El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comunicado a la empresa propietaria del aeropuerto de Ciudad Real de la apertura de actuaciones previas a la posible instrucción de un expediente sancionador en materia urbanística, ante la posibilidad de que se use como centro de acogida de migrantes.

En una carta remitida este viernes 18 de octubre por la Consejería de Fomento a la empresa Ciudad Real International Airport (CRIA), la Junta de Comunidades ha advertido de la “gravedad” de las consecuencias que tendría destinar las instalaciones del aeropuerto a un uso incompatible con el Proyecto de Singular Interés (PSI) como con el Plan Director del Aeropuerto (PDA), como podría ser utilizar las instalaciones como centro de acogida de migrantes, tal y como se baraja desde el Gobierno central.

Por ello, le ha indicado que en los próximos días, la Junta de Comunidades comunicará a la empresa día y hora para hacer inspección de sus instalaciones en el ejercicio de las competencias autonómicas y cita a la empresa en la Consejería de Fomento, en un plazo máximo de cinco días, para que “alegue lo que estime oportuno” y ponga en conocimiento de la Administración autonómica “cuantas actuaciones se hayan realizado” y que ha afirmado que ya ha demostrado el Ayuntamiento de Ciudad Real, así como la documentación oportuna que lo respalde.

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En tercer lugar, la Junta de Castilla-La Mancha se reserva el derecho de ejercitar la acción de restauración de la ordenación territorial y urbanística, y cuantas otras acciones pudieran derivarse.

En la misiva, la Administración autonómica ha detallado que la Junta de Comunidades tiene atribuidas las funciones de inspección e investigación en esta infraestructura y que, además, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha solicitado que las ejerza, por lo que defiende que es competente en este asunto.

Por otro lado, ha argumentado que el pretendido centro de acogida de migrantes, que se englobaría dentro de un uso dotacional sanitario-asistencial según la legislación urbanística vigente, no encaja en el uso dotacional descrito en el PSI, al no ser un equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades de los usuarios del aeropuerto.

Y ha añadido que, en concreto, el PDA aprobado por el Gobierno central, considera “expresamente incompatible” destinar el aeropuerto a centro de acogida de migrantes, ya que califica de “incompatibles los nuevos usos residenciales, dotacionales educativos y sanitarios” con el aeródromo.

En este sentido, la Junta de Comunidades ha desgranado en su misiva las consecuencias de destinar la infraestructura aeroportuaria a un uso incompatible y que se consideran infracciones, entre las que se encuentran desde una multa, la inhabilitación para ser urbanizador o desarrollar actividades con relevancia urbanística y hasta la expropiación de los terrenos, edificaciones, instalaciones o construcciones resultantes de la infracción.

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El Gobierno castellanomanchego también hace alusión en su carta el acuerdo de confidencialidad que habrían firmado la empresa y el Gobierno central y ha recordado que los acuerdos de confidencialidad “tienen su fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes, que no obedecen a la aplicación imperativa de las normas y que, en su caso, se restringen a las relaciones comerciales que las partes puedan tener entre ellas”.

Por ello, ha defendido que la “hipotética invocación de un acuerdo de confidencialidad, incluso con el Estado, no exime de poder estar incurriendo en una infracción más, la tercera sería, al resistirse a dar información relevante en el curso de una investigación, obstruyéndola, llevada a cabo por autoridad competente”.

Además, ha informado de que si finalmente se realiza alguna construcción u operación que suponga una infracción de la legalidad, se podría llegar a la demolición de las mismas, con costas para la empresa.