Este lunes comienza el juicio ante un jurado popular que sienta en el banquillo a Ubay A. A., acusado de haber acabado con la vida de Abdelkarim Arifi el 24 de diciembre en Vecindario, al que propinó martillazos en la cabeza y la espalda. En este procedimiento, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha pedido una pena de 15 años de prisión por un delito de homicidio. Por su parte, la acusación particular ejercida por el letrado Alfonso Dávila Santana entiende que los hechos merecen ser calificados como un asesinato y solicita una condena de 25 años de cárcel.

Este juicio, que se prolongará durante toda la semana, tendrá como presidenta a la magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Victoria Rosell, en el que será el primer juicio ante un Tribunal de Jurado después de su regreso a la judicatura.

Los hechos que han calificado las partes sucedieron la víspera del día de Navidad de 2021 y causaron una enorme conmoción en Vecindario puesto que se trató de una muerte violenta a plena luz del día al lado de unas canchas de fútbol donde había menores de edad. Según la fiscal Marisol Vidal, todo ocurrió entre las 18.00 y las 19.00 horas del referido 24 de diciembre de 2.021. En un momento dado, Abdelkarim Arifi un magrebí de 48 años que vivía en una casa okupa en la calle Castrillo pasó en compañía de otro individuo no identificado por las canchas de fútbol situadas en la calle Beñesmén de Vecindario.

En esa instalación deportiva había un grupo formado por ocho o 10 menores de edad que estaban peleándose entre sí.

En ese momento apareció en dichas canchas el encausado Ubay A. A. «portando un martillo de grandes dimensiones en la mano». Según el Ministerio Público, el acusado empezó a golpear «los cubos de basura» que había en la zona, al tiempo que gritaba a los menores «ir a por él», en referencia a Abdelkarim.

En ese momento, los menores y el encausado salieron «corriendo» por la calle Tijarafe tras Abdelkarim hasta que se encontraron finalmente en la calle Antonio Viana, a la altura del número 35.

En ese lugar, la víctima fue golpeada «por dos individuos no identificados», según la Fiscalía, momento en el cual Ubay A. A. actuó «con la intención de acabar con la vida» del inmigrante. Le golpeó fuertemente, al menos, en tres ocasiones con el martillo que portaba en la cabeza y otra en la espalda».

Herido de muerte, Abdelkarim «cayó entre dos vehículos que estaban estacionados en dicho lugar», si bien pudo levantarse e intentó huir, pero solo pudo recorrer «escasos metros» hasta llegar a la altura del número 8 de la calle Tejina, donde falleció.

Tras el crimen, Ubay A. A. se desplazó hasta su vivienda situada en la calle Banot de la misma localidad, donde «depositó el referido martillo en un cubo de obra de color negro que se encontraba en la puerta de su domicilio».

El escrito detalla que el acusado ya había sido condenado previamente en varias ocasiones a cinco años de cárcel por homicidio imprudente y lesiones, seis meses por quebrantamiento de condena, tres años y medio por tráfico de drogas y un año y nueve meses por falsedad y estafa.

Acusación particular
Por su parte, el letrado Alfonso Dávila que ejerce la acusación particular, calificó los hechos de asesinato ya que entiende «el acusado y la víctima no tuvieron una discusión previa, ni antes de ser golpeado con el martillo por tres veces hubo algún tipo de forcejeo entre ambos». «Es más», añade esta parte, «el ataque con el citado instrumento lo fue de forma súbita».

La acusación califica los hechos como un asesinato argumentando que la víctima «no pudo prever en ningún momento que iba a ser objeto de una agresión con un martillo consistente en tres golpes en la cabeza», por lo que el ataque fue «súbito e inesperado» sin que «en ningún momento el fallecido hubiera podido defenderse de tal grave acometimiento».

Esta «eliminación de posibilidades de defensa» se derivó de «la manera de realizarse la agresión», calificada por el letrado de sorpresiva «ya que la víctima fue atacada de forma rápida e inesperada, a lo que se une la particular situación en la que se encontraba por hallarse privado de aptitud para defenderse».

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La acusación interesa una condena de 25 años por asesinato y el pago de 100.000 euros a la madre del inmigrante en concepto de responsabilidad civil.