El año pasado entraron irregularmente en la Unión Europea 380.200 personas, según datos oficiales de la agencia europea Frontex. ¿Es mucho? ¿Es poco? Globalmente no parece una enormidad: representa apenas el 0,08% de la población de la UE, de 448 millones de habitantes. A priori, debería poder gestionarse con cierta facilidad, si no fuera porque los intereses egoístas de cada país prevalecen.

¿Quiénes son los que llaman a las puertas de Europa intempestivamente? ¿Por dónde llegan? Las cifras de 2023 muestran que el colectivo más importante –más de 100.000, el 28%- era el de los sirios, procedentes pues de un país en guerra o de los campos de refugiados de los países del entorno (pese al freno que pone Turquía). La mayoría llegaron cruzando el mar: 157.400 por el Mediterráneo Central (Italia), 60.000 por el Mediterráneo Oriental (Grecia), 40.400 por la ruta de África Occidental (Canarias) y 16.900 por el Mediterráneo Occidental (España peninsular). De las rutas terrestres destacan los Balcanes Occidentales (99.000) y los países del Este (5.600)

Las dificultades empiezan aquí, en el momento de la llegada. La entrada masiva de inmigrantes irregulares desborda a las regiones fronterizas, que reclaman la solidaridad del resto de la UE y no obtienen ni la europea ni la del propio país (como en España las islas Canarias). El otro gran problema viene después: la concentración de la población inmigrante en determinadas zonas del territorio tensa las costuras sociales y dificulta –si no coarta absolutamente- su integración. Francia y los conflictivos barrios de los suburbios urbanos (banlieues) es un sangrante ejemplo de lo que evitar.

Las llegadas a Italia han bajado en los primeros ocho meses de este año un 64%, pero han subido un 123% en Canarias
Europa puede intentar frenar la inmigración irregular, reducir la presión. Pero no podrá terminar con el ansia de miles de personas por alcanzar el Eldorado europeo ni convertir la UE en una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, los dirigentes europeos hacen como si fuera posible. Y en lugar de centrar sus esfuerzos en lo que a la postre es lo más importante –la integración de los recién llegados-, ponen el énfasis en una quimera.

Víctimas de un espejismo, unos y otros han convertido a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, líder del posfascista Hermanos de Italia, en un referente de la lucha contra la inmigración irregular. ¿Su mérito? Una reducción drástica de las llegadas por el Mediterráneo Central: según datos recientes de Frontex, en los primeros ocho meses de 2024 las entradas por la vía italiana –que sigue siendo la más importante- alcanzaron la cifra de 41.200, lo que representó una caída del 64%. ¡Bravo! Solo que, como quien aprieta un globo, hacer presión sobre un lado desplaza el problema hacia otro. Así, en este mismo periodo, las llegadas a Canarias se dispararon un 123% (hasta 25.000)

Los expertos atribuyen la sustancial rebaja de entradas por Italia a los acuerdos alcanzados con los países de donde parten las pateras –Túnez, Libia y Turquía- para obstaculizar las salidas y no tanto al proyecto estrella de Meloni de deslocalizar la gestión de las solicitudes de asilo a centros de internamiento en países terceros, en este caso Albania. Esta semana, el gobierno de Meloni ha estrenado el sistema, con la llegada al puerto albanés de Shëngjin de 16 inmigrantes procedentes de la isla de Lampedusa. Teniendo en cuenta las cifras expuestas hasta ahora, pensar que un centro con capacidad para un millar de solicitantes de asilo o pendientes de expulsión pueda cambiar significativamente las cosas parece aventurado. A no ser que el planteamiento sea infestar el mundo de campos de concentración y deportación.

Horizontal
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni (derecha), tras firmar el acuerdo con su homólogo albanés, Edi Rama, para la creación de centros de internamientos de inmigrantes en Albania Roberto Monaldo / Ap-LaPresse
La iniciativa es controvertida, en la medida en que podría vulnerar los derechos de los demandantes de asilo y las leyes europeas. Y algunos de los países pioneros en este terreno, como el Reino Unido –que acordó deportaciones a Ruanda-, la han abandonado. Pese a ello, esta idea ha salido de los círculos de la extrema derecha y ha seducido a algunos sectores de la derecha tradicional. Hasta tal punto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió el lunes a los 27 una carta proponiendo explorar esta solución dentro de lo que calificó, de forma pudorosa, como iniciativas “innovadoras”. La cumbre de la UE prefirió anoche llamarlas “nuevas vías”.

No todos los líderes europeos comulgan con esta propuesta, que de todos modos solo se acordó estudiar. Pero tampoco tuvieron ganas –o fuerza- para rechazarla. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es uno de los más beligerantes en contra de la medida, pero tiene pocos aliados. Al canciller alemán, Olaf Scholz, de la misma familia socialdemócrata, tampoco le entusiasma la idea, además de verla inútil (los centros externalizados “no son la verdadera solución”, declaró, tras calificarlos de “pequeñas gotas”). Pero tras haber restablecido de forma unilateral el control de las fronteras interiores, presionado por el avance de la ultraderecha, no está Scholz para muchas batallas. Con Francia, cuyo nuevo gobierno se ha escorado a la derecha (su ministro del Interior, Bruno Retailleau, tiene planteamientos gratos a Marine Le Pen), tampoco se puede contar.

Envalentonada, Meloni convocó ayer una minicumbre paralela en Bruselas –previa a la oficial- con los países más afines para preparar el terreno. Y, de paso, mostrar su fuerza. A la cita acudieron los líderes de Austria, Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Malta, Países Bajos y Polonia, además de la mismísima Von der Leyen. Demasiadas voces para no decantar el resultado del Consejo Europeo.

En el Eurobarómetro de este octubre, sobre las preocupaciones y motivos del voto de los europeos, aparecía como principal problema la inflación y el coste de la vida (42%), seguido de la situación económica (41%), la situación internacional (34%) y la democracia y el imperio de la ley (32%). La inmigración aparecía en quinto lugar, con un 28%, empatada con el cambio climático y la defensa y seguridad. Claro que si los políticos de todos los colores siguen con su letanía, los ciudadanos acabarán convencidos de que los extranjeros son el principal problema de sus vidas.

Memoria del telón de acero. La herida que produjo la división de Europa por el telón de acero entre el bloque comunista y el bloque occidental, simbolizada por el Muro de Berlín (1961-1989), todavía sangra. Un tribunal de la capital alemana condenó el lunes a diez años de cárcel a un exagente de la Stasi, la policía política de la antigua RDA, Martin Naumann, ya octogenario, por haber matado en 1974 a sangre fría y por la espalda al ciudadano polaco Czeslaw Kukuczka cuando se disponía a cruzar el paso fronterizo de Friedrichstrasse entre Berlín Este y Berlín Oeste. Como Kukuczka, al menos 140 personas murieron tratando de atravesar la frontera entre las dos Alemanias.
Boris, según Boris. El ex primer ministro británico Boris Johnson ha publicado un libro de memorias, bajo título Unleashed (desatado), en el que repasa sus quince años en la vida política como alcalde de Londres, ministro de Exteriores y jefe de Gobierno y aprovecha para no dejar títere con cabeza. Al presidente francés, Emmanuel Macron, le acusa de haber azuzado las pateras en el Canal de la Mancha en venganza por el Brexit y asegura haber pensado en lanzar una intervención con comandos en los Países Bajos en 2020 para hacerse con vacunas de la covid. Como en su época de corresponsal de The Daily Telegraph en Bruselas, le creerá quien querrá.
Bruselas dirimirá sobre el fútbol. Las 33 ligas de fútbol europeas incluida la española y la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro) han presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra la FIFA por “abusar de su posición dominante en el fútbol comunitario” a la hora de fijar los calendarios de las distintas competiciones. Detrás de esta demanda está la queja de los clubes y los futbolistas por la saturación del calendario de competiciones, que puede llevar a algunos jugadores a tener que disputar 75 partidos esta temporada. Los criterios de la FIFA, según los denunciantes, “infringen la legislación de la Unión Europea”.