Las situaciones al límite requieren soluciones al límite. El no poder garantizar una atención adecuada a los casi 5.300 menores que tutela el Ejecutivo canario le ha llevado a plantear diversas ideas para solventar la situación.

La última, y que ha generado controversia, ha sido la de derivar a los niños y niñas que llegan al archipiélago a centros de acogida en sus países de origen. Este plan, sin embargo, ya fue activado en el pasado por otras regiones españolas y no funcionó.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó que, en cualquier caso, no se trata de repatriar a los chicos y chicas a sus países de origen, no se habla de «devoluciones en caliente», sino que «aplica» la ley de extranjería, que establece en su artículo 35.2 que «las comunidades pueden tener acuerdos con los países de origen para atenderlos».

El presidente remarcó que la tutela «seguirá siendo del Gobierno canario» cuando se derive a los menores al territorio «hasta que un juez determine cualquier otra cosa».

Este modelo, sin embargo, ya se intentó en el pasado en las comunidades de Madrid, Andalucía y Cataluña pero fracasó. Entonces Marruecos llegó a construir centros de menores en el territorio, pero los chicos nunca fueron derivados y los inmuebles se destinaron a otros usos, como explica la defensora de los derechos humanos y fundadora de la organización Caminando Fronteras, Helena Maleno.

Como apunta, uno de esos centros fue construido gracias al uso de fondos de cooperación al desarrollo y que se empleó para impartir formación profesional.

Maleno menciona al abogado Nacho de la Mata, fallecido en 2012 y que ganó el Premio de Derechos Humanos de Abogacía Española en 2009. Su trabajo estuvo centrado en la defensa de los derechos de la infancia migrante e impedir esas devoluciones.

A él se le debe una sentencia pionera del Tribunal Constitucional mediante la cual se detuvo la deportación de un menor de edad a su país de origen en 2008, cuando el joven ya estaba en el avión. Su trabajo hizo que, cuando se intente repatriar a un menor, este tenga derecho a la defensa y a ser escuchado, por lo que, si el menor no quiere irse, puede decidirlo. En 2019, fue el Partido Popular el que elevó en el Congreso de los Diputados un «plan de choque» en el que se pretendía agilizar la repatriación de los niños migrantes. También en aquella época el Ejecutivo socialista negoció con Marruecos la reagrupación familiar de menores, ya que con el país existe, desde 2007, un convenio para este fin, que entró en vigor en 2012.

Al inicio de este año, el Tribunal Supremo confirmó que la devolución de menores que se había hecho desde Ceuta en agosto de 2021 fue ilegal. En este caso, porque no se siguió el procedimiento que está previsto en la ley de Extranjería, el cual indica que se tiene que realizar un proceso individual donde se escuche al menor. En aquel momento llegaron, entre el 17 y 18 de mayo, cerca e 1.500 menores.

Estos niños y niñas huyen de sus países por determinados motivos, como explica la fundadora de Caminando Fronteras, «muchos son expulsados», y es una realidad que se mantiene, en concreto, en la ruta canaria y que continúa al alza. Por tanto, Maleno no entiende como el Gobierno canario se plantea poner esta medida sobre la mesa.