en Europa o en tránsito hacia el continente por vías marítimas o terrestres –solo en el Mediterráneo, 30.356 personas han muerto o desaparecido en este tiempo, y, según la ONG, puede que las cifras se dupliquen cuando se tienen en cuenta las desapariciones en el Sáhara, descrito como “la mayor tumba a cielo abierto”, donde, según las estimaciones, el 24% de las personas que deciden cruzar el desierto están expuestos al estrés térmico, lo que se traduce en deshidratación, hipotermia, insolación o hambruna–.

El documento también se apoya en las cifras de la ONG Caminando Fronteras, que ha registrado que, entre 2018 y 2022, 11.522 personas han perdido la vida en su intento de llegar a España por mar –la mayoría de las muertes fueron registradas en la ruta desde África occidental hacia Canarias y en la ruta de Alborán (que conecta con las costas rifeñas con la Andalucía oriental)–.

El informe denuncia que Salvamento Marítimo (SASEMAR) ha seguido una “evolución inversa”. Los autores señalan que la empresa pública española encargada de las operaciones de rescate en el mar “alcanzó su récord de salvamentos en el Mediterráneo” en 2018, el mismo año que “el Gobierno de España disminuyó las capacidades de SASEMAR en lo relativo a equipamiento y personal” y, además, la coordinación de las operaciones de salvamento pasó “al ámbito militar, siendo lideradas en adelante por el servicio marítimo de la Guardia Civil”. Una investigación reciente ha revelado que dos aviones de Salvamento estuvieron al menos 20 días sin volar en pleno repunte migratorio entre junio y agosto de este 2024.

Salud por Derecho también denuncia “la transferencia de responsabilidades de salvamento marítimo a Marruecos”, lo que ha generado un mayor desconocimiento para saber “qué ocurre en el mar” puesto que, critican, “Marruecos no comparte datos sobre sus operaciones de salvamento”. Antes de 2018, España y Marruecos tenían que ejecutar conjuntamente actividades para salvar vidas en el mar.

Las mujeres que migran hacia España tienen el doble de probabilidades de fallecer, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), a pesar de que solo representan el 10% del total de las personas migrantes. Además, las personas de origen subsahariano, que constituyen el 57%, se enfrentan a un riesgo significativamente mayor en estas travesías peligrosas.

Aparte de la mortalidad, el informe también pone el foco en otras prácticas, como la “ilegalización” de las rutas migratorias hacia Europa, que “normaliza y aumenta” la violencia contra los migrantes. Un ejemplo de ello se encuentra en la ruta de los Balcanes. Organizaciones como Human Rights Watch han documentado prácticas disuasorias como las devoluciones en caliente, que intensifican el malestar psicológico, la desesperanza y los sentimientos de falta de autoestima entre los migrantes en los Balcanes. Además, estas personas sufren palizas, ataques con perros, rociado con gas pimienta, electroshocks y tratos degradantes.

Una vez dentro de la UE, dice el informe, 100.000 personas migrantes son detenidas cada año por su estatus administrativo. En España, un estudio previo concluyó que el 70% de las personas detenidas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) desarrollan graves problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, y dos de cada diez trata de autolesionarse. En el caso de los menores que son detenidos, el impacto de estas políticas en su salud puede perdurar el resto de su vida. Según la ONG, un niño expuesto a estrés extremo, como el que sufre en una detención, tiene más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares e incluso puede perder hasta veinte años de esperanza de vida.

Las devoluciones en caliente, definidas como el retorno sumario de migrantes sin una evaluación individual de sus necesidades de protección, han sido ampliamente criticadas por organismos internacionales. El informe recoge datos de la red BVMN (Border Violence Monitoring Network, por sus siglas en inglés), que documentó casi 25.000 casos de violencia vinculada a estas prácticas entre 2017 y 2021 en las fronteras europeas, con un aumento del 113% en el número de personas afectadas. Estas devoluciones no solo violan los derechos humanos, también causan graves heridas físicas y traumas psicológicos, recuerda la organización española.

Los autores también destacan las políticas de externalización de fronteras con acuerdos entre la UE y países como Afganistán, Libia, Turquía, Marruecos y Níger, cuya capacidad para garantizar los derechos humanos está en entredicho. Pese a ello, estas políticas cumplen el objetivo final de la UE, que es “contener a los migrantes fuera de sus fronteras”, prosigue Salud por Derecho, aunque eso lleve a estos países terceros a cometer “prácticas inhumanas, como la detención y el traslado forzoso de migrantes”. El documento subraya el caso de Libia, cuya guardia costera ha interceptado y devuelto mediante estas prácticas a 120.000 personas desde 2016. Todo, en un país donde más del 70% de las personas migrantes no reciben ningún tipo de asistencia médica.

El informe critica la decisión de la UE de aumentar significativamente los fondos para el control de fronteras mientras se recortan los presupuestos para programas de salud y desarrollo: entre 2015 y 2020, señala, la UE gastó 7.700 millones de euros en control migratorio, y el presupuesto actual muestra un aumento del 94% en este ámbito.

Además, la organización sostiene que aunque la financiación de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) para el periodo 2021 – 2027 se ha incrementado casi un 200%, hasta los 5.600 millones de euros. La organización denuncia que si bien la financiación de la agencia de la UE aumenta y “sus acciones se anuncian como éxitos a nivel regional y nacional, estas no consiguen su objetivo, sino que simplemente desvían hacia otros lugares las rutas migratorias”.

El informe también señala como el aumento de programas para la contención migratoria contrasta con los recortes en programas esenciales como EU4Health y Horizon Europe, dos proyectos europeos importantes para la innovación y la resiliencia de los sistemas de salud de la Unión, aseguran desde la ONG. Por ejemplo, en 2021, el 51% del presupuesto del Fondo Fiduciario de Emergencia para África (EUTF) se destinó a cuestiones migratorias.