El titular de este artículo fue expresado en el año 2020 por Philip Alston, el entonces relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos. Y continuaba afirmando que “los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla”. No es mala reflexión para este 17 de octubre, en el que se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Si nos circunscribimos a las declaraciones institucionales, la decisión política parecería estar ya tomada. Así, la Agenda 2030 de la ONU afirma que el mayor desafío del mundo actual es precisamente la desaparición de la pobreza, ya que no es posible el desarrollo sostenible sin lograrla. En el caso de la Comunidad Foral, el Pacto contra la Pobreza y la Desigualdad del año 2019 trató de adaptar a nuestro territorio los compromisos de la Agenda 2030. Por ejemplo, el reto de reducir a la mitad el porcentaje de personas en situación de pobreza, o el compromiso de erradicación de la pobreza extrema.

Sin embargo, y como todos y todas sabemos, una cosa son las declaraciones y, otra, las realidades. Y si analizamos las segundas, podremos observar que los porcentajes de pobreza no indican una reducción de la misma en Nafarroa, sino más bien su estancamiento. Utilizando la frase que titula este artículo, podríamos afirmar que la decisión política se ha encaminado hacia la contención y el alivio de las situaciones de pobreza (lo cual no está nada mal, y además es imprescindible), pero no hacia la reducción ni mucho menos hacia la erradicación de la misma.

¿Qué está condicionando y qué puede seguir condicionando aún más en el futuro, que la decisión política realmente esté alineada con los enunciados institucionales de erradicación de la pobreza? Trataré de sintetizarlo utilizando para ello la figura de los nubarrones que se nos avecinan, o en los que ya estamos en parte sumergidos y sumergidas.

El primer nubarrón es el de las políticas de austeridad. Después del breve y ligero impasse de la pandemia, de nuevo comienzan a escucharse con fuerza los mantras neoliberales de la contención del gasto, de la estigmatización de la intervención pública en la economía, de la petición de reducción de impuestos, etc. En ese contexto, la posibilidad de introducir transformaciones de calado en las políticas fiscales se complica. Y no lo olvidemos: la capacidad pública de ingreso y gasto es clave para garantizar dos de las herramientas fundamentales en la lucha contra la pobreza: la garantía de ingresos económicos en la población y la disponibilidad de servicios públicos de calidad.

El segundo nubarrón es el de los discursos aporófobos o de odio a las personas pobres. En estrecha complementariedad con el racismo y la xenofobia, estos discursos son avivados activamente por las derechas políticas y mediáticas. Se trata de discursos que condicionan las políticas de inclusión social, ya que generan barreras para la convivencia comunitaria, para el acceso a la vivienda o para la incorporación laboral.

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¿Cuáles deben ser los ejes sobre los que se debe construir una decisión política orientada hacia la erradicación de la pobreza? Además del afrontamiento de los nubarrones mencionados, y sin olvidar que la lucha contra la pobreza y la exclusión social debe ser multidimensional e intersectorial, me centraré en dos ejes prioritarios.

El primero es el de los derechos de la infancia. Como señala Olivier De Schutter, actual relator especial de la ONU, sobre pobreza extrema y derechos humanos, a la población infantil en situación de pobreza o exclusión social “se le impone una cadena perpetua por un delito que no ha cometido”. En el caso de la educación, este efecto es muy claro. Las investigaciones disponibles indican que la pobreza y la exclusión social de las y los progenitores es uno de los factores de riesgo más potentes para explicar el abandono escolar y el bajo nivel de estudios de sus hijos e hijas. Bajo nivel de estudios que posteriormente condicionará su inserción laboral y que podrá provocarles pobreza en el futuro. Por todo ello, la ruptura de este ciclo perverso debe ser política y socialmente prioritaria, garantizando los apoyos económicos y de todo tipo a los hogares pobres en los que haya menores, e interviniendo socioeducativamente en el ámbito escolar con el alumnado socialmente vulnerable.

El segundo eje es el de la vivienda, que se constituye en uno de los factores de exclusión más potentes. Cuando la vivienda es concebida únicamente como negocio, ni la garantía de ingresos económicos ni el empleo pueden compensar su capacidad exclusógena. Y no me refiero únicamente a las situaciones más visibles y dramáticas, como las personas sin techo, que únicamente son la punta del iceberg. Me refiero también a las personas que tienen vivienda, pero insegura (por ejemplo, bajo amenaza de desahucio), o a las que tienen vivienda, pero inadecuada (por ejemplo, por hacinamiento extremo), o a las que residen en un alojamiento que es temporal (facilitado por la administración pública o por una asociación), pero que posteriormente no tienen una alternativa residencial clara. Las decisiones públicas son urgentes y deben ser múltiples, desde la limitación de los precios del alquiler, hasta el fortalecimiento de una red pública de viviendas de emergencia, pasando por el refuerzo de un parque de viviendas públicas asequibles.

Con todos estos retos, en EH Bildu seguimos comprometidas desde todos los espacios institucionales y sociales en los que participamos. Esa es nuestra decisión política.

El autor es parlamentario foral de EH Bildu Nafarroa