El clan desarticulado buscaba a personas con problemas de adicciones y graves limitaciones psíquicas. La mayoría no tenía familia o se había distanciado de ella, e incluso algunas de ellas se encontraban cercanas a la indigencia.

El cabecilla de la organización criminal, un hombre de etnia gitana, solía elegir a las víctimas y las amenazaba con un arma de fuego o golpeaba para someterlas, y su cónyuge era quien se encargaba de ingresar el dinero en varias cuentas bancarias.

La Guardia Civil de Llombai comenzó a investigar las extorsiones y amenazas en febrero de este año tras el desalojo de unas viviendas ocupadas de forma ilegal en la calle de la Pau en la localidad de Monserrat.

Medio centenar de agentes del instituto armado, con el apoyo de la Policía Local de esta población, desalojaron a una veintena de personas vulnerables. Algunas de ellas vivían en condiciones infrahumanas en los pisos okupados, y abandonaron de forma voluntaria las viviendas tras una negociación con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Uno de los desalojados declaró que una pareja le había robado el dinero de su pensión tras obligarle a firmar documentos, por lo que los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Llombai prestaron auxilio a la víctima y se hicieron cargo de las diligencias para identificar a los miembros del grupo criminal.

Liberación de las víctimas
La fase final de la operación tuvo lugar el pasado 7 de octubre, cuando la Guardia Civil detuvo a los tres presuntos miembros del grupo criminal tras una ardua investigación que ha durado ocho meses.

En el operativo participaron agentes de Seguridad Ciudadana y del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) con el apoyo de un perro del Servicio Cinológico. Los guardias civiles arrestaron a los tres componentes del grupo delictivo y realizaron tres registros en Torrent, en dos viviendas y un local comercial (un antiguo videoclub) utilizado como ‘narcopiso’, donde liberaron a ocho personas vulnerables que se encontraban retenidas en las «granjas humanas» del grupo criminal. La novena víctima fue auxiliada tras el desalojo de los pisos okupados en Montserrat.

Las víctimas requirieron atención sanitaria y fueron trasladadas a las dependencias de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrent, donde recibieron una primera asistencia. Durante el registro de la planta baja y la vivienda, los agentes de la Guardia Civil se incautaron de numerosa documentación relacionada con las víctimas. También encontraron un arma de fuego corta que habría utilizado el cabecilla de la banda para extorsionar a las víctimas, presuntamente, y retenerlas en contra de su voluntad en los pisos okupados.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent, que abrió una causa contra los tres detenidos por los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.