El Gobierno italiano quiere aprobar el próximo lunes un decreto ley que entraría en vigor casi de inmediato para asegurarse una vía para seguir trasladando migrantes a Albania y sortear la justicia tras la sentencia en contra emitida el pasado viernes por un juez de un tribunal romano. Se trata del primer golpe contra su pacto para la externalización migratoria en centros de retención erigidos por las autoridades italianas en suelo albanés.

Según la prensa italiana, que citó fuentes del Gobierno, este planea aprobar el decreto ley en la reunión del Consejo de Ministros convocada para el próximo lunes (se había dicho que sería ayer sábado) tras la sentencia del tribunal de primera instancia.

Los doce migrantes que quedaban en el centro albanés de internamiento fueron devueltos ayer a Italia
El tribunal ordenó sacar de Albania y llevar a Italia a los 12 migrantes que seguían detenidos en el centro de internamiento, que ha quedado ahora vacío. Estos abordaron ayer por la mañana una embarcación de la Guardia Costera italiana en el puerto albanés de Shengjin para ser trasladados a la ciudad italiana de Bari, adonde llegaron a primera hora de la tarde. Otros cuatro llevados a Albania no llegaron nunca a ingresar, al tratarse de menores y personas vulnerables.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y otros miembros del Ejecutivo expresaron su oposición a la sentencia y alegaron que la justicia se interpuso en competencias del Gobierno.

El juez determinó que los países de origen de los migrantes retenidos, Bangladesh y Egipto, no pueden ser considerados seguros, lo que invalida su retención en Albania. El fallo se basa en una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en fecha muy reciente tomó en consideración una lista de 22 países y determinó que solo siete de ellos se pueden calificar de seguros; es decir, los migrantes llegados a Italia después de ser rescatados en el mar por buques italianos y llevados a Albania solo pueden ser deportados después si proceden de esos siete países. Entre ellos no se cuentan ni Egipto ni Bangladesh.

Pero la primera ministra, Giorgia Meloni, cree, y así lo afirmó, que la decisión sobre qué países de procedencia de los migrantes pueden ser designados como seguros o no es una atribución del Ejecutivo, ante lo que convocó para el lunes 21 un Consejo de Ministros para abordar la cuestión. Ante esto, y según medios italianos, el decreto que se planea aprobar entraría en vigor al día siguiente y pretende plantear “una solución” a las trabas puestas por el tribunal de Roma. De acuerdo con la agencia oficial de noticias italiana Ansa, el decreto ley cambiaría la norma con la que se designa el grado de seguridad de los países de origen de los migrantes que intentan llegar a Italia para asegurar que esto no pueda suponer una traba ante la justicia para su traslado a Albania en virtud del acuerdo de externalización que Roma aspira a mantener activo con Tirana.

Según Gianfranco Schiavone, presidente del Consorcio Italiano de Solidaridad, citado por el diario La Stampa , a los migrantes retornados a Italia les queda ahora “impugnar la decisión que rechaza la solicitud de asilo, de lo contrario, se convierte en un rechazo definitivo. No será fácil, entonces quedarán unos diez días para oponernos al Gobierno, que ha hecho todo lo posible para hacerlos desaparecer”.