Dieciséis años de crisis encadenadas han dibujado un nuevo rostro de la pobreza en España. Tener un trabajo en un país con un razonable crecimiento económico y que crea empleo ya no significa escapar de la precariedad. En 2022, casi una de cada tres personas (el 29%) en riesgo de pobreza tenía trabajo, pero de tan baja calidad que resultaba insuficiente para salir de la escasez, según un informe publicado la semana pasada por Oxfam Intermón. Otro estudio difundido en junio por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social precisa que los empleados son el grupo más numeroso entre la población pobre, por encima de parados, jubilados y otros inactivos. Según este mismo análisis, el año pasado casi 2,5 millones de ciudadanos eran pobres pese a tener un empleo.

España padece un problema estructural de pobreza que no es más grave gracias al crecimiento económico de los últimos años y a las medidas de protección social desarrolladas durante la pandemia. Pero ese mismo carácter sistémico implica que la reducción de la desigualdad no puede resolverse solo con medidas de generación de empleo si estas no van acompañadas de otras —de carácter fiscal, por ejemplo— destinadas a la redistribución de la riqueza. Desde la crisis de 2008, la tasa de empleo entre la población que sufre necesidad aguda nunca ha bajado del 25%.

Los datos confirman además una doble desigualdad territorial: entre el norte y el sur de España y entre las zonas rurales y urbanas, lo que de nuevo alerta sobre el fiasco de los mecanismos de redistribución territorial y la disparidad del modelo productivo. Andalucía y Extremadura encabezan la tabla de la pobreza laboral, que cierran el País Vasco y Navarra.
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Con todo, el factor determinante del empobrecimiento es el país de nacimiento: mientras quienes nacieron en España registran una tasa del 9,8%, entre los extranjeros no comunitarios llega al 29,5%. Una vez más, los datos desmienten los bulos xenófobos. Miles de inmigrantes, especialmente los no nacidos en la UE, ocupan empleos en sectores esenciales, pero peor remunerados y con peores condiciones laborales.

Como en toda situación estructural, muchos elementos influyen en este problema, pero uno de los más destacados es hoy la carestía de la vivienda, convertida en uno de los grandes causantes de precariedad y desigualdad. Los hogares con pobreza laboral viven con mayor frecuencia de alquiler, cuyos precios se han disparado desde la década pasada, muy por encima de los salarios. A eso hay que sumar que se trata de sueldos golpeados además por una inflación que se ceba siempre con las familias más vulnerables. El progreso ya no es una línea ascendente. Revertir esa caída hace imperioso que los poderes públicos tomen medidas para que la pobreza, incluso con un trabajo, no siga convirtiéndose en España en algo crónico.