No es la primera vez que se plantea este asunto, pero pocas con una nitidez semejante. El informe ‘Análisis anual de riesgos’ elaborado por Frontex para el periodo 2024/2025, deja claro que «aumenta el peligro de que individuos vinculados al terrorismo se mezclen con los flujos migratorios, especialmente en un contexto de polarización social en Europa» y destaca que los grupos criminales organizados continúan adaptándose y explotando las vulnerabilidades en las fronteras para el tráfico de drogas, armas y personas.

En parecidos términos se pronuncia la tesis doctoral publicada por el Ministerio de Defensa, y citada en el informe del SUP, titulada ‘La financiación del terrorismo internacional y su incidencia en la seguridad y la defensa’ y elaborada por la comandante Inmaculada Antúnez, experta en yihadismo. En ese trabajo académico afirma que «los terroristas que se mueven en el Sahel y se financian con el tráfico de seres humanos, son bandas organizadas con un componente terrorista. Dejemos ya de maquillar lo que son los terroristas. Sus prácticas son propias del crimen organizado y de terroristas».

El reto de la inmigración, por tanto, no es sólo de integración de esos millones de personas, sino también de seguridad, como advierten los expertos. En España, por ejemplo, hemos visto cómo algunos de los retornados más peligrosos de Daesh detenidos en nuestro país llegaron a las costas de Almería en una embarcación de una mafia de tráfico de seres humanos que zarpó de Argelia.

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También hay preocupación social por la supuesta incidencia de la inmigración en la seguridad ciudadana, alentada de forma especial por partidos como Vox. Sobre este aspecto se pueden dar algunos datos. Por ejemplo, el aumento de la población extranjera en España no ha llevado aparejado un crecimiento de la tasa de criminalidad, que se mantiene estable en torno a las 41 o 41,5 infracciones penales por 1.000 habitantes.

Si se utiliza el parámetro de la población reclusa el panorama cambia, ya que un 31,6 por ciento de ella es extranjera, mientras que este porcentaje en el total de la población es de un 13,4 por ciento; es decir, menos de la mitad. Este dato, por sí solo, puede llevar a conclusiones equivocadas, y de hecho los expertos penitenciarios consultados por ABC explican que buena parte de esa cifra se debe a que muchos de los extranjeros que delinquen no tienen arraigo en España, por lo que los jueces los mantienen más tiempo en prisión preventiva para garantizar su presencia en el juicio. Y cuando hay condena por la misma razón tienen más dificultades para acceder a permisos, terceros grados y libertades condicionales.

Además, tanto entre los españoles como entre los extranjeros que delinquen el factor que más incide en su actividad es la marginalidad, por razones obvias mucho mayor entre los inmigrantes irregulares. No es, por tanto, que el inmigrante sea más propenso a delinquir o que venga a España a hacerlo, sino que en la mayoría de los casos es su exclusión social la que le lleva a hacerlo.