A mediados de 1990 cientos de miles de albaneses que escapaban de la dictadura comunista cruzaron el mar Adriático a bordo de barcazas en busca refugio en la vecina Italia. Casi tres décadas después, Albania que aspira a entrar en la Unión Europea, se ha convertido en el mejor aliado del país transalpino en la lucha contra la inmigración irregular.
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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homólogo albanés, el socialdemócrata Edi Rama, firmaron en 2023 un acuerdo de colaboración que permitirá a Italia utilizar durante los próximos cinco años dos zonas en Albania, una en el puerto de Shengjin y otra en en el de Gjader. En esta última, una antigua base militar utilizada por la CIA durante la Guerra Fría, el país transalpino ha construido un centro donde trasladar a los migrantes rescatados en aguas internacionales por naves italianas en espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo.
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Los primeros ocupantes llegaron este miércoles a bordo de un buque de la marina militar: dos días de navegación y más de 500 millas recorridas para transportar a 16 hombres procedentes de Egipto y Bangladesh desde Lampedusa. Nada más llegar, cuatro de ellos fueron devueltos a Italia al tratarse de menores de edad y estar en condiciones vulnerables, mientras que el resto llegará en las próximas horas después de que el Tribunal de Roma haya rechazado convalidar el procedimiento de repatriación sus solicitudes de asilo fueron denegadas en tiempo récord y ordenara su traslado a Italia.

El varapalo judicial a la medida estrella de Meloni para gestionar la inmigración irregular ha puesto en evidencia las lagunas no sólo judiciales del experimento, que comienzan desde que los migrantes son rescatados en el mar.

El Protocolo Albania-Italia contempla que sólo los hombres mayores de edad en buenas condiciones de salud y procedentes de países considerados seguros puedan ser trasladados al país balcánico. Esto deja fuera a casi el 80% de las personas que llegan a las costas italianas: mujeres, menores no acompañados, refugiados… La clasificación se lleva a cabo en medio del mar, en la nave de la Guardia Costera o la Finanza italiana que haya efectuado el rescate (los migrantes salvados por las ONG también quedan excluidos).
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Las personas que no cumplen los requisitos para ser acogidos en Italia son trasladadas hasta Gjader e internadas en la primera de las tres estructuras financiadas por Roma: un centro que es más bien un conjunto de contenedores grises con literas y capacidad para 880 personas donde podrán permanecer hasta 28 días porque el Gobierno de Meloni aprobó un decreto que agiliza el procedimiento. En el caso de los migrantes trasladados a Albania esta semana, todas las solicitudes fueron rechazadas en cuestión de horas, a pesar de que no está claro cómo fueron asistidos por abogados a distancia ni de qué manera los jueces verificaron la información aportada.

En caso de denegación, los migrantes podrán apelar y el juez tendrá otra semana para decidir. A partir de ese momento, quienes no tienen derecho de asilo son trasladados a un segundo centro con 144 plazas donde esperarán para ser repatriados. Si como para hacerlo se necesitan acuerdos bilaterales con los países de origen (que en la mayoría de los casos no existen), como en el juego de la oca se vuelve a la casilla de salida. Basta pensar que de los 150.000 migrantes que llegaron a Italia en 2023 sólo 4.753 fueron repatriados.

En cualquier caso, después de 18 meses, los migrantes que no han podido ser expulsados deben ser trasladados a Italia porque el acuerdo con Tirana incluye explícitamente que estas personas no podrán transitar fuera de las zonas ‘cedidas’ al país transalpino, a cambio de 94 millones de euros para sufragar la vigilancia exterior del centro. En total, la gestión del experimento de Meloni costará a las arcas italianas más de 650 millones de euros durante los cinco años que prevé el acuerdo.