El Ejecutivo convocará «en próximos días» a las comunidades autónomas para abordar el polémico traslado de inmigrantes indocumentados desde Canarias a la Península. La primera reunión del Consejo de Ministros tras las vacaciones de agosto dedicó buena parte de su tiempo a analizar la última crisis migratoria y las quejas del PP por un reparto que, según denuncian, se ha centrado en sus autonomías, por lo que se acordó abrir una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y dar vía libre a las comparecencias en el Congreso de los ministros de Trabajo, Jesús Caldera, y de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que los criterios de distribución atienden exclusivamente al número de plazas disponibles en cada autonomía y nada tienen que ver con el color del partido que las rige. Aún así, el Ejecutivo atenderá la petición realizada esta misma semana por la Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia y convocará una reunión de la Comisión Mixta de Traslados.

A esta cita, para la que aún no hay fecha, se sumará la ya anunciada por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, para reclamar a las distintas autonomías su solidaridad con Canarias y descargar de adolescentes sin documentación los centros de atención a menores del archipiélago, hoy abarrotados con 700 chicos cuando su capacidad, de acuerdo con los datos difundidos por el Ejecutivo canario, es de 250.

Expectativas

Las conversaciones, en este caso, se mantendrán en el seno del Consejo Superior de Política de Inmigración, en el que participan todos los consejeros autonómicos del área. Fernández de la Vega recordó que el Ejecutivo no puede «obligar» a nada, dado que la tutela y custodia de los menores es una competencia exclusiva de las comunidades. Sin embargo, aseguró que existe receptividad.

Fernández de la Vega trató de evitar la polémica con el PP y, en un primer momento, se limitó a hacer un llamamiento para el trabajo conjunto. «Espero que todos – dijo – más allá del color político, tengamos un comportamiento razonable y a la altura del desafío». No obstante, tras las preguntas de los periodistas, negó que las comunidades gobernadas por el primer partido de la oposición sean las más solidarias.

La consejera de Inmigración de la de Madrid, Lucía Figar, aseguró esta semana que en lo que va de año la comunidad ha recibido 6.500 inmigrantes, pero la vicepresidenta aseveró que hasta agosto el Gobierno autonómico no había ofrecido ni una sola plaza de su Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). En agosto ofertó 100. Punto y aparte, según señaló, son los centros de acogidas de las ONG, que han recibido alrededor de 2.900.

Financiación estatal

Pese a todo, en lo que se refiere al problema de los menores, se mostró optimista. La Administración central está dispuesta a financiar los traslados hasta la Península y a «establecer el régimen de ayudas necesario» para que este colectivo, el más vulnerable, reciba la atención y la formación precisas. Así lo afirmó la número dos del Gobierno, que también recordó que se sigue hablando con Marruecos para proceder a la repatriación de menores – una medida muy criticada por diversas organizaciones no gubernamentales – siempre «bajo el principio de tutela y protección». «Creo que este será un buen precedente y un modelo a seguir con otros países», apuntó.

Entre las decisiones adoptadas ayer por el Consejo de Ministros está también la de llevar a cabo un plan de inversiones en los CIE para atender a los ‘sin papeles’ en tanto se llevan a cabo los procedimientos de expulsión. Un intento en muchos casos inviable por la falta de acuerdos de repatriación con países como Senegal, Gambia, Mali, Guinea Conakry o Camerún, de donde proceden la mayor parte de los más de 17.000 clandestinos que llegados a Canarias desde el Golfo de África en lo que va de año. «Trabajamos sin descanso para frenar la salida en origen y para que quienes entran en España de manera irregular salgan tarde o temprano; pero los españoles saben que no es una tarea fácil», insistió.

El pasado lunes, Rubalcaba viajó a Senegal para firmar un acuerdo similar al existente con Mauritania para la vigilancia conjunta de sus costas. Fernández de la Vega aseguró que lo mismo se hará con otros países. Los datos del Gobierno señalan que a raíz de gestiones llevadas a cabo a lo largo de este año con el reino de Marruecos y su vecino atlántico, la «presión» se ha ido trasladando hacia el sur, de ahí que ahora se plantee el envío de patrulleras o el control europeo a través de la Agencia Frontex, de los nuevos focos de la inmigración.

De este modo, Fernández de la Vega hizo también alusión en su comparecencia tras el Consejo de Ministros a las patrullas conjuntas con Marruecos y Mauritania y al comienzo de un trabajo con junto con Senegal, en los próximos días, tras la firma el jueves de un convenio entre ambos países. Tras calificar de «fundamentales» las relaciones bilaterales con los países de origen, destacó la experiencia «muy importante» de la cooperación con Marruecos, con el que están funcionando «muy bien» los acuerdos y se mantiene una «espléndida y fluida» relación, y también con Mauritania, según destacó.

La vicepresidenta primera anunció también su intención de «compartir» el problema y las soluciones de este fenómeno con las distintas formaciones políticas. De hecho, anunció que al comienzo del nuevo curso convocará una reunión con los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Algo similar había sido solicitado ya por el representante de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida.

Comparecencias

Además, el Gobierno decidió ayer que comparezcan en el Congreso el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y el del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para explicar las tareas llevadas a cabo por sus respectivos departamentos. Ambas intervenciones iban a ser debatidas en la Diputación Permanente del Congreso convocada para este lunes a petición del primer partido de la oposición; pero el Ejecutivo se ha adelantado. De hecho, Caldera formalizó ayer la petición de manera formal en el Registro del Congreso mientras que está previsto que Pérez Rubalcaba lo haga el próximo lunes.