«En Italia sólo se entra legalmente, siguiendo las normas y los procedimientos previstos». La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no se amilana y está dispuesta a seguir adelante con su controvertido proyecto para enviar a los dos centros que ha mandado construir en Albania a los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo central para tratar de llegar a Europa. En una muestra de que no va a escatimar esfuerzos «para defender nuestras fronteras», como prometió este lunes, su Gobierno aprobó un decreto ley con el que pretende blindar el sistema de expulsión acelerada para inmigrantes irregulares con el que se sostiene el llamado ‘modelo Albania’. Con esta normativa Meloni responde a la decisión del Tribunal de Roma del pasado viernes, cuando los magistrados obligaron a que fueran llevados a Italia los 12 primeros inmigrantes que habían sido internados en los centros del país balcánico.

El nuevo decreto ley remarca que es al poder ejecutivo, y no al poder judicial, al que le corresponde declarar cuáles son los países seguros a los que puede repatriarse a los extranjeros que se encuentran en situación irregular. Ese fue el motivo que llevó a los magistrados a exigir que las 12 personas internadas en Albania fueran llevadas a Italia: consideraron que corrían peligro si eran deportadas a Bangladesh y Egipto, sus naciones de origen, una vez que había sido rechazada su solicitud inicial de asilo. Se hacían eco así de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consideró que esos dos Estados no podían ser considerados seguros para todos sus ciudadanos y en todo su territorio.

El Ejecutivo italiano reivindica sus competencias en la gestión de la inmigración al elevar a rango de ley la lista elaborada por el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre cuáles son los países seguros a los que pueden ser deportados los inmigrantes irregulares. La relación, que ha bajado de 22 a 19 Estados, es ahora una «norma primaria» que ofrece «parámetros» de cumplimiento a los jueces evitando «interpretaciones» propias, subrayó el titular del Interior, Matteo Piantedosi, quien aseguró además que la normativa está «en línea con la sentencia del Tribunal de la UE».

El Gobierno espera que con este nuevo respaldo legislativo no haya más problemas con los magistrados, aunque no es seguro que lo logre. En primer lugar porque el procedimiento de expulsión acelerada, en el que se basa el proyecto de los centros de Albania, prevé que la última palabra la tenga siempre un juez. Quedan además las reticencias sobre la lista de los Estados seguros planteadas por la Corte europea de Luxemburgo, que son de obligado cumplimiento para los Veintisiete.

Nuevos traslados
Bien podía el Gobierno de Roma haber aprobado antes este decreto ley, de manera que tal vez se habría ahorrado el bochorno internacional que supuso que la Justicia tumbara su plan estrella para hacer frente a la inmigración irregular cuando sólo habían pasado dos días desde su arranque. No habrá que esperar mucho para saber si Meloni ha conseguido su objetivo con esta nueva normativa o se mantiene el pulso con los jueces, ya que está previsto que en los próximos días sean llevados más grupos de inmigrantes a los centros de Albania, que tras el traslado el sábado de los 12 primeros migrantes permanecen vacíos. El cuadro actual brinda más argumentos a las críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de haber gastado más de 800 millones de euros en esta iniciativa sólo con motivos propagandísticos.