La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page, ha iniciado ya las primeras actuaciones con vistas a abrir un expediente sancionador por infracciones graves y muy graves a la empresa propietaria del Aeropuerto de Ciudad Real (CRIA, SL) si persiste en llevar a cabo el proyecto, pactado a sus espaldas con el Ministerio de Migraciones y Seguridad Social, de transformar parte de sus instalaciones en un centro de acogida de inmigrantes.

Las infracciones graves y muy graves en materia urbanística pueden conllevar desde multa hasta inhabilitación para ser urbanizador o desarrollar actividades urbanísticas e incluso expropiación de los terrenos e instalaciones afectados.

La directora general de Planificación Territorial y Urbanismo dependiente de la Consejería de Fomento castellanomanchega ha remitido a la empresa dueña del aeropuerto un escrito en el que le anuncia el comienzo del procedimiento que podría concluir con el expediente de sanción. La decisión de emprender esta vía ha sido tomada después de que el Gobierno autonómico haya reclamado en vano tanto a CRIA, SL como al propio Ministerio que encabeza Elma Saiz toda la información relativa al proyecto. El silencio por parte de ambas instancias se justifica por parte de la empresa en que se trata de un acuerdo confidencial con la Administración.

La Consejería de Fomento, máxima autoridad urbanística de la región, recuerda a CRIA, SL que el aeropuerto del que es propietaria “se tramitó a través de un Proyecto de Singular Interés” con unas condiciones establecidas en un plan director que ahora serían incumplidas con la instalación del centro de acogida de inmigrantes.

La autoridad autonómica señala en este sentido que el Proyecto de Singular Interés determinaba la clasificación y calificación urbanística de los terrenos afectados conforme a los destinos previstos que, en este caso, eran los de una instalación aeroportuaria y no otros.

Infracciones “gravísimas”

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Señala que, de confirmarse los hechos atestiguados inicio de vallados y obras por el Ayuntamiento de Ciudad Real, se trataría de infracciones “gravísimas” que reclaman una “acuciante necesidad de esclarecimiento” por tratarse de una vulneración del ordenamiento jurídico de la Comunidad, por la repercusión mediática que está provocando y por la preocupación que esta generando en Ciudad Real y en el resto de municipios aledaños al aeropuerto. A ello añade la misiva, las “implicaciones” que la puesta en marcha de un centro de acogida de inmigrantes “puede producir en la Administración competente sobre el territorio afectado en materia de agua, educación, asistencia social, transporte y otros servicios básicos”.

El Proyecto de Singular Interés que permitió la construcción del aeropuerto señala como usos globales del mismo el industrial, los servicios, las vías de comunicación y el dotacional. Respecto de este último se precisa que es aquel que “permite la ubicación de actividades cuya finalidad sea prestar servicios y dotar del equipamiento necesario al aeropuerto para el desarrollo de las distintas actividades de los usuarios”. Por ello, advierte la Consejería de Fomento de Castilla- La Mancha, el centro de acogida de inmigrantes “no encaja en el uso dotacional descrito para el aeropuerto”. Bien al contrario, un centro de este tipo se englobaría en uno dotacional “sanitario- asistencial”.

Además, el Plan Director anejo a la construcción del aeropuerto consideraba “incompatibles” con dicha infraestructura “nuevos usos residenciales, dotacionales educativos y sanitarios”. Es por esto que la Comunidad Autónoma considera que el centro de acogida de inmigrantes en ningún caso sería compatible con el aeropuerto, algo a lo que, afirma la Consejería de Fomento, “estaría haciendo caso omiso” la empresa dueña de la instalación.

A fin de corroborar estas irregularidades “graves y muy graves” sancionables con multa, inhabilitación para ser urbanizador o incluso expropiación de terrenos, instalaciones o construcciones afectadas, la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha procederá a inspeccionar el aeropuerto y las obras que se están llevando a cabo en el mismo y abrirá trámite de audiencia a la empresa propietaria para que en un plazo de cinco días presente las alegaciones que considere oportunas y ponga en conocimiento de la Administración autonómica cuantas actuaciones esté realizando en la instalación aeroportuaria.