Polémica Shengjin y Gjader: así son los dos polémicos centros migratorios donde Italia desvía los migrantes a Albania
Europa La Justicia italiana anula la deportación de los primeros 12 migrantes al centro de Albania
A las tres de la tarde de este sábado, los 12 migrantes devueltos a Italia desembarcaron finalmente en la ciudad de Bari acompañados por una embarcación de la Guardia Costera transalpina. La pasada noche durmieron en el centro migratorio de Gjader (Albania) y esta mañana zarparon, recogidos por los guardacostas italianos, de la localidad de Shengjin (Albania) rumbo al sur del país con forma de bota.

La docena de personas ocho bangladesíes y cuatro egipcios, por una decisión judicial del viernes del Tribunal de Roma, no podía seguir permaneciendo como deportadas en Albania porque proceden de países no seguros y por tanto tienen derecho a tramitar nuevamente su petición de protección internacional por la vía ordinaria alojándose, a partir de esta misma noche, en un centro de acogida para solicitantes de asilo de la capital de la región italiana de Apulia.

La Comisión Europea, mientras tanto, confirma estar al tanto de lo que está ocurriendo en el país y que está “en contacto con las autoridades italianas”. La oposición italiana está pidiendo, de hecho, que las instituciones europeas sancionen de alguna manera la acción del Ejecutivo italiano sobre la base de que no está respetando el Derecho comunitario y lo que dicta la Justicia europea.

Así pues: primera deportación, primera anulación. La decisión de la Justicia italiana implica un importante precedente jurídico para el plan migratorio en Albania del Gobierno italiano de Giorgia Meloni, porque se trata nada menos que de la primera deportación de migrantes desde Lampedusa a las costas balcánicas desde el arranque, esta misma semana, del nuevo acuerdo firmado entre Roma y Tirana. Según la actual estrategia migratoria del Ejecutivo transalpino, los migrantes con más probabilidades de obtener protección internacional desembarcan en Lampedusa; mientras que los que proceden, en teoría, de países supuestamente seguros van directamente a los centros de deportación de Albania para tener más garantías de ser expulsados por la vía rápida.

Giorgia Meloni, quien no ha recibido con agrado la decisión de la Justicia italiana, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este lunes donde podría aprobar un decreto de urgencia para confirmar la actual lista de países seguros del Ministerio de Exteriores italiano, para que Bangladesh, Túnez y Egipto se confirmen como tales. Aunque ello conlleve desatender por completo la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo. Y el ordenamiento jurídico supranacional es el que prevalece.

Lo cierto es que, así las cosas, Meloni no puede, políticamente, quedarse con los brazos cruzados y ver cómo su gran apuesta migratoria se viene abajo por cuestiones jurídicas, aunque fueran más que previsibles. Por eso, antes de comprobar que efectivamente la Justicia italiana está dispuesta a hacer lo mismo de este viernes, si fuera necesario, en cada caso concreto; la inquilina del Palacio Chigi quiere tomar las riendas de la situación para que el estreno del acuerdo con Albania no se desgaste justo recién empezado. Un Consejo de Ministros extraordinario y un posible decreto será la respuesta jurídica. Pero donde, también en ese caso, tendrá igualmente que ser jurídicamente conforme a lo sentenciado por el TJUE.

A nivel narrativo, sin embargo, Meloni y los suyos están convirtiendo el caso en una cuestión política y apuntan a la Justicia italiana como un obstáculo a su proyecto de contraste migratorio: “Es muy difícil trabajar con las instituciones a modo de oposición. Así es imposible defender las fronteras”, aseguró este viernes Giorgia Meloni, quien afirmó que “no es competencia de la Justicia definir cuáles son los países seguros”. El ministro de Interior, Matteo Piantedosi, asegura que el Gobierno empleará todos los métodos judiciales para recurrir la decisión del Tribunal de Roma “hasta el Tribunal Supremo”, si hiciera falta.

La oposición progresista, liderada por Elly Schlein, del Partido Democrático (PD) apela una violación del “derecho internacional” y una “vergüenza” para el país y pide a Giorgia Meloni que “desmonte” los centros migratorios en Albania y que pida “perdón” a los italianos. Y piden la dimisión del titular de Justicia, Carlo Nordio, por haber definido como “increíble” la decisión de los jueces italianos, pertenecientes precisamente a su ministerio. La oposición acusa al Ejecutivo de Meloni de “no soportar la separación de poderes”.

Concepto de país seguro
El quid de la cuestión en toda la estrategia migratoria de Giorgia Meloni en Albania reside, precisamente, en el concepto de país seguro. El Ejecutivo de la primera ministra considera como seguras naciones como Bangladesh, Túnez y Egipto; que precisamente suponen el 40 por ciento de los flujos migratorios del Mediterráneo Central. Desviarlos a Albania y acelerar su expulsión por la vía rápida, reduce las garantías legales de los solicitantes de asilo. A los 12 migrantes, de hecho, se les había denegado la protección internacional a las pocas horas de su ingreso en el centro migratorio albanés de Gjader.

La decisión de la sección inmigración del Tribunal de Roma de anular la permanencia de los 12 migrantes bangladesíes y egipcios, así pues, ha tenido lugar ante la “imposibilidad de reconocer como países seguros los Estados de procedencia” de las personas solicitantes de asilo y por tanto donde no es posible “aplicar el procedimiento de frontera” previsto por el Protocolo entre Italia y Albania. Siguiendo el propio acuerdo migratorio entre Roma y Tirana, las 12 personas devueltas no podrían seguir una vía ordinaria de petición de asilo en Albania, de modo que los migrantes “tienen derecho”, según el Tribunal de Roma, “a ser acompañadas a Italia”.

El Tribunal de Roma, así pues, no ha hecho más que aplicar la decisión del TJUE que a principios de este mes falló en contra de que Italia, el pasado mayo, ampliara su lista de países seguros, incluyendo así pues Bangladesh y Egipto, dado que Túnez ya pertenecía al listado del ministerio de Exteriores transalpino. La Justicia por tanto, al anular la deportación de los 12 migrantes para devolverlos a Italia, ha respetado el Derecho comunitario al acatar una sentencia europea. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo, así pues, confirma que no se puede considerar un país como seguro si no lo es para todos sus ciudadanos y en todo su territorio.

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Lo cierto es que incluso para el Gobierno italiano un país como Egipto, por ejemplo, no es completamente seguro para todos sus ciudadanos. Basta con consultar la ficha país acerca del país norteafricano publicada por el propio Ministerio de Exteriores transalpino, para conocer que la propia institución avisa del peligro que este territorio implica para los disidentes, para los opositores y aquellos que se manifiestan políticamente. Lo mismo ocurre con la comunidad LGTBIQ+ en Túnez y determinadas étnicas en Bangladesh. Lo que ha hecho el Gobierno de Meloni ha sido forzar la definición de territorio como Bangladesh, Túnez y Egipto como países seguros admitiendo que pueden no serlo en algunas partes de su territorio.

Pero la sentencia del TJUE tumba esta interpretación y la Justicia italiana ha sido acorde a su respeto del Derecho comunitario. Giorgia Meloni, así pues, aun conociendo las carencias legales de acuerdo con Albania ha querido arriesgarse igualmente con tal de defender su discurso migratorio. Lo cierto es que toda su apuesta política, para Italia y el resto de la Unión, dependerá de la definición de país seguro.