La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue una de las incontestables vencedoras de las últimas elecciones europeas frente a los sonoros fracasos del presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Este triunfo parece no ser tan solo flor de un día, ya que Meloni no sólo está consiguiendo imponer sus tesis en Italia sino exportar al resto del club comunitario su modelo político en un ámbito tan delicado como la gestión migratoria. La impresión generalizada es que muchos tabúes se están rompiendo y que el debate está sobrepasando límites antes insospechados.
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Este pasado martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen dirigió una carta a las cancillerías europeas en la apoya el modelo de Giorgia Meloni en Italia, que consiste en establecer centros de detención de migrantes en países terceros para evitar por todos los medios las llegadas de ilegales al club comunitario. Desde allí, se tramitarán las peticiones de asilo y las deportaciones de aquellos considerados ilegales poniendo un especial énfasis en esto último. El primer acuerdo ha sido con Albania, un país candidato a formar parte de la Unión Europea.
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Para que el debate no quede en saco roto, Von der Leyen ha encargado al futuro comisario de Asuntos Internos y Migración, el austriaco Magnus Brunner, que presente nuevas propuestas para incrementar las deportaciones de los inmigrantes ilegales que ahora suponen tan solo un 20% del total. La presidenta de la Comisión ha prometido que esta nueva iniciativa llegará pronto y todo indica que se convertirá en uno de los ejes de sus 100 primeros días de mandato. El modelo de Meloni se enfrenta a numerosos problemas tanto logísticos como legales. De hecho, el primer obstáculo ha llegado este mismo viernes después de que la justicia italiana invalidase la detención en Albania de los primeros migrantes al considerar que los países de origen de estas personas –Bangladesh y Egipto- no podían considerarse países seguros.

De momento, no hay reacciones oficiales en la capital comunitaria sobre este fallo, que ha sido una sorpresa relativa ya que en los pasillos de las instituciones europeas siempre se ha reconocido el difícil encaje legal con la normativa actual del modelo Meloni. Pero si antes esto descartaba de plano cualquier emulación, ahora el debate sigue abierto. El endurecimiento de las leyes para evitar las llegadas de inmigrantes ilegales ha ido in crescendo.

En la reforma del sistema de asilo acordada hace pocos meses y que todavía no ha entrado en vigor, los Veintisiete pactaron poner en marcha este tipo de centros en las inmediaciones de las fronteras europeas, como «salas de espera», según la expresión utilizaba por fuentes diplomáticas comunitarias. En ningún momento plantearon que las demandas de asilo pudieran tramitarse desde países fuera del club comunitario, a pesar de que entonces Reino Unido ya había aprobado una controvertida legislación para enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo que hubiesen entrado ilegalmente en el país.
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En los últimos meses hay varios hechos que explican este endurecimiento en la postura de la Comisión Europea más allá de las heridas de los comicios a la Eurocámara: el triunfo de la extrema derecha en las elecciones legislativas austriacas en el mes de septiembre; la decisión de Alemania de reintroducir controles fronterizos en el espacio sin fronteras Schegen después del ataque terrorista perpetrado en Solingen por un demandante de asilo que no fue deportado a Bulgaria ya que se le había perdido la pista o la petición de Países Bajos y de Hungría de quedar exentos de la legislación europea de asilo, a pesar de que requiere cambiar los tratados europeos.

La lista de países europeos que exigen mano dura contra la inmigración ilegal está aumentando. Un total de diecisiete países entre –entre ellos Francia, Alemania e Italia- habían pedido por carta antes de la cumbre que el Ejecutivo comunitario presentara una propuesta sobre los retornos de los inmigrantes ilegales, ya que consideran que el marco actual de 2008 está obsoleto y que la normativa negociada hace meses no es suficiente. Esta misiva solicita agilizar los procesos de devolución y sancionar a aquellos inmigrantes que no colaboren en el proceso.

Austria y Países Bajos han liderado la redacción de esta carta, después que en el mes de mayo quince países europeos-impulsados por Dinamarca- pidieran que la tramitación de las solicitudes de asilo se realizaran desde centros fuera de las fronteras europeas como modo de evitar las llegadas irregulares. A ese texto anterior no se unieron ni Francia ni Alemania. El canciller Olaf Schoz se ha mostrado en contra del plan Meloni, pero no por cuestiones morales sino logísticas. «Está claro que, cuando se miran las cifras representan algunas gotas ( en el océano), no son realmente una solución para un país tan grande como Alemania».

España se desmarca de la iniciativa de Meloni y considera que la premisa debe ser evitar las llegadas de migrantes irregulares. Por eso, apuesta por seguir firmando acuerdos con terceros países para que controlen en origen los flujos migratorios. Además, aboga por adelantar la legislación aprobada hace unos meses y cuya entrada en vigor estaba prevista en dos años.