El Gobierno ultra de Giorgia Meloni ha aprobado este lunes un decreto para establecer por ley la lista de “países seguros” de donde proceden los inmigrantes y blindar así sus controvertidos centros de reclusión en Albania. La estrategia consiste en blindar la lista de países seguros, es decir, de los que un inmigrante no tiene por qué escapar, con este tipo de decretos con fuerza de ley que se usan momentos de “necesidad o urgencia”, teniendo que ser revalidados por el Parlamento en el plazo de 60 días.

Meloni reacciona así a la decisión de la Justicia italiana de vaciar el centro de retención en Albania, donde permanecían 12 inmigrantes de Egipto y Bangladesh, y obligar a su traslado a Italia, lo que ha indignado al Ejecutivo.

“Esto convierte en una norma primaria (…) para ofrecer la aplicación de una ley de interpretación inequívoca, a nuestro juicio. Lo digo con gran respeto por la magistratura”, dijo en una rueda de prensa el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

En el centro de la cuestión está la apertura en las localidades albanesas de Shengjin y Gjader, al otro lado del mar Adriático, de dos instalaciones –acordadas con el primer ministro albanés, Edi Rama– para recluir a los inmigrantes que llegan a Italia y aligerar así la presión en sus red de acogida.

El pasado miércoles llegaron los 16 primeros inmigrantes –de Egipto y Bangladés– a bordo del buque militar ‘Libra’ pero 4 de ellos tuvieron que ser devueltos inmediatamente a Italia, dos porque eran menores y otros dos por considerarse “vulnerables”.

Sin embargo el viernes el Tribunal de Roma no convalidó la retención de los 12 inmigrantes restantes y ordenó su regreso a Italia, lo que ha provocado un fuerte encontronazo entre el Gobierno y los jueces.

La clave del debate está en la consideración de “países seguros”, pues el acuerdo con Albania establece que solo puedan ser enviados aquellos inmigrantes que procedan de estados de donde no haya raciones fundadas para escapar. 

Esto ha sido denunciado como una injerencia y una violación de la separación de poderes no solo por el partido de Meloni, los ultraderechistas Hermanos de Italia, sino también por sus dos socios de coalición, la Liga de Matteo Salvini y la Forza Italia de Antonio Tajani.

Por otro lado, el Gobierno de Meloni ha sido denunciado este lunes al Tribunal de Cuentas por el opositor Movimiento 5 Estrellas (M5S) por el gasto de “ingentes” fondos públicos en el envío de inmigrantes a sus polémicos centros en Albania.

El pasado viernes, los jueces del Tribunal de Roma no convalidaron la detención de las 12 personas retenidas desde el miércoles en los centros de identificación y repatriación de migrantes construidos por Italia en Albania.

Fue un primer gran varapalo judicial para el plan del Gobierno de Giorgia Meloni, justo mientras la Unión Europea se abre a replicar este modelo, con el aval de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

Las dos instalaciones quedaron abiertas la pasada semana tras cinco meses de retrasos y millones de euros en contratos sin licitación.

En la decisión del Tribunal pesó una reciente sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europa según la cual un país puede ser considerado seguro solo si realmente lo es en su totalidad. Y el concepto de “país seguro” es central en la actuación del protocolo operativo firmado por Italia y Albania hace un año para la apertura de los centros: allí solo deberían ser enviados hombres adultos procedentes de países considerados seguros.

La sentencia de la Corte de Justicia de la UE del pasado 4 de octubre eliminaba de facto de la lista a varios países, entre ellos Túnez, Egipto y Bangladés. Los 16 migrantes llevados en un primer momento a Albania —cuatro de ellos fueron devueltos a Italia pocas horas después de su desembarco en Albania, dos por ser menores y dos por ser considerados “vulnerables”— eran egipcios y bangladesíes.

“La negativa a validar las detenciones en las instalaciones albanesas equiparadas a las zonas fronterizas o de tránsito italianas se debe a la imposibilidad de reconocer como ‘países seguros’ a los Estados de origen de las personas detenidas, con la consecuencia de la inaplicabilidad del procedimiento de frontera y, como prevé el protocolo, del traslado fuera del territorio albanés de los migrantes, que tienen por tanto derecho a ser conducidos a Italia”, explicaba en un comunicado Luciana Sangiovanni, la presidenta de la sección 13 del Tribunal de Roma que ha decidido no avalar la detención de este primer grupo de migrantes en los centros. Es decir, que los migrantes tienen que ser trasladados a Italia.

Uno de los puntos clave del acuerdo entre Italia y Albania, como ha repetido en más de una ocasión el primer ministro albanés Edi Rama, era que, bajo ninguna circunstancia, los migrantes pudieran salir de los centros, considerados por Albania como enclaves de jurisdicción italiana.